El Ministerio de Salud reiteró que no cerrará el Hospital Bonaparte y dio detalles de las irregularidades que encontró

La secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Cecilia Loccisano, ratificó hoy que el gobierno nacional está instrumentando plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte de salud mental con el objetivo de optimizar los recursos y generar mayor acceso a la atención. Aseguró que no existe una decisión de cierre o despido de personal de esa institución ni de ningún otro centro de salud que depende de la Nación.

El pasado 4 de octubre los trabajadores del centro de salud denunciaron el cierre del servicio de internación y de guardia del centro del barrio de Parque Patricios. Posteriormente, a inicios de esta semana el gobierno anunció que sería reestructurado.

“Estamos llevando adelante un plan de reestructuración [en el Bonaparte], pero no tenemos una decisión previa tomada sobre cierre o despidos”, sostuvo Loccisano y subrayó que la reestructuración no implica una reducción de servicios, sino una reorganización para hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Cuando, en radio Mitre, se le preguntó si existe un plan en el gobierno para el cierre de hospitales nacionales, Loccisano respondió: “La idea del gobierno nacional es trabajar en la eficiencia, en la asignación de los recursos del Estado y poder generar más acceso. No hay otra idea y no hay ningún otro trasfondo en las medidas que estamos haciendo. Y vuelvo a decir, esto no tiene que ver con los hospitales, tiene que ver con programas, con acciones, con organismos del Estado nacional”.

“Hay que trabajar para redimensionarla. Esto puede querer decir reorganizar los servicios y dar otras prestaciones, investigar un poco cómo es la demanda en la jurisdicción y ver cómo podemos trabajar en red con otros establecimientos para poder dar servicios que quizás otros establecimientos no dan. Y captar esa necesidad que está en la gente de atención. Y por ahí esto tiene que ver con redefinir servicios, no con ninguna otra medida restrictiva”, subrayó.

Respecto de los rumores que habían circulado de un posible cierre del hospital nacional de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que “el Ministerio de Salud siempre habló de reestructuración. No se demostró otra cosa. No hubo una instancia en la que evaluamos otra opción, y te explico por qué: la reestructuración implica la elaboración de un plan, y nosotros aún no tenemos ese plan”, afirmó.

La ineficiencia en la asignación de recursos fue uno de los motivos que llevaron al Ministerio de Salud a iniciar el plan de reestructuración hospitalaria al que se refirió la funcionaria. “El hospital tiene 60 camas de internación —reiteró—, pero un promedio de ocupación mensual inferior a 20″, lo que evidencia un uso subóptimo de las instalaciones. A su vez, los consultorios externos, que cuentan con 38 salas, atienden a entre 200 y 230 personas, un número que no justifica la cantidad de profesionales en la institución, consideró.

Loccisano también destacó que el hospital posee una planta de 650 empleados, de los cuales “más de 300 son profesionales de la salud, es decir, tenés más profesionales que personas que demandan atención.

Además, detalló, “una consulta en los consultorios externos le cuesta al Estado entre $100.000 y $120.000 por paciente”, añadió, cuando “de mercado, es más o menos tres o cuatro veces menos. Es lo que paga un financiador por una consulta en una institución de primer nivel”.

“Hay una ineficiencia, una deficiencia en la organización de las actividades, los servicios, la organización de los recursos y que estamos gastando mal. Entonces, la suma de todas estas situaciones son los que originaron la necesidad de empezar a pensar en una reestructuración”, resumió.

El Ministerio de Salud implementó desde esta semana ese plan de reestructuración que “ya estaba definido iniciar desde el viernes de la semana pasada” y aseguró que responde a un diagnóstico elaborado en conjunto por los trabajadores, las autoridades del hospital y los equipos técnicos del Ministerio.

Además de los problemas mencionados de administración de recursos, indicó, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en abril de este año reportó “dos incumplimientos: uno relacionado con la Ley de Salud Mental y otro con la Ley de Protección de los Derechos de los Pacientes”, detalló Loccisano.

En cuanto al primer incumplimiento, se encontraron “pacientes con tratamientos indicados sin la participación documentada de un médico”, lo que significa que no había indicaciones, recetas, ni firmas que respaldaran esos tratamientos en las historias clínicas. Esta falta de documentación afecta la calidad de la atención brindada, dijo, ya que “los pacientes, quizás atendidos de manera ambulatoria, no tenían en su historia clínica registrada la indicación del tratamiento por parte de un médico”.

Por otra parte, las historias clínicas presentaban serios desórdenes que “carecían de antecedentes de los pacientes, sellos y firmas de los médicos”, lo que no solo compromete la protección de los datos sensibles de los pacientes, sino también la capacidad del profesional para tomar decisiones médicas adecuadas.