Las familias cambian horarios, recorridos y formas de llevar a sus hijos a la escuela para evitar robos, mientras la inseguridad modifica la vida cotidiana de barrios que durante años se pensaron como espacios de clase media. Detrás de esa escena aparece una pobreza más profunda, atravesada por aislamiento, falta de oportunidades y economías ilegales que ganan terreno.
El politólogo Andrés Schipani, autor de Pobreza, la grieta que importa, vinculó ese deterioro con una fractura de larga data. En diálogo con Infobae Al Mediodía, sostuvo que la Argentina dejó atrás la promesa de movilidad social que ordenó buena parte del siglo XX y que, en los barrios más relegados, las dificultades ya no se reducen a la falta de ingresos.
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“La gran deuda de la Argentina es con este sector excluido, que es cada vez más grande y está cada vez más desenganchado del resto de la sociedad”, planteó Schipani. Para el especialista, esa desconexión ayuda a entender tanto la precariedad que atraviesa a los barrios populares como las consecuencias que hoy perciben las zonas de clase media.
La crisis de 2001 profundizó la distancia entre los barrios y las oportunidades
Schipani ubicó un quiebre en la crisis de 2001. Aunque la informalidad y la pobreza crecían desde la década de 1980, señaló que desde entonces se duplicó la cantidad de barrios populares en la Argentina. Se trata de zonas donde muchas familias no cuentan con título de propiedad, cloacas, agua potable ni gas.
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La carencia de infraestructura condiciona la vida de todos los días. Una calle de tierra puede impedir que ingrese una ambulancia, que circule un colectivo o que un patrullero llegue con rapidez. “El pavimento es la diferencia entre que haya seguridad o no”, explicó el politólogo, quien además lo asoció con la posibilidad de acceder a un trabajo formal fuera del barrio.
En ese punto, el autor sostuvo que la discusión pública suele concentrarse en la pobreza monetaria, aun cuando el problema también tiene una dimensión territorial. La mayoría de los habitantes de barrios populares trabaja en su mismo entorno, en actividades informales y con pocas redes por fuera de esa frontera. Por eso, aunque muchas familias asocian el progreso con irse, salir del barrio resulta difícil.
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La idea de ascenso social perdió fuerza entre los jóvenes
La expectativa de que los hijos de trabajadores pudieran estudiar y mejorar la situación de sus familias fue parte de la identidad argentina. Sin embargo, Schipani afirmó que esa narrativa se debilitó en amplios sectores populares. “La narrativa del ascenso social está rota; ya no existe”, dijo.
Según relató, llegar a la universidad aparece como una meta minoritaria para muchos jóvenes de esos barrios. En algunos casos, el horizonte de progreso se limita a ser policía o docente; en otros, predomina una mirada concentrada en el presente, sin proyectos a largo plazo.
Una encuesta del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) entre jóvenes de sectores populares detectó que un tercio no tiene expectativas de futuro. Dentro de ese grupo, una parte relevante se encuentra vinculada con drogas o actividades criminales. Schipani remarcó que se trata de un universo minoritario, aunque advirtió que no puede subestimarse.
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El politólogo vinculó esa situación con el abandono escolar, los consumos problemáticos y la violencia intrafamiliar. También habló de chicos que crecen con madres solas, abuelas, tíos o, en algunos casos, sin adultos a cargo. “Cuando la trama social está rota abajo, no hay plata que la vuelva a armar”, sostuvo.
El delito ocupa espacios frente a trabajos precarios y familias endeudadas
La expansión de las redes criminales forma parte de esa misma discusión. Schipani advirtió que el mercado laboral no genera empleo registrado desde 2011 y que los puestos disponibles para los jóvenes de sectores populares suelen ser precarios y de bajos ingresos.
En ese escenario, el narcotráfico aparece como una alternativa económica para algunos. “Un día de trabajo como campana puede equivaler a un mes en un empleo informal dentro del barrio”, aseguró. La diferencia, explicó, vuelve difícil competir con una oferta que además ofrece préstamos a familias endeudadas y, en algunos casos, financia comedores o actividades comunitarias.
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Ese lugar que ocupan las organizaciones ilegales no implica ayuda desinteresada. Para Schipani, se trata de una forma de consolidar autoridad y control territorial. También observó que el recorte de recursos para comedores y el retiro de programas estatales profundizaron el vacío en esos barrios.
Respuestas estatales separadas para problemas que se cruzan
El autor cuestionó que salud, seguridad, educación y violencia familiar se aborden mediante dispositivos aislados, aun cuando en muchas familias los problemas ocurren al mismo tiempo. A su juicio, las transferencias de ingresos son necesarias para evitar un deterioro mayor, pero no alcanzan para recomponer las condiciones que permiten una movilidad social ascendente.
En una consulta del CIAS a madres de barrios populares, la mayoría eligió mejores escuelas y servicios por encima de un aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Schipani interpretó esa respuesta como una demanda concreta de oportunidades para los hijos.
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Como referencia, mencionó el caso de Medellín, donde se impulsaron espacios comunitarios, plazas y apoyo escolar en zonas golpeadas por la violencia. Sin embargo, aclaró que esas experiencias requieren recursos, coordinación entre niveles del Estado y decisiones sostenidas. “La agenda está ausente y ni siquiera hay proyectos para empezar a atacar ese problema”, concluyó.
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