Juzgarán a diez policías de la Bonaerense por el crimen de una mujer trans en una comisaría de Pilar

Después de varias idas y vueltas en la causa que investiga el travesticidio de Sofía Fernández en una comisaría de Pilar, todos los policías, incluso los que habían sido sobreseídos en un principio, irán a juicio.

Así lo dispuso la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que confirmó la elevación a juicio oral, aunque no indicaron cuándo será la fecha exacta en la que se inicie el proceso contra los oficiales.

De acuerdo con lo que informó el portal Pilardetodos, algunos enfrentan cargos de homicidio calificado con pena de prisión perpetua, mientras que otros están imputados por encubrimiento agravado, un delito de carácter correccional. Son J. I. N., C. M. R., V. E. R., E. F. A. I., G. G. R., D. E. S., M. E. V., C. B. P., G. I. M. y G. G. C.

El abogado de la querella, Ignacio Fernández Camillo, representante legal de la familia de Sofía, explicó a FM Estudio 2 que si alguno de los tres acusados por homicidio opta por juicio por jurados, podría abrirse un debate paralelo al del resto. El trámite por los delitos correccionales, a su vez, podría tramitarse en un juzgado correccional independiente. En cuanto a los tiempos, el letrado advirtió que algunos tribunales están otorgando fechas para 2028.

El letrado describió el proceso como “casi 2 años de investigación, y un año y varios meses de una etapa intermedia compleja con un arbitrario sobreseimiento dictado por el juez de Garantías de Pilar, a 9 de los 10 policías involucrados”.

Al inicio de la investigación, los imputados estuvieron detenidos junto a C. M. R. —quien continuó tras las rejas hasta mayo de 2025—, pero quedaron en libertad y fueron absueltos tras una resolución judicial que determinó la falta de pruebas suficientes en contra de los agentes.

A pesar del pedido de absolución formulado por el abogado defensor de C. M. R., Francisco Oneto, el juez rechazó el planteo y ordenó la elevación a juicio de la causa. El acusado, que se desempeñaba como oficial ayudante en la Comisaría 5ª de Presidente Derqui al momento del crimen de Fernández, sería juzgado por homicidio agravado por odio a la identidad de género, concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de un hecho perpetrado por un integrante de la fuerza policial.

La investigación determinó que el agente fue el único que tuvo acceso a la celda de Fernández durante el rango horario en el que fue asesinada.

El juez Walter Saettone, del Juzgado 7 de San Isidro, intentó en reiteradas oportunidades retirar el agravante de odio e identidad de género, pero no lo logró. Para la querella, ese agravante no se limitaba al momento del crimen. “El odio a la identidad de género tuvo, sin dudas, varias etapas y la historicidad respecto de la vida de Sofía, pero en lo que hace a los hechos, empezó mucho antes que la acción”, sostuvo Fernández Camillo.

En mayo de 2024, pidieron apartar al magistrado bajo el argumento de que el titular del Juzgado de Garantías Nº7 de Pilar había perdido "la objetividad que el caso requiere y su función exige".

El crimen

Sofía Fernández tenía 39 años cuando su cuerpo fue hallado en los calabozos de la Comisaría 5ª de Presidente Derqui a fines de abril de 2023. Había ingresado a esa dependencia días antes, detenida por robo por escalamiento, según detallaron fuentes del caso a Infobae.

El hallazgo del cadáver no fue producto de una inspección de rutina. Los investigadores determinaron que fue encontrado de manera fortuita durante una revisión del buzón externo del establecimiento. Tras el descubrimiento, efectivos policiales y una psicóloga del municipio se presentaron ante los familiares para comunicarles el fallecimiento.

En ese primer contacto, las autoridades les informaron que Fernández habría muerto de forma súbita. Los resultados de la autopsia contradijeron esa versión señalando que la causa real del deceso fue asfixia. “Una insuficiencia respiratoria ocasionada por una obstrucción por restos textiles y ropa interior en la vía aérea superior”, mediante un mecanismo violento.

Con ese dato en mano, la familia presentó una denuncia contra los agentes de la comisaría, a quienes acusó de haberla asesinado y de haber simulado un suicidio.