“Cara la jodita”: un papá recibió una intimación millonaria por las amenazas de tiroteo que hizo su hijo en una escuela

Luego de varios días en los que se registraron amenazas de tiroteos en varias escuelas de todo el país, este lunes la provincia de Santa Fe entregó la primera intimación a los padres de uno de los menores identificados por los escritos que se encontraron en baños y carteles por los establecimientos.

Según informaron desde el gobierno santafesino, se trata de la primera notificación que entregaron las autoridades en el marco de la identificación de 73 responsables por las amenazas que se realizaron en instituciones de la provincia. En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que el monto total de la intimación fue de 6.024.944 pesos.

En un video que compartió el gobernador Maximiliano Pullaro se escuchó la reacción del papá del menor una vez que conoció el valor de la intimación, que fue equivalente al dinero que se gastó en el operativo por la falsa amenaza: "Cara la jodita“.

Todo esto surgió en el marco de la creciente preocupación por los mensajes intimidatorios en escuelas, tras el trágico hecho que se registró en una escuela de San Cristobal. Así, el gobierno provincial avanzó con una política de acción patrimonial y administrativa para recuperar los gastos generados por los operativos policiales. La medida busca que los adultos responsables de los menores identificados respondan económicamente por las intervenciones desencadenadas a raíz de las amenazas.

La notificación, entregada en la ciudad de Santa Fe, fue dirigida a ambos progenitores y detalla el monto de la deuda, los medios de pago y el plazo para abonar, que es de cinco días. Finalizado ese lapso, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado para continuar el procedimiento de cobro.

La decisión de intimar a los adultos responsables responde a la magnitud de los recursos estatales afectados en cada operativo. El ministro explicó que el monto exigido corresponde al costo exacto del despliegue policial, incluyendo combustible, utilización de vehículos, intervención de brigadas especializadas como las de explosivos y horas de servicio del personal involucrado. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, sostuvo Cococcioni durante la conferencia de prensa.

Las autoridades de Santa Fe informaron que hasta el momento se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica más de setenta personas involucradas, ya que, en algunos casos, existen varios autores o varios adultos responsables por cada amenaza. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, detalló el funcionario.

El procedimiento no solo involucra a quienes realizaron los mensajes, sino también a los adultos responsables, quienes deberán abonar la suma reclamada como responsables solidarios. El gobierno provincial aclaró que esta medida se encuadra dentro de una indemnización civil para resarcir el daño ocasionado por la movilización de recursos públicos. No se trata de una multa ni de una sanción penal, sino de una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Esta modalidad habilita, en caso de incumplimiento, embargos sobre sueldos o la inhibición de bienes a los intimados.

El caso de la primera notificación se convirtió en referencia para el resto de los procedimientos, ya que durante la jornada se prevé el despacho de nuevas intimaciones similares a otros adultos identificados. El monto total de los reclamos podría superar los 250 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones oficiales, cifra que irá en aumento a medida que la Fiscalía continúe validando identidades y sumando nuevos hechos.

Santa Fe se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de amenazas en instituciones educativas durante las últimas semanas. La decisión de trasladar las consecuencias económicas a los adultos responsables busca sentar un precedente y desalentar este tipo de conductas, según indican fuentes oficiales. Las autoridades remarcaron que el objetivo es que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias de los actos cometidos por sus hijos y eviten así el avance hacia instancias judiciales más complejas.

La identificación de los autores de los mensajes intimidatorios se realizó tras una investigación coordinada entre la Policía provincial y la Fiscalía, que obtuvo registros y testimonios en cada caso reportado en las escuelas. De acuerdo con los datos oficiales, en la mayoría de las situaciones los menores actuaron en solitario, aunque se detectaron casos con participación de varios estudiantes.