
La pesadilla de Claudia Suárez Eguez se terminó. Después de haber cruzado cocaína desde Bolivia hacia Argentina con el afán de conseguir dinero y pagar la quimioterapia de su hijo Fernando, de 13 años; luego de pasar un año presa y de dar a luz en prisión y a casi dos meses de conseguir un permiso para salir y acompañar al nene en sus cuatro últimos días de vida, esta mujer de 33 años finalmente le escapó al infierno en el que se había convertido su vida. La Justicia finalmente dictó el martes su sobreseimiento, lo que significa que está libre de culpa y cargo.
El juez federal de Jujuy Ernesto Hansen firmó el fallo que absuelve a Suárez Eguez. No tenía otra alternativa, ya que a mediados de noviembre el fiscal federal Federico Zulueta había levantado la acusación contra Claudia, al considerar en su dictamen que tras conocerse el calvario de la mujer y de su hijo ya no quedaban argumentos para imputarle el delito de transporte de drogas, dado que la intención había sido evitar un mal mayor.
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"Estoy feliz, recién me avisaron y mi hija Mía me abrazó y me preguntó por qué lloraba, si tenía que volver a allá, pero le dije que no, que ya no voy a volver, y nos abrazamos. Estoy muy contenta porque se acabó esta pesadilla", comentó Suárez Eguez a Infobae, desde su casa en Montero, a 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.
Allí mismo, el último 17 de octubre murió su hijo Fernando, después de luchar contra un cáncer en los huesos durante 13 meses, casi el mismo tiempo que su mamá pasó en la unidad penal de General Güemes, en Salta, también conocida como "la cárcel de las mulas".
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A decir de su fallo, Hansen, que había dictado el procesamiento de Claudia y su prisión preventiva, firmó el sobreseimiento a duras penas. "Los hechos nuevos invocados por la defensa y por el Ministerio Público Fiscal no resultan modificatorios ni vinculantes al hecho objetivo que se le imputa a la encartada ni a las circunstancias que la motivaron", escribió el magistrado.
Aunque Hansen consideró la historia de Suárez Eguez como "particular, triste y dramática", cuestionó a la defensa oficial de la mujer, a cargo de Andrés Reynoso y Marcela Lamas, porque no demostraron que la mujer "no tuvo otra alternativa que delinquir".
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Llamativamente, les critica que no acreditaron que Claudia, mamá de tres nenas, hubiera agotado los medios lícitos a su alcance antes de decidir pasar cocaína. Y menciona como ejemplos "pedidos a través de redes sociales, peticiones a organismos gubernamentales y no gubernamentales, a congregaciones religiosas, a redes solidarias, a Cruz Roja, Cáritas Internacional".
Pero Claudia, que tenía un trabajo como personal de limpieza en casas de su ciudad, desconocía y carecía de acceso a todas esas posibilidades. La situación para ella era apremiante. Los médicos le habían dicho que el tumor de su hijo era ya demasiado grande y fue a pedir ayuda a "la rotonda" de Montero, donde alguien le dijo que si llevaba dos valijas a Buenos Aires le iban a pagar 700 dólares.
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Esas maletas contenían 40 paquetes que sumaban poco más de un kilo de cocaína, escondidos en un doble fondo, y que fueron descubiertos por Gendarmería Nacional en un puesto de control cercano a la ciudad jujeña de Ledesma. El objetivo de Claudia era llegar hasta Orán y desde allí tomar un micro hasta Liniers, donde alguien la estaría esperando para recibir la droga.
Claudia no es ni era narcotraficante, es apenas una víctima más de una red de trata que usa a las mujeres como el eslabón más bajo de la cadena productiva del negocio clandestino de las drogas. Un sistema perverso.
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En Argentina, la infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres. El 41% de la población carcelaria femenina (1.477 sobre un total de 3.413) se encuentra en esa situación por delitos tipificados en la ley 23.737. En la población de hombres, la infracción a la ley drogas ocupa el 5° lugar entre los delitos de mayor presencia.
Claudia quedó detenida y su hijo, atrapado por la angustia, la culpa y la indefensión (sin un padre presente) abandonó durante siete meses el tratamiento, lo que provocó que más tarde tuvieran que amputarle la pierna derecha. La salud de Fernando se deterioró de manera brusca. En septiembre de este año su estado era irreversible, pero su mamá, en prisión, lo desconocía.
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Cuando hablaban, el nene le decía que estaba bien, aunque los abogados de Claudia estaban en contacto con sus médicos de Santa Cruz de la Sierra, quienes avisaron que Fernando se había rendido y había pedido ir a su casa a morir.

La urgencia creció en octubre. El día 10 de ese mes la Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de la mujer. Básicamente, no le creían. El fallo que firmaron Guillermo Elías, Mariana Catalano y Alejandro Castellano sostenía que la versión de Claudia "sólo se apoya en sus propios dichos y en los certificados médicos que en copia simple aportó la defensa, los que por sí solos no constituyen elementos probatorios suficientes".
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El 11 de octubre Infobae publicó la historia, y al día siguiente el juez federal de Jujuy le concedió sorpresivamente a Suárez Eguez un permiso extraordinario para ir a Bolivia y estar 30 días en su casa. Aún debía volver a General Güemes y esperar encerrada el juicio, por el que podían llegar a darle hasta 15 años de prisión. Fernandito, conocido en su barrio como "Chumpita", murió cuatro días después de que su mamá llegara.
Sin embargo, según escribió Hansen en el fallo de sobreseimiento, en el expediente sólo se acreditó "la apreciación emotiva de la fiscalía que evaluó que Suárez Eguez actuó bajo la influencia de un estado de necesidad justificante y sin opciones para dirigir sus acciones en un sentido lícito". Para el juez, lo aclara, esa posición de Zulueta genera "un inquietante precedente".
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El magistrado entonces consideró que ante la posición de los fiscales de Instrucción y de Cámara, en coincidencia con el argumento de la defensa de Claudia, resultaba imposible continuar el caso y llevarlo a juicio, que es lo que él hubiera pretendido. "Hubiese permitido evaluar eficazmente las pruebas", aseguró Hansen, aparentemente inconmovible.

"Mi vida desde que llegué acá fue feliz, porque estoy con mis hijas, aunque ya no lo tengo a Fernando, aquí lo sobrellevo, y lo recuerdo a él todos los días. Pero estoy feliz y contenta con mis hijas", contó Claudia, absolutamente lejana de la retórica judicial.
El caso Suárez Eguez trascendió las fronteras argentinas y puso en cuestionamiento al gobierno de su país. Tanto, que el mismo día que murió Fernando, el 17 de octubre, el presidente de Bolivia, Evo Morales (que ya había encomendado que un equipo atendiera las necesidades de la familia de Claudia y asesoraran judicialmente a la mujer) anunció que desde ese momento el Estado garantizaría el acceso a tratarmiento oncológico gratuito para todos los ciudadanos.
De alguna manera, el caso de Fernando salvará otras vidas. Claudia vive ahora aliviada, triste y feliz al mismo tiempo. Planea volver a trabajar en 2019. Ya empezó a buscar empleo. "Estoy viendo cómo empezar un nuevo año para bien. En enero empezaré a trabajar. Estoy agradecida con mis defensores de allá y de acá y con Infobae que contó mi historia", comentó vía Whatsapp, emocionada.
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