
Panamá concentra entre el 98.3% y el 99.9% de todo el material de abuso sexual infantil detectado en América Latina y el Caribe. La cifra convierte a la región en una de las zonas con señales más alarmantes del continente según los nuevos registros internacionales.
El hallazgo forma parte del informe 2026 Into the Light Index on Global Child Sexual Exploitation and Abuse, elaborado por Childlight, instituto de la Universidad de Edimburgo especializado en medir este fenómeno a escala global. El estudio analizó 103 países y territorios durante 2025.
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Panamá explica el pico atípico de la región
Con 245.31 reportes por cada 10,000 habitantes en 2025, Panamá registró la tasa más alta de toda América Latina y el Caribe. El dato quintuplica casi el promedio regional, que se ubicó en 52.1 reportes por cada 10,000 habitantes.
La Internet Watch Foundation (IWF) le atribuyó al país entre el 98.3% y el 99.9% del contenido identificado en la región. La red INHOPE registró una proporción que osciló entre el 42.9% y el 99.7% según el período analizado.
Una tasa alta de material de abuso sexual infantil en un país no equivale a que allí ocurra la mayoría de las agresiones físicas. El indicador refleja volumen de contenido detectado, alojado o notificado por plataformas y agencias internacionales.
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Un territorio puede concentrar servidores usados por redes delictivas sin que la violencia suceda dentro de sus fronteras, mientras que naciones con poca conectividad muestran cifras bajas por falta de detección, no por menor abuso real.
Debi Fry, directora mundial de Datos de Childlight, explicó a EFE que estas notificaciones “no significan necesariamente que el abuso esté ocurriendo allí”, aunque el contenido “podría estar vinculado a Panamá”. Fry reconoció que las causas de esa concentración todavía requieren una investigación específica.
Belice: una caída abrupta que no es buena noticia
El caso de Belice ilustra lo volátil de estos indicadores. En 2023 y 2024, el país llegó a registrar tasas de aproximadamente 288.2 y 317.9 reportes por cada 10,000 habitantes, entre las más altas de la región según los datos de INHOPE.
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En 2025 esa cifra cayó a 47.15. Childlight advierte que el descenso no debe leerse como una mejora sostenida en la protección infantil.

La caída puede deberse a cambios en los lugares donde se aloja el material, en las plataformas observadas o en los métodos de detección internacional.
El propio informe menciona que Belice desarrolló una Agenda Digital Nacional entre 2020 y 2025 para ampliar su conectividad, aunque el instituto no establece una relación causal directa.
Costa Rica y el resto del istmo también registran alertas
Costa Rica registró una tasa de 42.19 reportes por cada 10,000 habitantes en 2025. El informe destaca además que el país mostró un aumento de material alojado según INHOPE durante 2024, con un incremento de aproximadamente 10 puntos porcentuales en su participación regional respecto al año previo.
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El resto de los países centroamericanos aparece también en los registros internacionales. El Salvador acumuló 58.60 reportes por cada 10,000 habitantes, Guatemala 39.89, Nicaragua 34.58 y Honduras 30.90.

Childlight no ofrece perfiles extensos para esos cuatro países. Su sola presencia en los sistemas de notificación confirma actividad detectada que exige mayor capacidad nacional de investigación, según el instituto.
Casi la mitad de los países sin analistas especializados
Entre 24 países y territorios de la región que respondieron la encuesta institucional de Childlight, el 41.7% no cuenta con analistas dedicados específicamente a casos de explotación sexual infantil en línea.
Solo el 25% de las jurisdicciones puede procesar todos sus casos forenses digitales en un plazo de 12 meses. Otro 16.7% informó capacidades forenses nulas o limitadas para investigar este tipo de delitos.
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A esto se suma un vacío legal grave. El 54.9% de los países de la región carece de una obligación legal que exija a los proveedores de internet conservar datos durante un período definido, lo que puede impedir identificar sospechosos cuando llega una solicitud judicial.
El 19.6% tampoco tiene legislación clara que criminalice el grooming, contacto digital con menores con fines de abuso, en línea. Childlight recomienda cooperación transfronteriza, hotlines nacionales y marcos legales neutrales frente a la tecnología, de modo que las leyes protejan a los menores sin importar qué plataforma usen los agresores.
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