Miles de efectivos de las fuerzas de élite del ejército y de la policía de El Salvador perseguían el miércoles a grupos remanentes de las pandillas que según las autoridades se han refugiado en las zonas rurales y montañosas del departamento de Cabañas, en el centro del país.
El presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de más de 8.000 efectivos del ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) para perseguir y capturar a un grupo de pandilleros que el fin de semana emboscaron a una patrulla y dos policías resultaron con heridas de bala.
“Hemos prácticamente cerrado los 1.100 kilómetros cuadrados del departamento de Cabañas, al noreste de la capital. Sabemos que las pandillas han cambiado de estrategia, se han ido a las zonas rurales, boscosas y están en las montañas”, dijo a periodistas el director general de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
La PNC informó que en las primeras horas del operativo que comenzó la víspera las fuerzas especiales capturaron en Ilobasco, 60 kilómetros al noreste de San Salvador, a dos miembros de la pandilla Barrio 18.
Uno de los pandilleros que fue identificado como Salvador Flores Flores, alias Cruzito, intentó esconderse en una fosa séptica para evadir a la policía. También fue capturado José Antonio Flores Hernández, alias Parca. Ambos serán procesados por el delito de agrupación ilícita y “pasarán décadas en la cárcel por otros delitos que aún quedan pendientes que pagar”, dijo la PNC en un informe publicado en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.
Arriaza Chicas explicó que se ha tomado el control de las carreteras y calles del departamento de Cabañas, donde se hacen registros de todas las personas y de los vehículos que entran y salen de la zona, “para evitar que se trasladen delincuentes”.
El presidente Bukele aseguró en su cuenta de X que con la estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno “han desarticulado a las pandillas, obligándolas a emigrar de los grandes centros urbanos a esconderse en las zonas rurales... fuera de su hábitat natural”.
Bukele advirtió que el cerco continuará y “ningún pandillero podará salir mientras nuestros equipos de extracción se encargan de sacarlos de sus escondites”.
Éste es el quinto cerco de seguridad que implementa el gobierno salvadoreño. El primero fue en octubre de 2022 en el municipio de Comasagua, en departamento de La Libertad, al suroeste de la capital, luego de que pandilleros asesinaron a un campesino.
El más grande de estos operativos se implementó en Soyapango, cuando el 2 de diciembre Bukele ordenó el despliegue de más de 10.000 efectivos para cercar completamente a ese municipio, el tercero más populoso del país y ubicado en la periferia norte de la capital. Ocho meses después las fuerzas de seguridad mantienen el control de la zona, donde aseguran que han desarticulado a estas estructuras criminales.
Desde el 27 de marzo del año pasado rige en el país un estado de excepción promovido por el presidente Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra las estructuras criminales que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, el de tener asistencia de un abogado y el de conocer las razones de una detención. Esto le ha conllevado duras críticas de organismos de derechos humanos.
Bajo el régimen excepción, aprobado por el Congreso, más de 71.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría por el delito de agrupación ilícita. De ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, está en prisión sin condena firme. A su vez, más de 5.000 personas han sido liberadas por las autoridades debido a que nunca se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han rechazado las políticas de seguridad de Bukele porque aseguran que viola los derechos de la población y que las fuerzas de seguridad cometen reiterados abusos, incluida la muerte de personas bajo custodia del Estado. Sin embargo, la popularidad del mandatario se mantiene por encima del 80%. La mayoría de los salvadoreños también aprueba el estado de excepción.
En 2015 El Salvador, en ese momento considerado uno de los país más violentos del mundo, registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En lo que va de este año la policía documentó 115 homicidios, un 76% menos que los 471 contabilizados en el mismo período de año 2022.
(Con información de AP)
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