La Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso con el que el coronel Narciso Antonio Féliz Romero buscaba salir de prisión preventiva. La decisión mantuvo encarcelado al exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional mientras avanza el proceso penal por la sustracción de miles de proyectiles detectada en la Operación Pandora.
La resolución de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se produjo a solicitud del Ministerio Público. El caso se abrió después de la operación ejecutada en noviembre de 2024.
El recurso fue objetado por los fiscales Melbin Romero y Rosa Ysabel ante las juezas Nancy María Joaquín Guzmán, María Daneida García y July Tamariz. El Ministerio Público sostuvo que la apelación carecía de objeto porque el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ya tiene en estado de fallo otra solicitud con el mismo propósito.
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Ese tribunal emitirá su decisión el 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día también resolverá sobre el envío a juicio del acusado.
Tras la audiencia, el fiscal Melbin Romero explicó que la corte acogió el pedido de la acusación y dejó sin efecto el intento de la defensa de variar la medida. “La corte acogió el pedimento del Ministerio Público, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Narciso Antonio Féliz Romero y se declaró inadmisible, de forma tal que este acusado continuará en prisión preventiva”, dijo a la prensa.
El expediente atribuye a la red un desfalco de $92.191.732,92
La investigación sostiene que la estructura desmantelada con la Operación Pandora desfalcó al Estado con PD $92.191.732,92 (USD $1,581,990.02). La acusación vincula ese perjuicio con la sustracción de miles de municiones y pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
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El expediente también incluye al capitán Nelson Valdez, quien estaba al frente del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución cuando fue desarticulada la organización. Valdez también cumple prisión preventiva.
Además, son procesados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez. Todos enfrentan distintas medidas de coerción.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa en el caso a 11 personas por la sustracción y venta ilícita de proyectiles, armas y explosivos de la institución. Según el expediente, los imputados participaron de manera directa en maniobras orientadas a distraer bienes de la Policía Nacional para comercializarlos de forma ilegal y obtener beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano.
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La acusación incluye corrupción administrativa, tráfico ilícito de armas y ocultamiento de pruebas
El grupo enfrenta cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en presunta violación de varios artículos del Código Penal dominicano. La acusación también incluye infracciones a la Ley 631-16 sobre Armas.
El expediente les atribuye además legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y otros materiales relacionados. A eso se suman imputaciones por alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.
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