
Cuando la división Delitos contra la Salud de la PFA irrumpió en la tarde de ayer en una pieza convertida en un falso consultorio ginecológico en la esquina de Lutcher y Amoretti, zona de Ciudadela, una chica estaba montada a una camilla. Extranjera, con 18 años y un embarazo incipiente, temblaba con contracciones. No eran producto de un parto a venir, sino todo lo contrario: la medicación que tomó para interrumpir su embarazo las había causado. La PFA la llevó rápidamente a un hospital y pudo expulsar las pastillas.
Santusa Zevallos Rojas, una mujer boliviana de 22 años, la presunta encargada de darle la medicación, estaba allí en el lugar: fue arrestada automáticamente. Zevallos tampoco estaba sola, por otra parte; el allanamiento fue parte de una redada ordenada por el Juzgado Nº 49 a cargo de la doctora María Fontbona de Pombo para derribar una red de abortistas bolivianos y peruanos con varios cómplices argentinos; hubo 20 detenidos en total.
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El operativo incluyó diez domicilios en total; los puntos se repartieron entre Ciudadela, Lomas del Mirador, Merlo y Villa Celina. En la lista de detenidos la absoluta mayoría son mujeres de 20 a 40 años, hay solo tres hombres, dos peruanos de 23 y 39 años y un boliviano de 37. En la lista, hay un nombre llamativo: el de Virginia Jain, argentina, de 27 años, con domicilio en Villa Celina. Sería una enfermera: así lo demuestran dos sellos y credenciales con el número de matrícula provincial Nº 11321 encontrados por la PFA.
Se les incautó toda su folletería con volantes que prometían abortos rápidos y seguros y su instrumental médico: agujas hipodérmicas, 50 jeringas, tubos para vías intravenosas. También, las drogas necesarias para interrumpir un embarazo: 88 ampollas de oxitocina, 23 pastillas de Cytotec y 16 pastillas de Oxaprost, ambas basadas en la droga misoprostol.
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No es el único caso de estas características en los últimos años. En Comodoro Py circuló un expediente curiosamente similar. Durante largo tiempo, el juez federal Sergio Torres y el fiscal Federico Delgado junto a sus equipos investigaron arduamente a Marco Antonio Escobar Sosa, alias "Hermano Vicente", un peruano de 46 años oriundo de Tacna, vecino de Villa Celina. "Vicente" tenía una doble profesión: tarotista de día y abortista de noche. Operaba junto a su banda principalmente en Liniers. Delgado lo acusó a él y a siete cómplices que terminaron presos de integrar "una banda de personas que de un modo organizado montó una clínica para la práctica ilegal de abortos y suministro de medicamentos" desde 2009 hasta 2011. Se anunciaban a través de volantes, algunos de ellos prometían otros fines, como lecturas de tarot, "amarres" y brujerías de pareja. Otros eran más frontales: "Consultorio Mi Bolivia, atención a mujeres en edad fértil – solución atraso menstrual – $300 – con garantía".
Hubo episodios particularmente dramáticos en el expediente, como uno de febrero de 2011 en la calle Montiel al 30, en donde se le practicó un aborto a una mujer que resultó, según la elevación a juicio de Delgado, "en una hemorragia por la cual tuvo que ser internada por urgencia en el Hospital Santojanni".
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