
Unos 800 controles fueron realizados este viernes por la Policía Federal en las estaciones ferroviarias de las líneas Mitre y Urquiza durante el primer día de funcionamiento del programa “Ofensores en Trenes”, a través del cual el Ministerio de Seguridad ordenó a las fuerzas de seguridad pedir el DNI a los pasajeros.
El resultado de la primera jornada fue que 42 de las personas identificadas dieron “resultado positivo”, y fueron notificadas “de su situación judicial al haber cometido algún delito” en ese servicio de transporte.
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Según un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación, "en 24 horas se llevaron a cabo 818 consultas en más de 20 estaciones de trenes, de las cuales 42 dieron resultado positivo. Esto implica que el 5,1 por ciento de los controles realizados dieron positivo. Un porcentaje importante para brindar seguridad a los viajeros”.
El plan contempla la utilización de 4.000 teléfonos celulares por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina en estaciones de trenes, principalmente para la verificación e identificación de quienes cometieron algún tipo de delito en el tren. Los teléfonos escanean los documentos de identidad y cuentan con un sistema de reconocimiento facial conectado a las distintas bases de datos del Gobierno.
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“En las primeras 24 horas del programa, en más de 800 controles, detectamos 42 casos de individuos con antecedentes por acoso, abuso u otros delitos en estaciones de trenes. Quienes critican la acción deberían hablar con alguna víctima y preguntarle cómo se siente cuando la cuidan...”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.

Bullrich había asegurado al presentar el programa que “la idea es cuidar a la gente que viaja todos los días" y remarcó que la búsqueda es "seguir mejorando la seguridad y bajar el índice de delitos en trenes”.
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La decisión del Gobierno generó polémica. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó la nueva medida que, según su punto de vista, “se inscribe en una lógica de criminalización”, porque en esos medios de transporte “viajan los pobres”.
“Son todos manotazos de último momento para retener el voto que tuvo. Hay un sector al que le habla (la ministra) Bullrich y le dice que van a defender a la clase media quitándoles derechos a los que están sin trabajo”, dijo Fernández en una entrevista radial.
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Para el candidato del Frente de Todos, los policías “van a las estaciones de trenes porque en los trenes viajan los pobres y van a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”.
Si bien las fuerzas de seguridad ya tenían la potestad para pedir DNI por averiguación de antecedentes, la resolución activada este viernes fue cuestionada por María del Carmen Verdú, abogada de Correpi. "Buscan masificarla de una manera tan brutal que, al meterse en una estación de trenes, va a afectar a la señora de Palermo que va a tomar el tren para visitar a la hermana en San Isidro”, comentó, y remarcó que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas”.
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Juan Carlos Molina, sacerdote de Curas en Opción por los Pobres y ex titular de la Sedronar durante el gobierno de Cristina Kirchner, también repudió el nuevo programa. Al igual que Fernández, opinó que “criminaliza la pobreza”.
“En trenes viajan los pobres, los negros, los cabecitas. Hagan el mismo control en aviones, countrys y Olivos”, escribió en su cuenta de Twitter.
En una columna en Infobae, el profesor de Derecho Constitucional de la UBA Félix Lonigro sostuvo que “no es inconstitucional exigir identificación en los trenes”.
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