En la jornada del martes 7 de abril, las calles del país amanecieron bloqueadas en más de cien puntos tras una protesta organizada por movimientos sociales y piqueteros. El detonante de la jornada fue la decisión del Gobierno nacional de suspender el programa Volver al Trabajo, lo que afecta directamente a cerca de 950.000 familias. Las acciones se concentraron en accesos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires, como el Puente Pueyrredón, General Paz y la Autopista del Oeste, pero también se replicaron en puntos estratégicos del interior. Las organizaciones no descartan nuevas acciones para los próximos días.
Los cortes y movilizaciones contaron con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Las organizaciones respondieron al reemplazo del programa social por un sistema de vouchers de trabajo, vigente desde el anuncio oficial.
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Según confirmaron los referentes de los movimientos, una de las principales demandas radica en el impacto que generará la eliminación del programa en las economías barriales y en la recesión que atraviesa el país.
El reclamo social tras el fin del programa Volver al Trabajo
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer los motivos de la movilización: “Somos de los que creemos que la principal política social es el trabajo. Los $78.000 que percibían nuestros compañeros y compañeras estaban congelados y solo alcanzaban para cuatro kilos de carne o tres garrafas”.
Gramajo amplió la dimensión del problema al exponer lo siguiente: “Hay cerca de 45 mil personas que perciben el Volver al Trabajo solo en la provincia del Chaco. Eso implica 3.300 millones de pesos que van a dejar de circular en la economía barrial”, detalló. El dirigente advirtió: “Esto se suma a la recesión económica y a los salarios congelados de los trabajadores formales, lo que amplifica el impacto en las economías regionales”.
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Los referentes sociales calificaron al nuevo sistema de vouchers como ineficaz. Gramajo puntualizó: “El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario”. Explicó además: “Nuestro relevamiento muestra que compañeras y compañeros que se inscribieron en capacitaciones fueron asignados a sedes a cientos de kilómetros de sus domicilios”.
El dirigente sostuvo que ese mecanismo desalienta la participación: “¿Cómo con 78 mil pesos vas a poder costear una capacitación lejana? Además, esos fondos se destinan a empresas que brindan los cursos”.
Críticas a la política de empleo y diálogo con el Gobierno
Al ser consultado sobre el alcance de las políticas de inserción laboral, Gramajo explicó: “Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas”. Subrayó la falta de resultados con otro dato: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”.
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El líder de UTEP también se refirió a la posibilidad de diálogo. Señaló: “Este es un gobierno que no dialoga ni negocia con ningún sector, ya ha ocurrido con la salud pública y la educación. Nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso no fuimos convocados”.
En relación con la ministra de Capital Humano, Gramajo indicó: “Si Sandra Pettovello me llamara, por supuesto asistiría. Buscamos resolver el conflicto, no politizarlo”. Remarcó que el impacto de la eliminación del programa afecta a novecientas cincuenta mil personas y que su organización exige una respuesta para evitar la descomposición social.
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Estrategias y medidas de protesta
Sobre los métodos de protesta y el corte de calles, el dirigente expresó: “Nuestra intención es visibilizar el problema. Algunas decisiones, como encender neumáticos o bloquear accesos, se toman en asamblea, no de forma individual. Lamentamos las molestias, pero consideramos que son medidas extremas después de agotar otros caminos”.
Gramajo resaltó: “Antes de esta jornada, el tema no se discutía en la agenda pública. Ahora forma parte del debate nacional porque está en juego el ingreso de novecientas cincuenta mil familias”. Añadió que la pérdida del beneficio reducirá el consumo en las economías barriales y empujará a más personas por debajo de la línea de pobreza, desmintiendo al Gobierno: “Eso que dice el Gobierno de sacar millones de la pobreza, es falso. Esta decisión va a agravar la situación”.
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Próxima agenda de los movimientos sociales
El secretario general de la UTEP anticipó posibles nuevas medidas de fuerza en coordinación con otras organizaciones sociales: “Estamos discutiendo la fecha de otra protesta similar. El jueves vamos a reunirnos con diputados de la oposición para exponer la gravedad del problema, especialmente ante legisladores del interior”.
Aclaró que “durante el mes de abril definiremos nuevas acciones, en articulación con diferentes actores sociales”. El dirigente precisó que, en cuanto haya fecha para una nueva jornada de protesta, la comunicarán oficialmente.
La protesta y el debate por el futuro del programa Volver al Trabajo continúan en la agenda social y política de la Argentina.
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