
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial alineado con la pauta del Gobierno: consiste en un 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.
De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.
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De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.

Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.
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Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.
Otros acuerdos salariales recientes
Hace casi dos semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.
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Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.
La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.
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Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.

El Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro sindicato del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
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La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.
El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.
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La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial y presionan para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.
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