El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente a redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas entre Estados Unidos y México.

La acción fue coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las sanciones apuntan a dos estructuras criminales distintas: una encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, ligado a Los Chapitos, y otra dirigida por Jesús González Peñuelas, señalado como operador histórico del Cártel de Sinaloa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará persiguiendo a “los narcoterroristas” responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Los sancionados ligados a Los Chapitos

La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el principal operador financiero de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Según el Departamento del Tesoro, el operador asumió el papel de principal lavador de dinero de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado por Estados Unidos en 2023.

Las autoridades estadounidenses aseguran que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de efectivo producto de la venta de drogas en Estados Unidos y posteriormente convertía esos recursos en criptomonedas para enviarlos al Cártel de Sinaloa en México.

Junto con él fue sancionado Jesús Alonso Aispuro Félix, descrito como el principal intermediario financiero de la organización y responsable de administrar transferencias millonarias mediante direcciones de criptomonedas.

Otro de los señalados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos para la red criminal. El Departamento del Tesoro recordó que en abril de 2024 fue acusado formalmente por lavado de dinero ligado al narcotráfico mediante criptomonedas en una corte federal de Colorado.

Asimismo, aparece Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Empresas y presuntos prestanombres

La OFAC también sancionó a las empresas mexicanas Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV y Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para apoyar financieramente las operaciones de la red criminal.

Según el gobierno estadounidense, dichas empresas eran controladas por Alfredo Orozco Romero a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas testaferros de confianza.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas compañías y personas ayudaban a ocultar y mover recursos obtenidos por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La segunda red criminal

En una segunda investigación, el Departamento del Tesoro sancionó a Jesús González Peñuelas, identificado como operador histórico del Cártel de Sinaloa y prófugo de la justicia estadounidense.

Washington asegura que González Peñuelas ha participado desde 2007 en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Además, enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional en cortes federales de California y Colorado.

La DEA incluso ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

De acuerdo con la OFAC, González Peñuelas operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Junto a él fueron sancionados Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados como presuntos colaboradores encargados del tráfico de drogas y del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.