Dirigentes “borrados”, una CGT sin representación y legisladores que vaciaban sus despachos: las últimas horas de democracia

El martes 23 el periodismo remarcó las indecisiones y las idas y vueltas que reinaba entre los dirigentes gremiales, porque por un lado ignoraban qué se discutía en las reuniones que se llevaban a puertas cerradas en la Casa Rosada entre la presidente y su gabinete y además, llamaba la atención la inusitada movilización, en la ciudad, de fuerzas de ejército y de la armada.

Al parecer, Isabel quería saber con qué información contaban sus ministros, si era cierto lo del golpe militar, si ocurriría en las próximas horas o si aún había margen de acción.

Los jefes sindicales coincidieron en darle la razón a Lorenzo Miguel, referente indiscutido de la UOM y de las 62 Organizaciones, quien el jueves 19 había vaticinado que el golpe militar era inminente.

El que estuvo rápido de reflejos fue Casildo Herreras, secretario general de la CGT, quien el sábado viajó en catamarán a Montevideo. La excusa fue la de participar de una reunión organizada por la AFL-CIOS, Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la mayor central obrera norteamericana y canadiense, de buenas relaciones con el sindicalismo peronista, a fin de reformular los estatutos de la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT). Al día siguiente también se sumó una delegación del consejo directivo de la central obrera para estar en esa reunión.

En Buenos Aires la CGT quedó al mando de Adalberto Wilmer, del gremio de Luz y Fuerza, quien se desempeñaba como secretario adjunto. Como todos miraban qué haría la central obrera, descontaban que cualquier decisión que ella tomase no tendría peso, ya que la cúpula no estaba en el país. Más aún, si esa decisión tendría que ver con “los acontecimientos” que se veían venir, una forma elíptica de referirse al “golpe”.

Otros dirigentes gremiales, acompañados por sus familias, también decidieron dejar la ciudad y se trasladaron a distintos puntos del interior del país, argumentando “razones de seguridad”.

En el Congreso, los legisladores vaciaban sus despachos, se llevaban sus papeles y efectos personales, hasta algunos tuvieron la ocurrencia de solicitar un adelanto de sus dietas, ya que las portadas de los diarios de ese día eran por demás pesimistas, con titulares como “Es inminente el final” o “Inminencia de cambios en el país”.

Oscar Alende, presidente del Partido Intransigente, hablaría al país por cadena nacional a las ocho y media de la noche. “La legalidad debe ser el instrumento de lucha contra el privilegio de afuera y de adentro”, sostuvo.

Casildo Herreras había nacido en Villa Devoto el 21 de octubre de 1928 y a los 17 años entró a trabajar en la fábrica Grafa. Se involucró en la vida sindical en la Asociación Obrera Textil, donde llegó a ser su secretario general. También pesaba en las 62 Organizaciones, y luego alcanzó en 1975 el secretariado general en la CGT.

Junto a Lorenzo Miguel fue el impulsor del paro general del 27 de junio de 1975 contra el gobierno de Isabel Perón. Era la primera medida de fuerza de esa naturaleza que se hacía a un gobierno peronista y era en respuesta al plan de ajuste de Celestino Rodrigo, ministro de Economía, que había dado a conocer el día 4. De todas formas, en esa monumental movilización que copó la Plaza de Mayo, no estuvieron ni él ni Miguel, entonces representando al sindicalismo en la OIT, en Ginebra.

Los primeros coletazos por la movilización se hicieron sentir tres semanas después cuando el intrigante ministro José López Rega renunciaba y era enviado a una misión al exterior.

Ese martes 23 los dirigentes estaban pendientes si el ministro de Trabajo Miguel Unamuno -un gremialista de 42 años de la Asociación Bancaria quien el 3 de febrero de ese año había reemplazado a Carlos Ruckauf- se reuniría con ellos para preguntarles cuál era la posición del mundo trabajador ante la situación que se desarrollaba. Algunos seguramente fantaseaban con recrear esa asociación cómplice que tuvieron entonces con el general Onganía cuando derrocó al gobierno constitucional de Arturo Illia diez años atrás.

Al mediodía el ministro de Defensa José Deheza, que había asumido la cartera el 12, se reunió con los comandantes militares y les propuso la conformación de un gobierno de unidad nacional. Acordaron volver a reunirse a las siete de la tarde, ocasión en la que Deheza ofreció adelantar las elecciones presidenciales y además propuso que el candidato oficialista fuera propuesto por las fuerzas armadas.

Como los jefes militares pidieron pensar esas opciones, Deheza le llevó a Isabel una respuesta tranquilizadora, con el convencimiento de que aún había margen de negociación. Pero a la noche, efectivos de la marina ocuparon el Palacio Pizzurno y a la madrugada, cuando ella abordaba el helicóptero para llevarla a Olivos, la detendrían.

Herreras pidió asilo en la embajada mexicana en la capital uruguaya y se terminaría exiliando en España. Allí vivió gracias a la ayuda de la central obrera española, de la Organización Internacional del Trabajo y de algunos sindicatos extranjeros.

Siempre negó y juró no haber dicho a un periodista en Uruguay “yo me borré”, que había viajado el 20 al Uruguay “por un compromiso político” y que, luego del golpe del 24, había querido regresar pero que no había podido hacerlo.

Lo cierto es que todos le habían soltado la mano y lo consideraban “un muerto político”. Con la junta militar en el poder, trascendió que se pediría su extradición por algunas causas derivadas de delitos financieros.

Volvió a la Argentina en 1983 y se lo solía ver tomar café en la Recoleta. Falleció el 12 de agosto de 1997, jurando y perjurando que él no se había borrado. Aunque todo indicase lo contrario.