Amazon advierte que un proyecto en Nueva York podría elevar hasta USD 5 el costo de cada pedido

La compañía pidió a los usuarios que contacten a sus representantes municipales para rechazar una iniciativa que modificaría las condiciones de operación de los centros de distribución

Amazon advirtió que la propuesta de regulación de centros de distribución de última milla podría elevar hasta USD 5 el costo de cada pedido en Nueva York. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Amazon advirtió que la propuesta de regulación de centros de distribución de última milla podría elevar hasta USD 5 el costo de cada pedido en Nueva York. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Amazon advirtió que la propuesta de regulación de centros de distribución de última milla en Nueva York podría elevar hasta USD 5 el costo de cada pedido para sus clientes de la ciudad. La empresa publicó un mensaje en su plataforma y pidió a los usuarios que contacten a los integrantes del Concejo Municipal para rechazar la iniciativa.

El proyecto, identificado como Introducción 518, busca establecer requisitos de licencias, seguridad, capacitación y empleo para determinadas instalaciones desde donde salen paquetes destinados a consumidores finales dentro de los cinco distritos de Nueva York. La propuesta fue presentada el 12 de febrero de 2026 y tuvo una audiencia el 9 de abril.

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La iniciativa continúa pendiente en el Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador. El eventual incremento de hasta USD 5 no figura en el texto legislativo y corresponde a una estimación de Amazon sobre los gastos que, según la compañía, implicaría adaptarse a las nuevas exigencias.

La advertencia de Amazon sobre el costo de los pedidos en Nueva York

El 19 de noviembre, Amazon publicó un mensaje dirigido a sus clientes de Nueva York en el que afirmó que la iniciativa municipal podría añadir hasta USD 5 al costo de cada pedido. La comunicación incluye un enlace para que los usuarios envíen mensajes a sus representantes locales en contra de la propuesta.

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De acuerdo con la compañía, la legislación obligaría a modificar su red local de distribución. Amazon sostiene que actualmente trabaja con negocios independientes de reparto y que la aprobación del proyecto impediría mantener esas relaciones bajo el mismo modelo operativo.

La empresa también advirtió que podría evaluar el traslado de operaciones fuera de la ciudad si la norma se aprueba en su redacción actual. Según su planteamiento, ese escenario podría generar entregas más lentas, mayores costos y consecuencias para sus socios de reparto.

Sin embargo, estas posibilidades corresponden a proyecciones de Amazon y no a obligaciones establecidas en el proyecto legislativo. La publicación tampoco detalla el método utilizado para calcular el eventual incremento de USD 5 ni confirma que ese monto vaya a aplicarse a todas las compras realizadas por los residentes de Nueva York.

La advertencia de la empresa se produce mientras la iniciativa continúa en revisión municipal, sin una fecha oficial de votación ni una disposición que establezca un nuevo cargo para los consumidores.

La regulación impone la contratación directa del personal de clasificación y reparto para terminar con la intermediación de agencias de empleo. (REUTERS/Soren Larson/File Photo)
La regulación impone la contratación directa del personal de clasificación y reparto para terminar con la intermediación de agencias de empleo. (REUTERS/Soren Larson/File Photo)

Los requisitos de licencias, seguridad y empleo de la Introducción 518

La Introducción 518 propone crear un régimen de licencias para determinadas instalaciones logísticas que reciben mercancías y desde las cuales salen productos destinados a consumidores finales dentro de Nueva York.

La definición incluye almacenes, depósitos y otros establecimientos que participan en la etapa final de la cadena de distribución. También contempla instalaciones que transfieren mercancías a medios de transporte sostenibles para completar las entregas.

La propuesta excluye a los comercios minoristas cuya actividad principal sea la venta presencial de productos y a los negocios dedicados principalmente a preparar comidas para consumo inmediato. Por lo tanto, no alcanza a todos los establecimientos comerciales que ofrecen entregas a domicilio.

El proyecto establece una tarifa anual de USD 500 por cada licencia, que tendría una vigencia de dos años. Para obtener el permiso o renovarlo, los operadores deberían declarar determinadas resoluciones judiciales, decisiones administrativas definitivas o laudos arbitrales relacionados con infracciones a normas de seguridad laboral, seguridad vial, medio ambiente, prácticas comerciales o derechos de los trabajadores.

La autoridad encargada de administrar el régimen sería el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP). El organismo tendría facultades para investigar denuncias, actuar de oficio y suspender o revocar licencias en los casos contemplados por la normativa.

La contratación directa de repartidores como requisito central

Uno de los principales cambios que plantea la Introducción 518 es que los trabajadores que desempeñen funciones centrales de depósito y reparto deberán ser empleados directamente por el operador de las instalaciones.

Las tareas centrales de depósito comprenden la clasificación y manipulación de paquetes dentro de los establecimientos. Las funciones de reparto incluyen el transporte y la entrega de bienes a consumidores de la ciudad.

La propuesta prohíbe recurrir a agencias de personal u otros subcontratistas para realizar estas actividades, aunque contempla excepciones para determinadas operaciones vinculadas exclusivamente con vehículos comerciales de más de 26.001 libras de peso bruto vehicular (unos 11.794 kilogramos).

