Manuel Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación por su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, en el marco del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que en el trámite ya realizado por el matrimonio, que es investigado en la Justicia por el incremento de su patrimonio, no hubo una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. La explicación sobre el origen de fondos para la adquisición de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía, aclararon.

El periodista Hugo Alconada Mon anticipó anoche que Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron la información aunque rechazaron la versión de que se había amparado en el régimen de inocencia fiscal que permite exteriorizar bienes. Además precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva.

“El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”, argumentan.

“No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirman cerca de Adorni, desde donde agregan que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.

La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte de Adorni y Bettina no significa, necesariamente, que vayan a sacar dólares del colchón. Uno de los beneficios de Régimen es que les calculará a ambos -en base a información existente en su base de datos— el impuesto a pagar. Pero el más importante que tendrían ambos, en caso de ser aceptados en el Régimen, es el “tapón fiscal”.

El mismo bloquearía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de poder revisarlos por periodos fiscales anteriores. Entre ellos, el 2025, que es donde el jefe de Gabinete y su esposa hicieron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Aunque hay que destacar un dato: en 2025 no se podían sacar dólares del colchón, la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se lo conceden, ARCA no podrá mirar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024; y el año base de 2025.

El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”.

El avance de las causas y los próximos pasos

Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.

El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso de detectar irregularidades, medir su magnitud. Ese análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes.

La revisión financiera estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.

Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.

La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

La pesquisa patrimonial incluye además un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.

La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.