Tensión en la Villa 31: el Gobierno porteño avanza con clausuras de locales y crece el reclamo de los vecinos

Ninguno de los más de 1.500 comercios del Barrio Mugica (ex Villa 31) cumple con la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y ordenamiento, de acuerdo con datos relevados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

Con ese diagnóstico, el Ejecutivo porteño avanzó con un plan para frenar la ocupación del espacio público y clausurar locales. Del otro lado, los vecinos denuncian que las trabas para sostener su actividad se originan en la falta de urbanización del barrio: “Queremos pagar todos los servicios”.

“Desde 1930 hasta 2016, la Villa 31 fue creciendo sin ningún tipo de control y regulación, lo que favoreció la apropiación del espacio público para usos privados, tanto habitacionales como comerciales”, argumentaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

En diálogo con Infobae, la cartera de Gabriel Mraida explicó que la problemática debería haberse resuelto con la Ley 6129, que dispuso la reurbanización e integración social y urbana de la ex Villa 31.

Sin embargo, señalaron que en los últimos años la situación volvió a resurgir: “Cuando se solicitó la factibilidad de los servicios públicos de agua y luz por cantidad de habitantes censados, aproximadamente 39.000 personas vivían en un radio de 72 hectáreas”. Hoy se estima que viven unas 45 mil.

En esa línea, en los últimos meses se registraron intentos de ocupación de nuevos terrenos, que eran ofrecidos a unos 20.000 dólares por lote.

“Así como se hace en toda la Ciudad, el Gobierno porteño también trabaja en ponerle fin al desorden en el Barrio 31. El plan de ordenamiento implica fortalecer la integración urbana y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan”, siguieron.

En el “plan de ordenamiento” actúan en conjunto la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las principales líneas de acción del operativo se incluyen: liberar calles y veredas ocupadas indebidamente, monitoreo y fiscalización permanentes, y la clausura -sin posibilidad de regularización- de ciertas actividades.

Según indicaron, esta intervención se fundamenta en el incumplimiento de los objetivos de urbanización planteados desde 2016. Uno de los ejes centrales era regular el crecimiento del barrio para evitar que se volviera desmedido y terminara afectando a los propios vecinos.

La cartera también denunció la venta de viviendas asignadas por el propio Gobierno, la comercialización de techos para construir en altura, y alquileres informales que van desde los 300 mil hasta el millón de pesos, así como locales que alcanzan valores de hasta 1.800.000 pesos.

En cuanto a las actividades comerciales, señalaron: “Directamente se han instalado corralones de materiales, cuya actividad no está permitida dentro de los cuadros de uso de la Ley 6129″.

El Ejecutivo definió una serie de acciones para reorganizar el uso del espacio público. Dispuso la realización de operativos que buscan liberar calles y veredas ocupadas de manera irregular, así como el refuerzo del control y la fiscalización a través del trabajo conjunto de distintas áreas municipales.

La estrategia incluye campañas para concientizar sobre la importancia de respetar el espacio público y la clausura inmediata de actividades no permitidas por la Ley 6129, sin opción a regularización. Además, los responsables de establecimientos con problemas edilicios serán notificados. Los locales que se encuentren habilitados podrán ponerse en regla si aún no lo han hecho.

Hasta el momento, el plan permitió liberar la calle Vicuña, paralela a la Autopista Illia en el sector ferroviario, desmantelar una gomería instalada sobre un colectivo viejo, desarmar un taller de chapa ubicado sobre la calzada de la calle Prefectura Naval, y retirar un lavadero de autos y gomería con una construcción ilegal que alcanzaba la mitad de la calzada en la intersección de Chejolán y Ramón Castillo.

Además, se removieron tres carteles publicitarios montados sobre una estructura informal en la Autopista Illia mano al centro, se realizaron operativos de ordenamiento urbano y recuperación del espacio público en las calles Colibrí y Flor de Otoño, ambas en el sector San Martín, se clausuraron dos corralones en los sectores Cristo Obrero y Ferroviario, uno más en el sector Viviendas Nuevas, dos distribuidoras de bebidas en los sectores Güemes y Cristo Obrero, y tres metaleras en el sector San Martín.

“La idea es sacarnos a todos de acá”

En paralelo, comerciantes del Barrio Mugica denuncian que las clausuras avanzan sin respuestas ni alternativas. “Tengo una verdulería y estoy en la parte de Cristo Obrero. La verdad es que no nos dicen nada, no nos dan una solución. Ellos no vienen para solucionar el tema, vienen para crear el problema. La idea es sacarnos a todos de acá”, aseguró un vecino al respecto.

En declaraciones a Urbana Tevé, siguió: “Te piden habilitación, ¿cómo vas a habilitar si no está urbanizado esto? No tiene título de propiedad, no pagamos luz, agua. No dejan trabajar a la gente".

“Nosotros no somos quilomberos, somos trabajadores. Hoy nos sentimos robados y acorralados. Ni en nuestra casa porque ya no es nuestra casa”, agregó otro vecino. “Hoy le clausuran a ella, a nosotros nos clausuran mañana y después sigue otro, ¿y cómo seguimos laburando?“, continuó una mujer.

Durante la asamblea del Consejo de Gestión Participativa (CGP), realizada días atrás, una panadera contó que le clausuraron su comercio en septiembre del año pasado, del que dependen ella, su esposo y sus tres hijos.

“Intentamos volver a abrirlo y no podemos hacerlo por el tema de que nos piden la habilitación. No podemos tenerla. No es que no queramos pagar la luz, el gas, el agua; es que no nos hicieron la urbanización. Queremos la urbanización, queremos pagar todos los servicios”, lamentó Alicia.