Qué dice la carta del Sanatorio Otamendi que señala al juez como culpable de obligar a administrar dióxido de cloro a un paciente

A través de un comunicado, la dirección médica de la institución de salud manifestó estar en contra de suministrar una sustancia que no está autorizada por la ANMAT ni aceptada como tratamiento por ninguna organización científica seria de todo el mundo

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Un día después de la comunicación oficial de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en la que recordaba a la comunidad no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas, en referencia a la aplicación de dióxido de cloro en un paciente con COVID-19 que fue autorizada por un fallo judicial, la dirección del Sanatorio Otamendi, lugar donde fue brindada la sustancia, emitió un comunicado en el que dejaron en claro que debieron acatar la decisión del juez aunque no estaban de acuerdo con el suministro de la polémica sustancia.

“El Sanatorio Otamendi se dirige a todos ustedes con respecto al fallo que obligó a nuestra institución a aceptar que se le administre a un paciente internado una sustancia no aprobada por ANMAT ni aceptada como tratamiento por ninguna organización científica seria de todo el mundo. El día 7 de enero de 2021 el Sanatorio Otamendi fue notificado del dictado de una medida cautelar por un juez federal por la cual se nos ordenó garantizar, a un paciente de 92 años internado en nuestra institución por neumonía grave COVID-19, la implementación de los tratamientos prescriptos por un médico allegado a la familia del mismo. Estos tratamientos consistían en la aplicación de ibuprofeno de sodio inhalatorio y el suministro de CDS (dióxido de cloro) por vía endovenosa”, comienza la misiva.

Parte del comunicado del Sanatorio Otamendi
Parte del comunicado del Sanatorio Otamendi

“La decisión judicial consignaba que dichas aplicaciones debían ser realizadas por el médico prescriptor, quién no forma parte de los equipos médicos de nuestra institución, y bajo su exclusiva responsabilidad. Por la misma decisión, la provisión de los mencionados compuestos quedó a cargo de la familia del paciente, toda vez que la comercialización de los mencionados productos no se encuentra autorizada para uso medicinal. Hasta ese momento, el paciente recibía el tratamiento correspondiente a su cuadro clínico, y se mantuvo siempre bajo los controles establecidos por nuestra institución”, continúa.

Y enseguida aclaró que la institución “acató inmediatamente la orden judicial, sin perjuicio de haber interpuesto los recursos legales correspondientes por tratarse de compuestos cuya utilización en pacientes COVID positivos fue enfáticamente desaconsejada por la Organización Panamericana de la Salud, la ANMAT, la Sociedad Argentina de Infectología, y tantas otras instituciones y asociaciones científicas a nivel local e internacional”. Recordó que, en el caso del dióxido de cloro, la ANMAT expresa que ¨su ingesta o inhalación podría ocasionar graves efectos adversos¨ y confirmó que la administración de los compuestos mencionados fue llevada a cabo únicamente por el médico tratante, cuya especialidad no está relacionada con la materia.

“Tal cual se consigna en todos los seguimientos realizados, el paciente no presentó ninguna mejora clínica en las horas subsiguientes. Su estado general se agravó en la mañana del día 11 de enero, procediéndose a su traslado al área de terapia intensiva, donde falleció horas más tarde. Agradecemos las incontables muestras de apoyo de sociedades médicas y científicas, como también las de distintas agrupaciones médicas frente a dichos que atentan maliciosamente contra el buen nombre y el prestigio académico acreditados por el Sanatorio Otamendi a lo largo de más de 90 años”, finalizó la institución médica.

Comunicado de la Anmat recordando no ingerir dióxido de cloro o derivados
Comunicado de la Anmat recordando no ingerir dióxido de cloro o derivados

El juez en lo civil Javier Pico Terreno hizo lugar al amparo presentado y dispuso que el Sanatorio Otamendi y Miroli administrara a un paciente internado por un cuadro grave de coronavirus la sustancia que le había sido indicada por su neurocirujano particular. Si bien la clínica apeló la medida, debió luego realizar la práctica aunque aclaró que lo hacía fuera de su responsabilidad. El hombre de 92 años falleció ayer lunes, según confirmó el abogado de la familia, Martín Sarubbi.

