Los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, organizadores del show del Indio Solari en Olavarría en marzo del año pasado, fueron indagados por primera vez en el marco de la investigación por las dos muertes ocurridas en ese recital.
"Tenemos elementos suficientes para considerar que estas personas cometieron el delito de estrago con dolo eventual agravado por haber causado la muerte de dos personas y por haber puesto en peligro la vida de otras", dijo David Carballo, fiscal de Delitos Especiales de Azul.
Dicha acusación contempla penas de 8 a 20 años de prisión. El fiscal fundamentó su posición en "la negligencia de los organizadores en no adoptar medidas de seguridad adecuadas -paravalanchas o carriles centrales- para que no corrieran riesgo los bienes o la vida de los asistentes".
En la indagatoria, que se extendió por 12 horas, también fue citado Gustavo Eduardo Zurita, socio junto a los Peuscovich de la productora "En Vivo", pero se negó a contestar preguntas y presentó un escrito en la Fiscalía de Azul.
Los informes forenses confirmaron que las muertes "fueron consecuencia de las avalanchas que se produjeron en el recital, lo que guarda relación directa con la falta de medidas de seguridad que debieron haberse establecido", afirmó Carballo.
Respecto del exceso de asistentes al show, el fiscal aclaró que eso también fue responsabilidad de los organizadores: "Son ellos los que eligieron el predio donde se iba a realizar el espectáculo. Debieron prever las medidas de seguridad para que las personas no corrieran peligro, aún si hubiera asistentes en exceso respecto de lo que está habilitado el lugar".
La situación del Indio Solari
El fiscal adelantó que a casi un año del hecho "la investigación continúa", y aclaró que "por el momento tanto Solari como el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, seguirán en calidad de testigos".
Según surge de la investigación, Solari era el encargado de la producción artística del evento y derivaba en la productora el trabajo de los aspectos organizativos del show, tales como la venta de entradas, contratación de servicios de seguridad, controles y puestos sanitarios.
En el caso de Galli, debería responder por cuestiones contravencionales, como permitir venta de alcohol en puestos adyacentes al predio donde se realizó el recital.
"La habilitación no la realiza el intendente sino que se presenta un plan de emergencias y bomberos realiza un acta final de obra donde consigna que el predio este en condiciones de ser habilitado y la capacidad de gente habilitada", informó el fiscal.
La declaración indagatoria se demoró por el pedido de peritajes sobre la cantidad de público que hubo en el predio La Colmena, que había sido habilitado para hasta 155.000 espectadores, aunque los organizadores admitieron haber que vendieron casi 200.000 entradas.
Para resolver esta incógnita el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Unidad Criminalística de la Policía Federal realizaron una serie de pericias con fotografías, filmaciones y planos.
"Para el ITBA hubo 225.000 personas y para la Policía Federal 246.000 personas. Se trata de un margen de error de 5 por ciento pero que, en cualquier caso, es casi el doble de la capacidad del predio", afirmó Carballo.
En el caso que al momento que la causa llegue a juicio oral se deseche el delito de dolo eventual, Carballo también planteó una segunda imputación por "estrago culposo en concurso ideal con homicidio culposo", cuya pena es de entre dos y cinco años de prisión.
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