Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar

La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial

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Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.

Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.

El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.

"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).

Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.

Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.

"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.

Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.

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Respecto de la limpieza de márgenes y de espejo de agua del río también hay algunas dudas de las ONG. Es que está por licitarse ese servicio, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires por cinco años. Según las ofertas presentadas al organismo y que se conocieron a fines del año pasado, la adjudicataria sería Servicios Emiser Sociedad Anónima, de Juan Carlos Mancinelli, un empresario procesado por la Justicia penal de La Plata por la causa en la que la diputada nacional Elisa Carrió denunció al ex gobernador Daniel Scioli por el manejo de fondos durante su gestión.

En la administración sciolista la empresa de Mancinelli obtuvo la adjudicación de obra en licitaciones para 19 paradores en la Costa Atlántica que fueron uno de los ejes de la imputación que hizo en su contra el fiscal Álvaro Garganta. Esta causa ya fue elevada a juicio oral. El año pasado la gestión encabezada por María Eugenia Vidal le adjudicó a la misma empresa obras para la limpieza de arroyos por 24 millones de pesos.

"Desde el Cuerpo Colegiado vamos a presentar un pedido de informes muy detallado sobre la licitación de la basura que es algo que en este momento se está decidiendo", agregó Nápoli.

La concesión de la limpieza en el caso del Riachuelo será por cinco años y según la oferta de Emiser, que fue la más baja, costará un poco más de 280 millones de pesos.

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