Me parece muy preocupante que un juez pueda creer que tiene la autoridad para ordenar la administración de una sustancia que no es un medicamento, no solo en la Argentina sino en ninguna parte del mundo, y que indique la forma en que hay que suministrarlo. Yo creo en la justicia y espero que la justicia revierta esta situación. Es realmente peligroso que la justicia se arrogue este tipo de autoridad, porque no es que ordenó aplicar un medicamento que se usa en algún lado y que un sanatorio no querían aplicarlo. Ordenó usar como medicamento algo que no es un medicamento en ninguna parte del mundo. Es peligroso”, explicó a Infobae el doctor Carlos Damin (MN 81.870), jefe de Toxicología del Hospital Fernández, de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA y presidente de Fundartox.

“Creo que los médicos tienen que mantener su posición de la medicina basada en la evidencia. Creo que únicamente el accionar de la ciencia es lo que a nosotros nos respalda y nos da la certeza de que yo prefiero no tener un medicamento a que se utilice cualquier cosa con riesgo para la salud. Cuando un medicamento pasó por todas las etapas de investigación y se pone a disposición, es la única manera de hacer una medicina segura basada en evidencia”, agregó el especialista.

Riesgos e ingerir dióxido de cloro (Infografía: Jovani Pérez)
Riesgos e ingerir dióxido de cloro (Infografía: Jovani Pérez)

Y concluyó: “Hoy 40 asociaciones y sociedades científicas repudiaron el accionar del juez y del médico que dio la indicación, con lo que me parece que la situación es muy clara. Me parece que la mejor manera de informar a la sociedad es haciendo hincapié de la evidencia científica. El dióxido de cloro puede provocar daño, porque básicamente no se sabe en qué forma ni dónde se compra, ni a quién se le compra, nunca hay un responsable atrás, entonces no hay evidencia científica de que sea efectivo y además no hay control de calidad de lo que se está ingiriendo, por lo tanto, es extremadamente peligroso su consumo ¿Quién garantiza la concentración que tiene el producto que están consumiendo? Porque si realmente fuera una dilución muy alta, bueno, probablemente no sea ni tóxico ni efectivo, el tema es que nadie sabe cuál es la concentración. Entonces me parece que siendo claro, hablando de la evidencia científica y siempre respaldando lo que dice la sociedad científica en su conjunto y no un solo médico”.

El comunicado que hizo referencia Damin, repudió la medida cautelar que “obliga al equipo terapéutico a utilizar substancias no aprobadas por el ente regulador y formalmente contraindicadas por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables”. “Con una substancia que, tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud se habían manifestado contraindicando su aplicación, no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad”, enfatizaron.

“La justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales -continúa el texto que firmaron 45 asociaciones de profesionales de la Argentina-. Las autoridades competentes (ministerios de salud, secretarías de salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales, otras) deben dar seguridad y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la evidencia científica y frenen la judicialización sin fundamentos científicos”.

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Para ellos, “la autonomía del equipo de salud, fundamentada en el conocimiento científico y en sólidas posturas bioéticas, no puede ser reemplazada por decisiones judiciales carentes de fundamento científico que pueden dañar a la población”.

Y si bien aseguraron entender “la desesperación de los pacientes y sus familias ante la presencia de una enfermedad”, se manifestaron “respetuosos de los principios de la bioética y reconociendo el principio de “autonomía” de los pacientes, damos a conocer que existen otros principios como el de “beneficencia” (en este caso ausente) pero fundamentalmente el de “no maleficencia” (“primum non nocere”: “lo primero es no hacer daño”): primero no dañar es un eje rector ante todo acto médico e implica no indicar productos sin evidencia científica”.

La Anmat informó en agosto del año pasado que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso.

“En consonancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió un documento sobre la posibilidad de efectos adversos que podría causar la ingesta del producto en cuestión. Por ello, se recuerda a la población no utilizar productos no autorizados, ya que se encuentran fuera de lo establecido en la normativa vigente”, finalizó la Anmat.

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