Si un operador tuviera que finalizar un contrato con un tercero como consecuencia de la nueva regulación, debería ofrecer empleo a los trabajadores afectados antes de incorporar a otras personas para realizar las mismas tareas.

La obligación de contratación directa entraría en vigor 12 meses después de la eventual promulgación de la ley. El texto contempla extensiones para algunos contratos preexistentes, aunque establece como límite el vencimiento del acuerdo o el final del mes 24 posterior a la entrada en vigor de la norma.

Durante los períodos en los que se permita mantener trabajadores externos, los operadores deberían conservar registros sobre los repartidores, sus seguros comerciales, antecedentes de infracciones de tránsito y recorridos efectuados.

Además, los conductores tendrían que llevar visible el nombre y la información de contacto de su empleador tanto en la ropa como en el vehículo. Cuando una empresa mantenga repartidores que no sean empleados directos, debería constituir una garantía financiera de USD 500.000 por cada trabajador de reparto, destinada a responder ante determinadas reclamaciones derivadas de incidentes viales.

La iniciativa Introducción 518 excluye de sus exigencias a los comercios minoristas con venta presencial y a los locales de comida para consumo inmediato. (REUTERS/Helen Reid)
La iniciativa Introducción 518 excluye de sus exigencias a los comercios minoristas con venta presencial y a los locales de comida para consumo inmediato. (REUTERS/Helen Reid)

Capacitación mínima de seis horas y protección ante despidos

La propuesta municipal establece un programa de capacitación de al menos seis horas para quienes realicen funciones centrales en las instalaciones alcanzadas.

La formación incluiría contenidos sobre derechos laborales, conducción segura, rutas de reparto, paradas en vías transitadas, protección de peatones y ciclistas, ergonomía y riesgos asociados con equipos industriales, sustancias químicas o sistemas eléctricos.

Los operadores deberían garantizar que los trabajadores reciban esa capacitación dentro de los 92 días posteriores a su primer día de empleo y luego una vez al año. Los gastos correspondientes quedarían a cargo de las empresas.

El proyecto también plantea una protección frente a despidos. Salvo en casos de conducta grave, los operadores tendrían que notificar por escrito el cese de la relación laboral con al menos 30 días de anticipación.

El aviso debería incluir los motivos de la decisión, la fecha efectiva del despido y los registros utilizados para fundamentarlo.

La iniciativa prohíbe represalias contra empleados o postulantes que ejerzan derechos protegidos por la normativa u otras leyes laborales aplicables. Ante un despido o medida adversa por ese motivo, el trabajador podría pedir su reincorporación y el pago de salarios y beneficios perdidos.

Multas de hasta USD 1.000 por día y acciones civiles posibles

La Introducción 518 contempla sanciones económicas por determinados incumplimientos de las obligaciones de contratación directa y de algunos requisitos de registro, identificación y garantía financiera.

Las multas podrían alcanzar los USD 1.000 por día mientras persistan las infracciones contempladas en el texto.

Los trabajadores también tendrían la posibilidad de iniciar acciones civiles por incumplimientos relacionados con el empleo directo, la conservación de registros, las notificaciones de despido o las represalias laborales.

El régimen propuesto busca que las autoridades municipales puedan supervisar las condiciones en las que operan las instalaciones de última milla y establecer mecanismos de responsabilidad para las empresas que administran esos centros logísticos.

La administración local de Zohran Mamdani y la concejal Tiffany Cabán respaldan la iniciativa legislativa que permanece en comisión en el Concejo Municipal. (REUTERS/Brendan McDermid)
La administración local de Zohran Mamdani y la concejal Tiffany Cabán respaldan la iniciativa legislativa que permanece en comisión en el Concejo Municipal. (REUTERS/Brendan McDermid)

Respaldo de la Alcaldía y estado del expediente en el Concejo

La administración municipal encabezada por Zohran Mamdani expresó su respaldo a la propuesta en agosto. En un comunicado oficial, el gobierno de la ciudad sostuvo que el proyecto busca responsabilizar a las grandes empresas por las condiciones laborales y de seguridad asociadas con los centros de distribución de última milla.

La Alcaldía argumenta que los modelos de subcontratación pueden dificultar la identificación de responsabilidades sobre rutas, cuotas de productividad, contratación y condiciones de trabajo. Su respaldo se basa en la necesidad de fortalecer la supervisión municipal sobre estas operaciones.

La concejal Tiffany Cabán, autora principal de la iniciativa, planteó que las empresas que se benefician de los servicios de entrega deben responder por las condiciones en que se desarrollan esas actividades. La propuesta incorpora requisitos de capacitación y seguridad, además de un régimen de licencias y contratación directa.

El expediente del Concejo Municipal de Nueva York registra que la iniciativa fue presentada el 12 de febrero de 2026 y que el Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador realizó una audiencia el 9 de abril. Después de esa instancia, quedó pendiente en comisión.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial de votación ni una ley vigente que modifique la estructura operativa de Amazon o de otras empresas alcanzadas. El eventual costo adicional para los consumidores continúa siendo una estimación de la compañía y no una tarifa aprobada por las autoridades municipales.

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