Ciudadanía italiana: el gobierno de Giorgia Meloni limitó el derecho a solicitarla a dos generaciones

Una restricción aplicada este viernes por el gobierno de Giorgia Meloni pone en jaque a una gran cantidad de argentinos que desean solicitar la ciudadanía italiana. A partir de las nuevas condiciones de naturalización por derecho de sangre, la misma fue limitada a dos generaciones. Desde ahora, es necesario tener padre o abuelo nacido en Italia para obtener la nacionalidad.

Es una reforma importante del ius sanguinis por parte del Consejo de Ministros, ya que antes era suficiente con un bisabuelo o incluso un tatarabuelo nacido en suelo italiano para poder tramitar la ciudadanía.

Si bien no se brindaron detalles específicos al respecto, se espera en un futuro cercano que incluso se endurezcan las normas, ya que un integrante del Consejo llamó a “mantener lazos reales” con su país e indicó que se buscará la obligatoriedad de ejercer “los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años”.

“El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana”, afirmó Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Sin embargo, aclaró que “se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la ‘comercialización’ de los pasaportes italianos”.

“La nacionalidad debe ser una cosa seria”, sentenció el funcionario.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano puso como ejemplo a Argentina, que tiene la mayor comunidad de inmigrantes italianos, donde 20.000 descendientes obtuvieron la nacionalidad del país europeo en 2023 en virtud del derecho de sangre, mientras que en 2024 lo hicieron 30.000.

A su vez, en Brasil, otro país con una gran colectividad italiana, 14.000 personas obtuvieron la nacionalidad en 2022 y 20.000 en 2024, según la misma fuente.

Según un cálculo del ministerio italiano de Asuntos exteriores, con la ley que estaba en vigor hasta este viernes, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.

Qué es el <i>ius sanguinis</i>

Italia, con su rica historia y extensa diáspora, mantiene durante décadas un fuerte vínculo con sus descendientes a través del principio de ius sanguinis. Esta herramienta jurídica, que permite transmitir la ciudadanía a hijos y nietos sin importar en qué lugar residan, es fundamental para preservar la identidad cultural de millones de personas.

Este término, que en latín significa “derecho de sangre”, establece que la nacionalidad de un país puede heredarse de manera automática a través de la línea familiar, sin importar el lugar de nacimiento. Se trata de un puente emocional y cultural que mantiene vivas las raíces de este país europeo más allá de sus fronteras.

Esta ley es especialmente relevante en Brasil, Argentina y Estados Unidos, sitios que albergan grandes comunidades de descendientes de italianos. Según la normativa actual, cualquier persona con ascendencia italiana puede solicitar la ciudadanía, siempre y cuando se demuestre un vínculo genealógico ininterrumpido.

A pesar de su relevancia histórica, el sistema vigente muestra importantes limitaciones administrativas. Las oficinas consulares, especialmente en países con una alta demanda, están desbordadas de solicitudes. En algunos casos, los tiempos de espera pueden superar los diez años.

Es por eso que las autoridades locales llevan meses pensando en modernizar el ius sanguinis y hacerlo más acorde con las necesidades del siglo XXI. La primera reforma fue la aplicada este viernes, restringiendo la transmisión de la ciudadanía a la primera o segunda generación y excluyendo a los descendientes más lejanos.

En un futuro próximo, no se descarta que se vaya por exigencias relacionadas a otros dos aspectos:

• Requisitos lingüísticos y culturales: Exigir conocimiento certificado de la lengua italiana y demostración de vínculos concretos con la cultura y el territorio.
• Domicilio o residencia: Notificar el traslado al país como condición para el reconocimiento de la ciudadanía.