De los libros parroquiales al DNI no binario: la historia de los documentos de identidad de los argentinos

Fue por una disposición nacida de una dictadura. El artículo quinto del Estatuto de la Revolución Argentina habilitaba al general Juan Carlos Onganía, presidente de facto, a promulgar la ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. El inciso c del artículo 2° establecía la expedición de un documento nacional de identidad.

Nacía el DNI.

El Documento Nacional de Identidad fue una idea de Francisco Franco, que lo puso en práctica en España a través de un decreto del 2 de marzo de 1944. Se lo llamó carné de identidad y el empadronamiento fue escalonado: primero los presos, luego las personas con causas judiciales; después vinieron los individuos que cambiaban de domicilio con frecuencia, los hombres que vivían en grandes ciudades y así hasta llegar al total de la población.

En nuestro país fue una sucesión natural que había comenzado con la libreta de enrolamiento, aunque el asunto de identificación de las personas había comenzado mucho tiempo atrás.

El 13 de julio de 1573 el rey de España Felipe II promulgó las “Ordenanzas de Descubrimientos, nueva población y pacificación de Las Indias”, un compendio de 148 capítulos que establecían las regulaciones de los descubrimientos, las nuevas poblaciones y pacificaciones. En ese documento se le indicó a la Iglesia Católica encargarse de los registros de los bautismos, matrimonios e inhumaciones. Fue el origen de los registros parroquiales.

Por siglos estos mamotretos ajados por el tiempo, la humedad y los insectos fueron la única fuente de información que se tenía de la población, y su existencia peligraba en caso de un incendio, que podía reducir a cenizar los únicos datos de la misma. Como la gente se bautizaba en la fe católica y se enterraban en los cementerios administrados por la iglesia -por eso la denominación de “camposantos”- el monopolio del quién es quién en el país le correspondía a la iglesia.

Cuando Valentín Alsina fue gobernador de la provincia de Buenos Aires dispuso que las iglesias, que hacían casi 300 años que venían ocupándose del tema, llevasen también otro libro parroquial que debían entregar a la administración de gobierno. Así hasta la presidencia de Julio A. Roca cuando se creó el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Eran tiempos de la separación de la iglesia del Estado.

Por la ley 1565 de octubre de 1884, que entró en vigencia en 1886, entraron a regir libros donde se asentaban los datos, organizados y administrados por el Estado.

Fue gracias a la ley 8129, sancionada el 4 de julio de 1911 que establecía el Enrolamiento General. Todo ciudadano varón, al cumplir los 18 años, tenía la obligación de enrolarse, trámite que podía hacerse en los distritos militares y en las oficinas del registro civil, requisito del que estaban exceptuados los inmigrantes. De todas maneras la puerta estaba abierta para que ellos tomasen la nacionalidad argentina para integrarlos junto a sus hijos y así contribuir a la cohesión en la sociedad, bastante fragmentada por ese shock demográfico que supusieron las distintas olas inmigratorias.

Cada uno que se registraba recibía una Libreta de Enrolamiento.

Esta norma, junto a la 8130 del Padrón Electoral, fueron esenciales para el éxito de la ley Sáenz Peña del voto secreto y obligatorio. Los padrones elaborados a partir del enrolamiento de los hombres en el servicio militar, que regía a partir de la ley 4031 de diciembre de 1901, fueron de suma utilidad para la organización de los comicios.

En cuanto a la Libreta Cívica apareció cuando las mujeres adquirieron el derecho a votar, a partir de una ley sancionada en el año 1947 durante el gobierno de Juan D. Perón. Pero como las mujeres no hacían el servicio militar, se requirieron de casi cuatro años para elaborar un padrón femenino y así ellas votaron por primera vez en las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1951. Un ejército de censistas recorrió casa por casa de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche durante esos años, y a través de una intensa campaña publicitaria se alentaba a las mujeres a empadronarse.

A comienzos del siglo veinte, la Policía emitía la Cédula de Identidad, para asegurarse que la persona no contase con causas judiciales ni antecedentes penales. Este documento dejó de regir en marzo de 2011. Según el Museo Policial Argentino, la primera cédula se expidió en 1907 y el privilegio del número 1 le correspondió a su creador, el comisario José Gregorio Rossi, un rosarino que implementó el sistema de identificación dactiloscópica de Juan Vucetich y el prontuario.

En el año 2009, a la par del formato clásico de la libreta con tapas verdes, se comenzó a usar el DNI tarjeta. En el 2012, la libreta se dejó de usar. Y en noviembre de 2020, el DNI tarjeta incorporó un nuevo diseño, con el mapa bicontinental.

Ahora, el decreto presidencial 476 reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino, al incorporar la nomenclatura “X” en el documento nacional de identidad como opción para todas aquellas personas que no se identifiquen como varón o mujer. Algo impensado para el rey Felipe II de España que pensó que un libro parroquial alcanzaba para registrar a los que nacían, se casaban y morían en esa alejadísima aldea donde el diablo había perdido el poncho que se llamaba Santa María de los Buenos Aires.

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