Ratificaron la condena a un ex policía de Chubut por extorsionar a un preso para que le entregara su camioneta

La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la condena a seis años de prisión para el oficial subinspector de la Policía del Chubut, Juan Emilio Llaipén, luego de que fuera hallado culpable de extorsionar a un detenido por medio del uso de su arma reglamentaria y su posición de poder para obtener la firma de una transferencia vehicular.

A través del fallo que se dio a conocer este jueves, el tribunal consideró acreditado que el 30 de mayo de 2024, entre las 14:31 y las 15:22 horas, Llaipén ingresó al sector de calabozos de la Comisaría Distrito Primera de Esquel para chantajear al denunciante.

En ese contexto, los magistrados destacaron que el ex oficial de Policía se valió de la vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba bajo prisión preventiva, para intimidarlo tanto verbalmente como mediante la exhibición de su arma.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut, el objetivo fue forzar al detenido a firmar el formulario “08” para transferir una camioneta Toyota Hilux. Sin embargo, descartaron que buscara poner el vehículo a su nombre, sino que iba a utilizar el de un tercero, identificado como L. M.

En este sentido, la investigación penal demostró que Llaipén amenazó al detenido con represalias físicas y el traslado a un pabellón de mayor peligrosidad si no accedía a firmar. En su accionar, el oficial llegó a expresar: “Te doy dos opciones: o firmás o firmás. Si no lo firmás, te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1”.

A pesar de que los jueces consideraron al hecho como un “caso difícil” de probar, debido a que todo sucedió en un contexto de encierro y sin testigos civiles, destacaron que el testimonio de la víctima resultó clave y fue respaldado por diversas pruebas materiales.

En ese sentido, el tribunal corroboró que el acusado estuvo en la celda del denunciante, debido a que la maniobra quedó filmada por las cámaras de seguridad. Según indicaron, estas captaron el momento en que el efectivo exhibió su arma y la entregó a un subalterno dentro de la celda.

De la misma manera, en el proceso de investigación, se descubrieron chats cruzados entre el policía y el beneficiario del vehículo donde coordinaban la maniobra y celebraban la obtención de la firma, así como la organización del pago por los servicios prestados. Incluso, en uno de los mensajes revelaba la intención de atemorizar a la familia del detenido para asegurar la cooperación.

En el expediente también se incorporó la declaración de la escribana interviniente, quien confirmó haber sido contratada por Miguel y relató que Llaipén le pidió no hablar con el detenido. Asimismo, la profesional observó que la víctima, al momento de firmar, no comprendía plenamente la situación.

Además, se acreditó que el ex oficial de policía recibió una transferencia de $500.000 en su cuenta de Mercado Pago, sumado a que el pago se realizó inmediatamente después del hecho. Por esta razón, la Cámara en lo Penal sostuvo que su accionar fue deliberado, clandestino y con fines de lucro, lo que dejó en evidencia el dolo necesario para configurar el delito de extorsión.

En línea con esto, el tribunal consideró que la pena de seis años de prisión es proporcional, dada la gravedad de que el autor fuese un funcionario público uniformado, responsable de garantizar la seguridad y custodia de los ciudadanos.

Finalmente, la sentencia quedó firme tras el rechazo a los planteos de arbitrariedad y la convalidación de la hipótesis acusatoria de la Fiscalía, que ya había obtenido la condena original ante un Tribunal Mixto en octubre del año pasado.