Hace una semana, luego de 26 años, nació el primer tratado ambiental de América latina y el Caribe. Se trata de la concreción del Principio 10, al que los países de las Naciones Unidas se comprometieron en la cumbre de Río de Janeiro en 1992, pero que ahora se transformó en un acuerdo vinculante para la región que asegura el acceso a la información ambiental, garantiza la participación ciudadana y el derecho a la justicia ambiental.

"El Principio 10 ha sido un logro regional histórico, es el primero vinculante en la historia. Es histórico porque es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y es inédito porque se negoció con una participación activa del público, sirviendo de modelo para que otras negociaciones internacionales se desarrollen con iguales modalidades de transparencia y participación.", indicó a Infobae Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal desde Chile.

Este tratado, que debe ser ratificado en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, permitirá especialmente a los países que no lo tienen en sus legislaciones la protección de las personas y asociaciones que luchan por el ambiente.

"Se firmó el convenio para favorecer la participación de la ciudadanía y mejorar la gestión ambiental en América Latina y el Caribe región donde los recursos naturales tienen un valor esencial", sostuvo Dolores Duverges, subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente de la Nación, que fue en representación del gobierno argentino a Escazú, Costa Rica.

"Formamos parte de la mesa directiva del proceso de negociación, se dieron amplios debates, participaron los Estados, la sociedad civil, organizaciones y expertos internacionales. Este es un hito histórico que se terminara de rubricar en Nueva York el 27 de septiembre", agregó la funcionaria.

"Los países y los grupos de la sociedad civil en América latina y el Caribe han tomado una posición histórica para salvaguardar la columna vertebral de la protección del medio ambiente: las personas. La violencia contra los defensores del medio ambiente va en aumento, y América Latina es la región más peligrosa del mundo para ellos", sostuvo Carole Excell, directora de Democracia Ambiental del World Resources Institute, según publica la revista Claves 21.

La región es una de las más peligrosas para los activistas ambientales, de acuerdo a las últimas estadísticas. 197 defensores fueron asesinados en 2017, 60% de ellos en América latina y el Caribe. Uno de los casos más representativos fue el de Berta Cáceres, ecologista de Honduras asesinada en 2016 por pelear contra la instalación de una represa hidroeléctrica.

En representación de la Argentina estuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales: "En Argentina existe legislación ambiental e incluso hay protección constitucional, pero este acuerdo vinculante viene a fortalecer el derecho ciudadano. Creemos que con la actitud que tuvo el país también va a liderar el proceso en septiembre", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de esa ONG.

Una vez que se ratifique -cuando se consiga la rúbrica de al menos 11 de los 33 países firmantes-, deberá ser debatido y adoptado por los parlamentos, pero entrará efectivamente en vigor.

Alicia Barcena, secretaria de la Cepal dijo: "El gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Es un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso, y que sin duda va a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030".

Según el texto final aprobado, el objetivo del acuerdo es "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible" (artículo 1).

Además, señala en su artículo 9 que "cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad".