El insólito caso del estafador que inventó que sus familiares eran docentes y le robó al Gobierno bonaerense más de $6.000.000 en sueldos

— Hola, te quería avisar que no va a haber más pagos. Se suspendió todo.

— Hola, ¿en serio?.

— Sí, echaron al que cargaba las cosas.

— Uh bueno… Y no pasa nada raro, ¿no? O sea, nuestros datos, a eso me refiero.

— No, no pasa nada. Yo me encargo.

— Bueno, eso me deja tranquila entonces.

El diálogo se extrajo desde un teléfono secuestrado. Quien habla primero es el líder de la organización, Alberto Martín Acevedo (34). Del otro lado responde una de las beneficiarias. El hombre sabía de la investigación interna que había empezado en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia, donde trabajaba, por lo que avisó que la maniobra fraudulenta que llevaban adelante quedaba trunca. Nadie cobró los últimos sueldos depositados.

En el circuito participaban, además de Acevedo, otras seis personas, con lazos familiares y domicilios cercanos entre sí. Se hacían pasar por docentes cuando en realidad ni siquiera pertenecían al sistema educativo. Así cobraron mensualmente entre junio de 2014 y octubre de 2018 sueldos retroactivos que alcanzaron en total una cifra aproximada de $6.591.769.

Acevedo trabajaba en el Área Contralor Docente de la DGCyE. Aprovechó su cargo para realizar la estafa. De acuerdo a la investigación a cargo del fiscal platense Juan Cruz Condomi Alcorta, Acevedo hizo figurar como activos en el sistema informático, al cual ingresaba periódicamente con su clave personal, a Laura Alejandra Estrella (43) -con quien Acevedo mantuvo una relación-, Benjamín Benítez Fredes (30) y su pareja Jessica Carolina Cabrera (28), María Asunción Cabrera (42), Rufina Cabrera (34) y Silvia Edith Silva (49), todos ellos parientes entre sí.

Ninguno de los seis prestaron servicios, pero lograron cobrar a través de la ticketera del Banco Provincia, un mecanismo que no exigía la apertura de cuentas de caja de ahorro. Bastaba con ir con el DNI para extraer el dinero. La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que mensualmente envía la DGCyE al Banco Provincia. Esa tarea estaba a cargo de Acevedo, quien le asignó a gente de su entorno la misma jerarquía y distintos lugares de prestación.

Los “prestanombres” figuraban como preceptores de las escuelas de nivel secundario N° 42 y N° 67 y de la escuela técnica N° 5, todas de La Matanza.

Los directores de las escuelas jamás se enteraron de la maniobra.

A partir de una auditoría, en la DGCyE descubrieron una irregularidad que dio lugar a una investigación administrativa interna y luego a una denuncia penal, en septiembre del año pasado. La causa recayó en la UFI N° 16 de La Plata, a cargo de Condomi Alcorta.

Benítez Fredes, Laura Estrella, las hermanas Rufina y María Asunción Cabrera, y la hija de esta última, Jesica Cabrera -estas últimas tres de nacionalidad paraguaya- viven en la localidad de Arturo Seguí, La Plata. Acevedo y Silvia Silva, por su parte, tiene su domicilio en el centro de la ciudad platense.

El fiscal detectó ciertos patrones: todos iban a cobrar a la misma sucursal en La Plata y en los mismos días, con pocos minutos de diferencia horaria. Retiraban el importe que incluía sueldos, adicionales y bonificaciones ingresadas al sistema por Acevedo. “Denota que lo hacían en forma conjunta, facilitando la recolección en un lugar de todo el dinero mal habido”, señaló Condomi Alcorta. Según comprobó el fiscal, el que menos cobró lo hizo en 11 ocasiones, mientras que el que retiró más dinero, lo hizo en 53 oportunidades. En total, “hay más de 221 hechos consumados”.

Mientras avanzaba la investigación, Condomi Alcorta también advirtió dos indicios de que en la banda habían tomado conocimiento del sumario interno, lo cual motivó a que dejaran de liquidar sueldos: por un lado, los últimos cobros fueron en otras sucursales; por otra parte, en marzo de 2018, Acevedo ingresó servicios por tareas no realizadas, por el monto de 66.241, a nombre de una beneficiaria más, Jessica Jerez. Ella nunca pasó a retirar ese dinero.

En octubre del año pasado se llevaron a cabo distintos allanamientos en los domicilios de los imputados. La Policía bonaerense secuestró celulares, tablets, PC, notebooks, pendrives, documentación de cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y débito, registros de operaciones bancarias y llaves de cajas de seguridad.

Mediante planillas y comprobantes de pago, recibos de sueldo, declaraciones testimoniales, actas y expedientes administrativos, Condomi Alcorta comprobó que había un plan establecido. En consecuencia, imputó a Acevedo por asociación ilícita calificada en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Y al resto como coautores del mismo delito.

Recientemente, el fiscal pidió al juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, de la doctora Marcela Garmendia, elevar la causa a juicio.

Los acusados se negaron a declarar y en un principio, habían quedado detenidos. Con el tiempo, Acevedo fue beneficiado con la prisión domiciliaria por la Cámara de Apelaciones. Por su parte, los otros seis imputados fueron liberados por disposición del juzgado de garantías interviniente y ahora esperan la resolución de la jueza Garmendia en sus casas.

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