Tras 21 días de tensión: la Universidad de Costa Rica recuperó la Rectoría luego de negociar 69 demandas con estudiantes

Después de tres semanas de protestas, desgaste institucional y negociaciones nocturnas, la Universidad de Costa Rica (UCR) logró recuperar el edificio de Rectoría que permanecía tomado por estudiantes desde el pasado 22 de abril.

La ocupación del edificio administrativo B, donde funcionan la Rectoría y el Consejo Universitario, se extendió durante 21 días y se convirtió en uno de los conflictos universitarios más tensos de los últimos años en Costa Rica. La protesta estalló tras el fracaso de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y derivó en fuertes cuestionamientos hacia las autoridades universitarias.

La UCR confirmó este 13 de mayo la conclusión “exitosa” del proceso de negociación entre la comisión designada por Rectoría y el grupo de estudiantes que mantenía la toma del inmueble. Según informó la universidad, las conversaciones se desarrollaron a lo largo de cinco extensas sesiones de trabajo, cuatro de ellas en horario nocturno y una durante el fin de semana, incluyendo jornadas de hasta seis horas continuas.

“El proceso se desarrolló en un marco de respeto, cordialidad y apertura al diálogo”, indicó la institución mediante un comunicado oficial.

La protesta estudiantil inició en medio de la creciente tensión por el FEES, luego de que el Gobierno y las universidades públicas no lograran alcanzar un acuerdo sobre el financiamiento para el 2027. La propuesta del Ejecutivo de otorgar un aumento del 0% al presupuesto universitario detonó una ola de críticas dentro del movimiento estudiantil y sectores académicos.

Sin embargo, la molestia no solo se dirigió hacia Casa Presidencial. Los estudiantes también acusaron a la administración del rector Carlos Araya de actuar con tibieza en la defensa de la educación superior pública y de no asumir una posición suficientemente firme frente al Gobierno.

Daños en infraestructura y paralización administrativa

La toma del edificio administrativo B provocó afectaciones visibles en la infraestructura universitaria. Autoridades universitarias reportaron puertas de vidrio quebradas, paredes rayadas y accesos bloqueados tras el ingreso de los manifestantes al inmueble. Además, el personal administrativo tuvo que ser evacuado mientras las instalaciones permanecieron bajo control estudiantil.

La ocupación también afectó el funcionamiento ordinario de varias dependencias universitarias, incluyendo oficinas administrativas y sesiones ligadas al Consejo Universitario.

En los primeros días del conflicto, estudiantes denunciaron cortes de agua y electricidad dentro del edificio, además de la activación de alarmas de alta intensidad sonora. Mientras tanto, desde Rectoría insistían en mantener abiertos los canales de negociación para evitar una escalada mayor de la crisis.

69 solicitudes y una mesa de negociación

De acuerdo con la UCR, durante el proceso de diálogo fueron atendidas las 69 solicitudes planteadas por el grupo estudiantil y se alcanzaron acuerdos en todos los puntos discutidos.

Entre los principales compromisos destaca el impulso de una campaña activa en defensa del FEES y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre las autoridades universitarias y el movimiento estudiantil.

La comisión negociadora designada por el rector Carlos Araya estuvo integrada por la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; la representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario, Esperanza Tasies Castro; el decano de la Facultad de Artes, José Antonio Blanco Villalobos; y el director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Javier Tapia Balladares.

Durante las semanas de ocupación también surgieron voces que solicitaban la intervención de la Fuerza Pública para recuperar las instalaciones. Sin embargo, distintos sectores universitarios rechazaron esa posibilidad al considerar que podría representar una violación a la autonomía universitaria.

Un conflicto que deja heridas políticas

Aunque el edificio ya fue recuperado, el episodio deja expuesta una profunda fractura interna dentro de la universidad. La protesta evidenció el descontento de una parte importante del movimiento estudiantil con la conducción política de las autoridades universitarias y con la forma en que se enfrentó la negociación presupuestaria con el Gobierno.

El conflicto también reabrió el debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas y la creciente presión política alrededor del FEES.

Ahora, la discusión continuará en escenarios políticos y legislativos, donde se definirá el futuro del presupuesto universitario para el próximo año, mientras la UCR intenta reconstruir la relación con un movimiento estudiantil que durante 21 días convirtió la Rectoría en el epicentro de una crisis institucional.