Quizás no quedaba otra respuesta que encogerse de brazos y ver a la turba arrasar.
El 16 de diciembre pasado, la central de la UTA, la Unión de Tranviarios Automotor dirigida por Roberto Fernández, fue literalmente tomada por asalto cuando decenas de hombres en camisas de colectivero supuestamente vinculados a una facción disidente del sindicato irrumpieron en cuatro pisos del edificio de la calle Moreno en el barrio de Balvanera para robar y destruir lo que estuviera a su paso. 15 personas resultaron heridas mientras la cúpula del gremio escapaba por los techos y Fernández, atrincherado en su despacho, aseguraba estar dispuesto a matar “a fierrazos" a quien se le acercara mientras señalaba a la empresa de colectivos DOTA como la responsable del caos.
“Este grupo de DOTA me tomó el gremio. Lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. Pasaron por arriba de la policía... A lo mejor son las últimas palabras que te digo”, decía el jefe del sindicato a Radio La Red, como sintiendo el final. En la vereda, los atacantes daban vuelta un auto entre documentos del sindicato esparcidos por la calle. Casi 50 líneas de colectivos habían parado ese día. Fernández se oponía. Seguía hablando de DOTA, una de las principales empresas interurbanas, como la cabeza del problema. Otros apuntaban, sin decirlo, a Hugo Moyano. Al jefe de Camioneros no le gustó el reproche. “Si yo fuera Fernández ya me hubiera ido”, dijo al día siguiente Moyano, tras encontrarse en una reunión en SMATA con el presidente Alberto Fernández.
Habían roto servidores de cámaras, robado los electrodomésticos del sorteo de fin de año, se robaron los árboles de Navidad y hasta los adornos de los pasillos, golpearon, supuestamente, a empleadas de limpieza.
El día de la toma, el jefe del sindicato salió de su despacho diez horas después. Los colectivos de DOTA, eventualmente, volvieron a circular, después de 48 horas de casi 50 líneas frenadas.
La causa por robo y lesiones y daños recayó en manos de la jueza Vanesa Peluffo del Juzgado Nº63 y la fiscal Estela Andrades, que resolvió el crimen del diputado Héctor Olivares ocurrido en mayo de 2019. Fernández, con los abogados Silvio Piorno y Ana Palmucci, del estudio Iezzi & Varone, se presentó como querellante por los hechos que “pusieron en riesgo mi vida, salud e integridad física”, aseguró el sindicalista en su documento de presentación, en donde afirmó que entraron a su despacho y le robaron desde la notebook hasta los portaretratos.
Poco después, la querella propuso testigos, tres empleadas de la UTA que estaban en el día del ataque y que sufrieron diversas heridas, afirmaban que podían reconocer a sus agresores. Una de ellas aseguró haber si quemada con cigarrillos. Poco después, Fernández subió el termostato de la causa. Aseguró que “personas allegadas al gremio” le marcaron la casa de un delegado de la línea 271 de DOTA en donde se guardarían electrodomésticos robados en la sede de Balvanera. Los abogados de la querella, en otro escrito, fueron por más, pidieron que se allanen las cabeceras de las líneas 99 en Liniers, la de la 80 en Villa Celina, sumó una foto donde se veía a dos hombres robando una cocina y cargándola a un auto con una patente visible.
Peluffo aceptó allanar. Los pedidos que firmó la jueza Peluffo y que libró a la división Robos y Hurtos de la Policía incluyeron una lista insólita de cosas a recuperar, que no se entiende de qué manera pueden haber sido robadas en un saqueo: 77 de televisores de más de 30 pulgadas, cuatro heladeras con freezer, cuatro lavarropas y 18 cocinas, equipos de audio, bicicletas.
También había un busto de Evita.
Ese busto de Evita, coinciden tres fuentes cercanas al expediente en diálogo con Infobae, fue encontrado por la Policía de la Ciudad, en una dependencia de DOTA, una suerte de halcón maltés del sindicalismo argentino.
Mientras tanto, el Juzgado Nº63 avanza con pedidos a diferentes canales de televisión para que entreguen las filmaciones de los disturbios del 16 de diciembre: el foco son los vehículos alrededor de la zona, Fernández aseguró en declaraciones radiales que la empresa había aportado transportes para llevar a los violentos.
El avance en el expediente en el que querella Fernández con sus abogados implica un cambio de rumbo: el conflicto ahora UTA-DOTA se dirime en la Justicia penal, y no solo en el barro sindical y político. ¿Hay directivos o personal de la empresa de colectivos imputadas? Por lo pronto, “no hay ninguno”, asegura una fuente con acceso a la investigación. La causa permanece en secreto de sumario.
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