Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos. De ese grupo, al menos 9 son mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).

En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.

Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.

Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.

En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”

“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes", relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.

Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).

El debate por la Ley de Glaciares en el Senado

El proyecto del Gobierno para modificar la ley de Glaciares apunta a garantizar inversiones significativas para la actividad minera, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.

Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.

Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.

“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.