La masacre de Avellaneda: cuando la policía asesinó a dos jóvenes y trató de encubrirlo como un “enfrentamiento entre piqueteros”

La convertibilidad, esa ficción monetaria que sostenía que un peso se podía cambiar por un dólar, había estallado seis meses antes y el clima social seguía efervescente. Los titulares de los diarios de la mañana del miércoles 26 de junio de 2002 daban un cuadro de la situación: “El FMI sigue durísimo con la Argentina”, decía uno de ellos, que auguraba poco éxito a la misión —que era casi un ruego de piedad— del ministro de Economía, Roberto Lavagna, en Washington. “El dólar no frena: tocó los 4 pesos”, anunciaba otro de los títulos, y agregaba en la bajada: “En cuatro días subió 6,9%”. Si la economía ardía, la política no le iba a la zaga: el día anterior el expresidente radical Raúl Alfonsín había renunciado a su banca en el Senado en medio de la convulsión dentro de su propio partido, donde había quienes lo acusaban de haber confabulado con el peronista Eduardo Duhalde para voltear al Gobierno de Fernando De la Rúa. Duhalde era ahora el presidente provisional, un senador elegido por sus pares para ejercer la presidencia hasta terminar el mandato que le hubiera correspondido a Fernando De la Rúa.

La desocupación, el hambre, la inflación y el dólar disparado hacían imposible la vida de millones de argentinos y las protestas se multiplicaban día tras días. Ese miércoles, a media mañana, piqueteros de diferentes organizaciones confluyeron en la avenida Pavón, en Avellaneda, con la intención de subir al Puente Pueyrredón, entrar a la Ciudad de Buenos Aires y marchar hacia la Plaza de Mayo. Las columnas del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y de Barrios de Pie marchaban hacia la subida del puente donde tenían pensado confluir con otra columna, encabezada por el Bloque Piquetero Nacional (BPN) que avanzaba desde la calle Alsina.

Luego de recorrer las cuatro cuadras que separan la Estación Avellaneda del Puente Pueyrredón, las columnas se encontraron con un grupo de policías a cargo del comisario inspector Alfredo Franchiotti, que formaba parte de un fuerte operativo de la Policía Bonaerense que tenía una orden precisa del Gobierno: los manifestantes no debían cruzar el puente. Allí comenzó la represión que, al final del día, no sólo dejaría como saldo fatal más de treinta heridos, sino también dos asesinatos, los de Maximiliano Kosteki y Daría Santillán.

A sangre fría

“En cinco minutos tienen que despejar la zona”, fue la orden de Franchiotti a la primera línea de manifestantes que avanzaba hacia el Puente Pueyrredón, pero casi no dio tiempo para cumplirla, porque menos de cinco minutos después la policía empezó a disparar postas de goma, las tradicionales en la represión de las protestas, pero también balas de plomo. En medio de la confusión, los manifestantes comenzaron a dispersarse y a correr, porque no había manera de enfrentar las balas con simples palos y porque de inmediato se dieron cuenta de que los cartuchos que caían al piso disparados por la policía no solo eran los verdes de las balas de goma sino los rojos que identificaban a la munición de plomo, balas de muerte.

La multitud corrió hacia el lado del puente que lleva a la provincia con la policía detrás, disparando a mansalva. Allí se dispersó configurando tres ríos humanos por las avenidas Mitre, Belgrano y Pavón. Sobre esta última, a la altura de la Estación Avellaneda del Ferrocarril Roca, Maximiliano Kosteki, de 22 años, oriundo de Guernica, cayó herido de un balazo en la espalda. Sus compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados “Aníbal Verón” lo arrastraron dentro del hall de la estación para protegerlo, para auxiliarlo. En ese grupo había un pibe de 21 años que había llegado desde el Barrio Don Orione. Se llamaba Darío Santillán y era uno de los encargados de la seguridad de la agrupación.

Cuando ya dentro de la estación, y sin saber que estaba herido de muerte, tres o cuatro jóvenes estaban intentando auxiliar a Maximiliano, irrumpió un grupo de policías encabezado por el comisario Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Los agentes tenían sus armas desenfundadas y los chicos corrieron para escapar. Todos menos uno, Darío Santillán, que se quedó agachado junto a Kosteki y levantó una mano en un vano intento de evitar que los atacaran. Ocurrió todo lo contrario: lo obligaron a ponerse de pie y cuando estaba de espaldas le dispararon a sangre fría. Lo ejecutaron.

Herido, Santillán comenzó a retorcerse en el suelo mientras dos de los policías intentaban levantarlo. “¡Levantate, levántate!”, le gritaban mientras lo arrastraban por el suelo y su cuerpo dejaba un reguero de sangre en el hall. Al final lo dejaron tirado al lado de un kiosco, donde la sangre se hizo charco debajo del cuerpo de Darío. Allí murió.

