El juez Franny González iniciará este viernes a las 9:00 el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos y que ahora entra en la etapa en la que se definirá la responsabilidad penal de los propietarios del local.
La acusación del Ministerio Público tiene 156 páginas, el expediente reúne 84 testigos y el proceso se abrió por el delito de homicidio involuntario.
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La causa es una de las de mayor impacto social en República Dominicana en los últimos años por la cantidad de víctimas, la notoriedad del establecimiento y las dudas que abrió sobre la seguridad de edificaciones abiertas al público.
Según el texto de convocatoria judicial, en el banquillo también figurarán como terceros civilmente demandados Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
El proceso llega a su fase decisiva con 84 testigos y una acusación de 156 páginas
La audiencia se celebrará en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Los hermanos Espaillat estarán representados por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
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Por el Ministerio Público actuarán Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; Héctor Joel García Acevedo, procurador general de la Corte de Apelación; y los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.
Las víctimas estarán representadas por Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jaquez, entre otros abogados.
La tragedia ocurrió durante una actividad amenizada por Rubby Pérez, quien murió en el desplome. Ese dato convirtió el caso en un episodio de fuerte repercusión nacional, tanto por el número de muertos como por el perfil público de algunas de las víctimas.
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La instrucción descartó el homicidio voluntario y excluyó a entidades estatales
El expediente llegó a manos de González después de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del caso por su relación de amistad cercana con una de las víctimas.
La decisión de enviar la causa a juicio de fondo había sido adoptada antes por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras examinar el expediente. En esa fase, el magistrado calificó los hechos como homicidio culposo o imprudente y rechazó la pretensión de un grupo de víctimas que pedía juzgar la causa como homicidio voluntario.
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Esa misma resolución dejó fuera del proceso penal al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a otras entidades estatales que también habían sido señaladas en el caso.
La medida de coerción impuesta a Antonio y Maribel Espaillat consistió en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país. La Corte de Apelación confirmó después esa decisión al rechazar los recursos interpuestos.
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