La Suprema Corte apura al gobierno bonaerense para que mejore las cárceles y las comisarías

Días atrás organizaciones locales reclamaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú, sobre la situación de las cárceles y calabozos de comisarías de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, alertaron por el "agravamiento del sistema de encierro en los últimos años". Como consecuencia directa de esa presentación, la Suprema Corte de Justicia requirió ahora a los ministros de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que, en un plazo de quince días, le presenten informes detallados y circunstanciados relativos a las "políticas, acciones y recursos destinados a la superación de los graves problemas generados por las deficientes condiciones de detención de las personas privadas de libertad", tanto en unidades penitenciarias como en comisarías.

"El hacinamiento en las cárceles y comisarías de la provincia llegó a niveles críticos. Las personas privadas de libertad viven en condiciones inhumanas y la atención sanitaria es nula, lo que provoca muertes evitables por enfermedades como VIH, tuberculosis o neumonías", denunciaron en Perú la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación.

La Suprema Corte entonces apura al gobierno de María Eugenia Vidal. En el exhorto a los ministerios le señala la necesidad de contar con información y documentación concerniente a los "programas concretos de trabajo" sobre la problemática, y a Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, titulares de las carteras de Seguridad (a cargo de las comisarías) y Justicia (del Servicio Penitenciario), respectivamente, les recuerda los compromisos asumidos en una audiencia ante el Tribunal ocurrida el 16 de marzo pasado.

La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 40 mil personas privadas de libertad. Según denunciaron los organismos de DDHH el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los detenidos en comisarías. En las 432 dependencias policiales hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen un camastro. A su vez, más de 250 de estos establecimientos —alrededor del 70% del total— tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la Justicia o por decisión ministerial. No obstante, 1.798 personas se alojan en dichos lugares.

La Suprema Corte le recordó a Ritondo un "esquema" para reacondicionar más de 50 comisarías, en dos etapas, que mejorarían más de 300 plazas. "El gobierno de la provincia de Buenos Aires está realizando un plan de obras de refacción edilicia de 30 comisarías de diversas localidades del conurbano a fin de mejorar y potenciar las condiciones de trabajo de los efectivos de la policía provincial", explicaron a Infobae fuentes del Ministerio de Seguridad. La refacción arrancaría por los distritos de Avellaneda, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, San Isidro, San Nicolás, Moreno, Luján, Escobar, Campana y San Vicente.

En Perú también se reclamó sobre lo que sucede en las 62 cárceles y alcaidías provinciales, donde la tasa de encarcelamiento alcanza cifras históricas (234 presos cada 100 mil habitantes). Además de la sobrepoblación y el hacinamiento, se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos. "Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad", reclamaron las organizaciones y remarcaron: "Son estas condiciones las que han llevado al colapso del sistema de encierro en la provincia, una situación que no es nueva pero se agrava continuamente porque no se revierte la política criminal".

Las muertes en el sistema penal bonaerense promedian 130 por año mientras que en las comisarías murieron por lo menos 43 personas en los últimos cinco años.

Por eso el Máximo Tribunal provincial le recordó al ministro Ferrari su "compromiso" para elaborar un "Plan Integral". Desde la cartera de Justicia explicaron a Infobae: "Es una gran oportunidad mostrar lo que estamos haciendo para tratar de avanzar, en primer lugar reconociendo la situación. No podemos recuperar en tres años lo que no se hizo en los últimos años. Estamos tratando de avanzar en trabajo y educación y mejorar las condiciones de habitabilidad".

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