Los policías no limpiaron la sangre sino la escena. Recogieron, apurados, los cartuchos rojos que identifican a las postas de plomo. Así podrían decir que hubo un enfrentamiento entre dos sectores de piqueteros para explicar las muertes de los dos jóvenes.

El encubrimiento y las fotos

Esa fue la versión oficial. El Gobierno intentó despegarse de las muertes ese mismo día y habló de un “complot”, con el que trató de responsabilizar a los piqueteros de sus propias muertes. “Los piqueteros se mataron entre ellos” fue la información. El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, habló de informes de inteligencia que sostenían que los piqueteros habían acordado iniciar una lucha armada en una asamblea. “En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”, dijo sin ponerse colorado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, de quien dependía la Bonaerense, no se quedó atrás en la mentira. Ese mismo día mantuvo un diálogo con la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, que lo interpeló por la represión. “Mire, Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres, quédese tranquila”, le respondió y horas más tarde recibió en su despacho al comisario Franchiotti, a quien felicitó por su desempeño.

Las mentiras oficiales se sostuvieron menos de 24 horas y fueron desbaratadas por el trabajo de dos fotógrafos que estaban cubriendo la manifestación: Sergio Kowalewski y Pepe Mateos. Mateos entró al hall de la estación y vio a Kosteki tirado en el piso. “Lo veo y automáticamente pienso que está muerto”, contará después. Vio cómo los manifestantes abandonaron corriendo la estación y Santillán se quedó al lado del cuerpo de Kosteki. En ese momento irrumpió el grupo de policías encabezado por Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Vio cómo, mientras los demás agentes se movían separados unos de otros, Fanchiotti y Acosta operaban juntos. Levantó la cámara y comenzó a gatillar. Así registró la secuencia del ingreso de la Policía bonaerense a la Estación Avellaneda y el asesinato sin contemplaciones de Santillán mientras socorría a Kosteki, ya fallecido y tendido en el suelo. Desde otro ángulo, Kowaleswski también registró el accionar de la policía. Sus fotos fueron publicadas al día siguiente en Página/12; las de Mateos, en Clarín. Las imágenes no dejaban dudas de la ejecución a sangre fría y por la espalda de Santillán, otras fotos mostraban a Franchiotti arrastrando su cuerpo por el piso de la estación. Aun así, Clarín tituló en tapa: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

Los dos fotógrafos también registraron los cartuchos rojos esparcidos por el suelo —que luego serían recogidos por los propios asesinos— y no dejaron dudas de que habían usado municiones de plomo. “Las fotos y los videos fueron en contra de esa versión, entonces, por decirlo en términos futbolísticos, quedaron en offside totalmente, lo que hizo que tuvieran que dar marcha atrás con las versiones que habían dado y reformular todo”, recordará Mateos.

Con las maniobras de encubrimiento desbaratadas, la “masacre de Avellaneda” quedó al desnudo y desató una crisis política que obligó a Eduardo Duhalde a convocar elecciones anticipadas para abril de 2003 y dejar de lado su pretensión de presentarse para un nuevo mandato presidencial.

El juicio y las condenas

La investigación de los hechos quedó a cargo del fiscal Juan José González, quien ―una vez que tuvo los resultados de las autopsias― ordenó requisar las armas de más de cien policías para identificar a quienes habían realizado los disparos mortales. Se comprobó que fueron las de Franchiotti y Acosta.

El juicio comenzó el 27 de mayo de 2005 y la sentencia se dictó el 9 de enero de 2006. El Tribunal Oral N° 7 de Lomas de Zamora condenó a Franchiotti y Acosta a cadena perpetua por doble homicidio y siete intentos de homicidio. El comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Los otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a tres y dos años de cárcel, respectivamente. El expolicía Celestino Robledo recibió la pena de diez meses por “usurpación de autoridad”, ya que actuó en la represión, aunque ya no era policía.

Las sentencias fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en diciembre de 2014 y ratificadas en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando se cumplen 24 años de la masacre de Avellaneda, el único de los condenados que sigue detrás de las rejas es el excomisario Franchiotti, a quien la Justicia le negó en reiteradas ocasiones la libertad condicional. En cambio, el cabo Acosta obtuvo este beneficio en octubre de 2024, luego de cumplir veinte años de condena.

La antigua estación Avellaneda del Ferrocarril Roca hoy se llama “Maximiliano Kosteki y Darío Santillán” en memoria y homenaje a los dos militantes populares asesinados por la policía el 24 de junio de 2002.