Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández cumple este fin de semana 100 días de gobierno, un primer tramo de gestión iniciado el 8 de mayo de 2026 y atravesado por una prioridad central en seguridad, choques con el Poder Judicial y una agenda legislativa que anticipa nuevas disputas con la oposición en la Asamblea Legislativa.

En ese balance inicial también aparecen los temas que concentraron la discusión política en los últimos meses: el conflicto por Crucitas, los señalamientos sobre un presunto golpe de Estado, las confrontaciones con distintos sectores, los planes de seguridad, las pruebas de polígrafo, los recortes presupuestarios y la propuesta de una marina en Limón.

Fernández llegó al cargo para el período 2026-2030 y, desde el arranque de la administración, colocó el combate al crimen organizado y a la delincuencia en el centro de la acción del Ejecutivo. A esa línea se sumaron movimientos en el gabinete y decisiones orientadas a empujar las prioridades del gobierno.

La discusión sobre el presupuesto nacional y las prioridades económicas también formó parte de estos primeros meses. Según lo detallan analistas políticos, uno de los rasgos que destaca el análisis sobre este período es que la mandataria mantuvo una línea clara respecto del plan de gobierno que había planteado.

La seguridad y la tensión con otros poderes marcaron el inicio del mandato

La relación con los demás Supremos Poderes quedó entre los temas más sensibles de este arranque. La presidenta mantuvo diferencias con el Poder Judicial, sobre todo después de resoluciones de la Sala Constitucional.

El vínculo con la Asamblea Legislativa también registró encuentros y desacuerdos a propósito de proyectos que el oficialismo considera prioritarios. Ese escenario, además, podría complicarse en los próximos meses, cuando avancen discusiones sobre iniciativas relevantes para la administración y la oposición tenga un papel determinante.

Ese frente legislativo incluye el proyecto de jornadas laborales 4x3, iniciativas vinculadas con seguridad y, más recientemente, una propuesta para eliminar las pensiones de los expresidentes. Medios nacionales también muestran que Fernández devolvió al centro del debate nacional proyectos planteados en la gestión de Rodrigo Chaves, entre ellos las jornadas excepcionales 4x3 y la explotación minera en Crucitas.

La combinación entre agenda oficialista y resistencia parlamentaria abre la puerta a nuevos choques entre el Ejecutivo y las fracciones que no respalden las iniciativas del gobierno. Esa posibilidad ya aparece mencionada en el análisis sobre lo que viene para la administración.

El Ejecutivo convocó una reunión entre presidentes de los Supremos Poderes para el 21 de agosto

En medio de los llamados al diálogo entre autoridades del país, Fernández convocó a los presidentes de los Supremos Poderes a una reunión para el próximo 21 de agosto. La cita llega después de semanas de fricciones institucionales y se inscribe en un contexto de diferencias abiertas entre el Ejecutivo y otros actores del sistema político.

El primer ciclo de gobierno de Fernández, quedó definido por una ruta política marcada por la seguridad ciudadana, la tensión institucional y una agenda que ya provoca fricción con sectores judiciales y legislativos. En los meses que siguen, el peso de la oposición en la Asamblea será determinante para el destino de los proyectos que la Casa Presidencial propone convertir en ley.