La Justicia investiga maniobras con dólar blue y realizó al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras

Tres jueces federales ordenaron una serie de allanamientos simultáneos en bancos, casas de cambio, compañías financieras y domicilios particulares en el marco de investigaciones que apuntan a un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023. Los procedimientos alcanzaron al menos a 60 objetivos y se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, según indicaron fuentes judiciales.

Las medidas se dispusieron en causas que tramitan ante los juzgados federales de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. En los tres expedientes se investiga la presunta utilización de dólares adquiridos a precio oficial que luego fueron canalizados hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

La causa principal, a cargo de la jueza Servini y con impulso del fiscal Carlos Stornelli, se inició en 2024 a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada sobre la base de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí se investiga la compra de alrededor de 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese expediente aparecen mencionadas la firma Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, señalado como cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los procedimientos ordenados por Servini se incluyó un allanamiento en la vivienda de la madre de Vallejo, ubicada en Banfield.

Según una fuente que interviene en la investigación, los allanamientos fueron al menos 60. En los operativos se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en pesos y armas de fuego. También participaron la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la división de lavado de activos de la Policía Federal.

Del análisis preliminar realizado por la Dajudeco, centrado en cinco casas de cambio, surgió que entre enero y agosto de 2023 cinco personas, cada una en representación de una entidad distinta, retiraron en efectivo un total de 474.846.739 dólares. En función de ese informe, el fiscal Stornelli solicitó 56 allanamientos y medidas cautelares que alcanzaron a casi un centenar de personas.

La denuncia de la UIF sostuvo que, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión”, se estimó que “pondrían en crisis su origen y licitud”. El organismo puso el foco en las compras de dólares que 18 casas de cambio realizaron a través de dos bancos en un período considerado políticamente sensible, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023.

En paralelo, la jueza Capuchetti ordenó otros allanamientos en una causa que se originó en una denuncia presentada por el BCRA en 2021. En ese expediente se detectaron presuntas actividades ilícitas vinculadas al mercado negro de divisas. Fuentes judiciales indicaron que algunos de los procedimientos coincidieron en los mismos bancos y casas de cambio que los dispuestos por Servini.

Por su parte, el juez Casanello avanzó con una investigación que desarrolló junto al fiscal Franco Picardi en torno al financista Elías Piccirillo. El empresario se encuentra con prisión domiciliaria en Banfield y fue procesado en otra causa por haber fraguado un procedimiento contra otro financista, a quien le “plantó” cocaína.

En el marco de este expediente, Casanello dispuso seis procedimientos, entre ellos una orden de presentación de documentación en el propio Banco Central. Efectivos de la División de Investigaciones de Organizaciones Criminales incautaron teléfonos celulares, notebooks, computadoras y “todo tipo de soporte con almacenamiento digital”.

Según los registros a los que accedieron los investigadores, Piccirillo, a través de la firma Arg Exchange, vendió durante 2023 un total de 251.933.029 dólares a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. Las operaciones se realizaron entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de ese año, a un ritmo promedio diario de 768.000 dólares, mientras regía el cepo cambiario.

Además de las actuaciones judiciales, el Banco Central concluyó tres sumarios administrativos contra casas de cambio por maniobras similares. En esos expedientes se describió una “modalidad abusiva” en la operatoria cambiaria y se detalló cómo las divisas obtenidas a valor oficial perdieron trazabilidad al ser retiradas mayoritariamente en efectivo. En uno de los dictámenes, el organismo sostuvo que existieron “indicios que razonablemente llevan a suponer la implementación de un mecanismo que, bajo la apariencia de una operatoria regular, tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”.

Las investigaciones continúan con el análisis de la documentación secuestrada, los legajos societarios de unas 35 empresas distribuidas en todo el país y la identificación de accionistas, directivos y beneficiarios de las operaciones bajo sospecha.