Detuvieron a un argentino en El Salvador acusado de ser parte de una banda colombiana: “Él es inocente”

Alejo Arias González tenía en claro su objetivo cuando dejó su natal Mendoza el pasado 6 de marzo para instalarse en El Salvador: trabajar, ahorrar y con ese dinero pagarse su carrera de radiólogo en Argentina. Iba a hacerlo como empleado de una financiera que lo había contratado antes de viajar. Sin embargo, a menos de cuatro meses de su llegada, cayó en prisión. Su familia denuncia que está detenido por una falsa acusación. Ahora, lleva 20 días en la cárcel, en uno de los países con el régimen carcelario más duro de la región.

Está alojado en el centro penitenciario El Penalito, ubicado en San Salvador, a donde fue trasladado el pasado 14 de julio cuando la Policía lo interceptó en la puerta de su condominio: lo acusaron de formar parte de una asociación ilícita de origen colombiana que se dedicaba al lavado de dinero y que era perseguida por el gobierno del presidente Bukele. La banda fue desbaratada y, en consecuencia, capturaron a 110 sospechosos. Entre ellos el joven mendocino, el único argentino.

“Mi hijo es inocente, cayó en una red. Fue sometido a un trabajo ilegal, pero él no lo sabía. Estamos viviendo una pesadilla”, asegura en diálogo con Infobae Sandra González, la madre del joven de 24 años que pide desesperadamente ayuda para que lo liberen.

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La mujer define la situación como un calvario. Según relató a este medio, Alejo se había mudado a Centroamérica con una propuesta de trabajo que consistía en ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la compañía. “Se enteró del puesto porque uno de sus primos ya estaba trabajando allá. Él también fue engañado. Nosotros no sabíamos que la empresa era ilegal, sino nunca hubiera ido”, remarca la madre.

El plan del mendocino -oriundo de la ciudad de Rivadavia- era mudarse por seis meses y luego volver al país para retomar sus estudios en la universidad, donde cursaba la carrera de radiología. De hecho, su pasaporte se vence el próximo 6 de septiembre. No obstante, ahora podría quedar preso en El Salvador entre seis meses y un año.

“Fue procesado y detenido por haber caído en el engaño de esta microfinanciera colombiana. Según nos dijeron, puede estar hasta un año en las cárceles sin celular ni visitas. Mis sobrinos, que se habían sumado al viaje con él, tuvieron que volver porque les dijeron que estaban en peligro. Les dieron 72 horas a cualquier ciudadano extranjero que estuviera trabajando en ese país para irse”, contextualiza Sandra sobre la situación.

El joven está detenido junto a 105 colombianos, un guatemalteco y tres salvadoreños, todos vinculados a la compañía que, de acuerdo a una investigación de las autoridades nacionales, recurría a mecanismos ilícitos para obtener el pago de los préstamos.

En este sentido, uno de los factores que agravan el episodio e incrementa la preocupación de los familiares de Arias es el accionar que tiene la gestión de Nayib Bukele ante la delincuencia.

En El Salvador, los presos son sometidos a fuertes castigos y a una excesiva violencia de parte de las fuerzas de seguridad por orden del mandatario, quien implementó un duro régimen contra los delincuentes en el marco de una política “para disminuir los delitos a nivel nacional”.

Según los últimos informes que trascendieron, desde que este empezó a regir hasta fines de mayo, ya eran más de 150 los fallecidos en las cárceles del país.

En este escenario, la mamá del joven dice estar preocupada porque hace más de 48 horas no sabe nada de su hijo.

“Cuando lo detuvieron, el cónsul se comunicó con nosotros para informarnos la situación. Nos dijeron que él estaba bien y le pusieron una abogada que nos iba manteniendo al tanto. Pero ahora ella desapareció: no nos responde hace días y no tenemos manera de saber nada”, cuenta la mujer.

La familia de Alejo se comunicó tanto con la embajada como con la cancillería de Argentina y de El Salvador, pero no obtuvieron ninguna respuesta alentadora. “Nos dicen que a nivel judicial o penal no pueden hacer nada. Mi hijo es inocente. Queremos que lo liberen o, al menos, que lo deporten a Argentina”, reza Sandra González entre la angustia y la desesperación.

Y concluye con un pedido a las autoridades: “Nuestra situación económica no nos permite viajar. Yo soy ama de casa, mi esposo, empleado de comercio. Trabajamos el día a día. No sabemos nada de nuestro hijo y no sabemos qué hacer para ayudarlo. Queremos que investiguen su caso, que alguien nos dé una solución”, cierra.

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