Las transformaciones que el Gobierno pretende para 2026, un alto cargo en disputa y la privatización que se complica

“La oposición está fragmentada y, a priori, no hay liderazgos competitivos. Por ahora nos alcanza con silbar bajo para llegar bien posicionados para 2027″. Una figura cercana a Javier Milei opinaba sobre cómo debía ser la dinámica general de este año, que por el momento parece que estará signada por la alta dinámica legislativa y el reordenamiento al interior del oficialismo. El año que viene será otro cantar.

Hay quienes al interior del Gobierno coinciden en que “tiene que ser un año aburrido”, en donde las internas no copen las tapas de los diarios y que no salten denuncias de irregularidades.

Otros estrategas de la Casa Rosada clarifican esta visión: “Este es el año donde tenemos que consolidar las transformaciones porque las que no logres ahora no van a ser posibles en el 2027″. Consideran que para entonces la contienda electoral volverá a formar parte del cálculo político y que nadie querrá pagar costos, sobre todo los aliados circunstanciales.

Como se adelantó en esta columna, las internas entre diferentes sectores del Gobierno no están zanjadas. Simplemente no son perceptibles en declaraciones públicas y la gran mayoría de los altos mandos se limitan a no mover en el avispero en el off the record.

A modo de ejemplo, desde la finalización de las elecciones de octubre que el sector ligado a Santiago Caputo tomó la decisión de no contestar reclamos o alusiones internas. “No nos interesa nada que no sea llevar adelante la agenda de Javier Milei”, marcan.

Otra voz del oficialismo opinó sobre esta cuestión. “Estamos en febrero. Me imagino que nadie tiene incentivos de confrontar a más de un año de que comiencen las primeras disputas por lugares en las listas. Si no, vamos a llegar detonados”, marca un hombre que transita los pasillos de la Casa Rosada. Hay quienes afirman que durante estos meses se aprovechará para negociar entre agrupaciones y dividir los municipios, más que nada en la provincia de Buenos Aires.

Esta semana se caracterizó por la rotación de altos funcionarios de diferentes carteras, organismos y empresas públicas. En términos generales, los funcionarios que aceptaron las renuncias volvieron a poner los reemplazos.

Uno de los casos es el de Paul Starc, que presentó su renuncia a la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF). Voceros oficiales alegaron que se fue por una decisión personal y negaron las versiones relacionadas con supuestas trabas a la instrumentación de la Ley de Inocencia Fiscal.

Las versiones que desmienten integrantes del Gobierno indicaban que aquello traería inconvenientes en las evaluaciones en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Una importantísima fuente oficial marcó ante Infobae: “Consulté con el GAFI y nos bancaban. Es política de Estado coherente con otras medidas similares como el blanqueo amplio, la ampliación enorme de los límites de la punibilidad del delito tributario, entre otros aspectos”.

La UIF es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Justicia, el cual es encabezado por Mariano Cúneo Libarona. El ministro estuvo de licencia la mayor parte de este mes y volverá en febrero. Es uno de los pocos funcionarios que ha resistido innumerables versiones de desplazamientos.

La conducción del ministerio sigue siendo un enigma para más adelante. Cúneo tuvo la intención de dar un paso al costado el año pasado y las motivaciones personales que en ese momento lo llevaron a decir que iba a dejar su cargo siguen estando. Todo depende de lo que diga el Presidente.

Esta situación genera ciertamente un hálito de incertidumbre que da lugar a que ronden nombres y notas periodísticas con eventuales reemplazantes. “No van a ser ninguno de los que andan circulando”, marca un integrante de la mesa chica. ¿Esa negación querrá decir que ya hay un nombre definido? Desde un sector siempre indican que marzo vendrá con novedades.

Al margen de salidas consumadas o potenciales, la novedad de la semana en términos internos fue la rebelión que sufrió el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reidel.

El Comité de Integridad que tiene la compañía movilizó una denuncia interna para remover al Gerente General, Marcelo Famá, y al Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, dos alfiles que responden a Reidel, por presuntos sobreprecios en una licitación para el servicio de limpieza de las tres centrales.

El responsable del área de auditoría es Axel Larreteguy, una persona que responde al vicepresidente Guido Lavalle. Ambos fueron puestos en sus cargos por Reidel. Y ambos votaron por la remoción de los dos gerentes en una reunión de Directorio hecha el último miércoles, tal como informó Infobae.

El Gerente General es quien articula prácticamente todas las áreas sensibles de Nucleoeléctrica. Es por eso que Reidel negociaba la salida de Pantuso, pero no de Famá, porque perder el control de esa área debilitaba su posición relativa.

Quien hizo sobre tablas la propuesta de sacar a Famá fue el director Diego Chaher, quien es el responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que depende directamente de Luis Caputo e informalmente de Santiago Caputo. Al día siguiente de esa votación, Chaher estuvo en Casa Rosada por media hora para visitar al asesor presidencial. Toda una señal.

Dos días antes, una fuente del sector le había adelantado a Infobae que estaban por pasar cosas en esa compañía ante las primeras revelaciones periodísticas. “La gente que Reidel puso en el ámbito corporativo está haciendo cosas raras y los gerentes están evitando firmar cosas. Hay malestar e instinto de supervivencia de varios para tratar de no quedar pegados”, adelantaba.

Este jueves hubo otro encuentro del Comité de Integridad que evaluó una denuncia de ATE-Zárate por otro proceso con un presunto sobreprecio de más de 1000% para la compra de un servicio para migrar el software interno de la compañía.

¿Cuán sostenible es el tenso clima que se vive ahí dentro? Muchos están mirando que en el horizonte cercano hay una reunión de accionistas de Nucleoeléctrica. Esta sería en marzo. El capital accionario está distribuido entre el MECON (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%). Ahí se podría decidir sobre el cambio o la continuidad del rumbo actual.

Pero esto puede ser provisorio, porque para más adelante está previsto que se produzca una privatización parcial de la compañía, tal y como se fue gestando en la Ley Bases, el Decreto 695/2025 y la Resolución 1751/2025.

El 44% de las acciones serán vendidas mediante licitación, pero trabajadores de hace más de treinta años en la compañía creen que en estas condiciones se dificulta la venta del capital social accionario de Nucleoeléctrica: “Los privados quieren invertir y maximizar ganancias, no llegar a un lugar donde hay presuntos desmanejos”.

En el Poder Ejecutivo han descrito a Infobae que este clima “genera trabas para avanzar con los planes nucleares que tiene el Gobierno”. Es decir, ya no concierne a asuntos del mismo sector, sino que el tema escaló de manera directa a más de un despacho de la Casa Rosada.

Quien parece ganar poder internamente es el flamante secretario de Asuntos Estratégicos, Federico Ramos Napoli, quien fue presidente de Dioxitek y tiene estrechos vínculos con Las Fuerzas del Cielo. En un reportaje reciente concedido a EconoJournal, dijo que su área tiene como finalidad “reordenar el sector y buscar las distintas unidades de negocio que pueden surgir”.

El funcionario asumió muy cerca del anuncio de cambio de mando en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuando renunció Guido Lavalle y se colocó a Martín Porro, más alineado con Ramos Napoli. Como un gesto de que está ganando poder en todas estas áreas, en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) se rumorea que la Secretaría podría poner al Vicepresidente Segundo de la entidad, un cargo que está vacante desde marzo de 2025.