Un soldado con licencia psiquiátrica se mató en su casa: el tercer caso en una semana encendió alertas en el Gobierno

Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario del Ejército Argentino, murió el jueves por la tarde tras dispararse con un arma que sería de su padre, personal penitenciario, en la provincia de Mendoza. Intervienen en la investigación la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.

Este caso representa el tercer episodio de este tipo registrado en el ámbito militar durante la última semana, una situación que provocó alerta en el Gobierno, y la puesta en marcha de un convenio para atender este tipo de situaciones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le solicitó al Estado Mayor Conjunto que envíe un mensaje con un video adjunto de especialistas que llegue durante el fin de semana a todo el personal civil y militar para saber cómo contener detectar y gestionar situaciones potencialmente graves.

Sobre el hecho de Mendoza, y de acuerdo con la información preliminar, el arma que provocó la muerte pertenecía al padre del soldado, quien revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Las circunstancias exactas del disparo mortal están bajo análisis judicial. En el momento del hecho, Lima no se encontraba en funciones ni dentro de la instalación militar.

El soldado había ingresado al Ejército Argentino el 5 de octubre de 2020 y prestaba servicios en el Liceo Espejo. Se hallaba con licencia psiquiátrica, cuya renovación cada quince días se mantenía desde aproximadamente un mes y medio, según fuentes oficiales.

El mismo jueves, la oficial médica del Liceo Militar General Espejo se contactó con Lima para conocer su estado de salud, pero no trascendieron detalles sobre la conversación ni sobre eventuales evaluaciones posteriores. La licencia se mantenía vigente al momento del fallecimiento.

Durante la misma jornada, su pareja, la soldado voluntaria Rocío González, también destinada en el Liceo Militar General Espejo, acudió al punto focal de género del instituto para denunciar violencia por parte de Lima. Según fuentes militares, se activaron los protocolos establecidos para estos casos, aunque no se difundieron medidas inmediatas ni derivaciones judiciales vinculadas a la presentación.

La Policía Científica realizó las pericias tras confirmarse la muerte de Lima, mientras que la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras asumió la investigación. El Ejército Argentino informó que puso en marcha las mismas medidas administrativas y de acompañamiento institucional aplicadas en situaciones similares, y brindó plena colaboración a la Justicia.

Los otros hechos

La muerte de Lima se suma a otros dos hechos comparables que marcaron la semana en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El miércoles, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Pereira, de unos 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado en la madrugada y se dio aviso inmediato a las autoridades.

En ese episodio, intervino Gendarmería Nacional y se desplegaron los protocolos establecidos. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, a través de la fiscalía de Monte Caseros. Las primeras hipótesis señalaron un posible suicidio por ahorcamiento, pero la carátula corresponde a “averiguación de causales de muerte”, a la espera del resultado de la autopsia. Paralelamente, el Ejército inició investigaciones administrativas internas.

Tras ese suceso, el ministro Carlos Presti, expresó sus condolencias: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas”, manifestó y transmitió su acompañamiento a la familia del suboficial.

El primer episodio ocurrió el martes, cuando un efectivo militar asignado a tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos fue hallado sin vida en un puesto interno, según confirmó oficialmente Presidencia. Personal médico constató el fallecimiento tras la activación inmediata de los protocolos correspondientes.

Por disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal interviniente, las fuerzas federales realizaron las pericias, y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina tomó el control de la causa. Desde Casa Rosada informaron que la investigación sigue en curso y que cualquier información oficial será difundida por la autoridad judicial.

Hasta el momento, los tres episodios permanecen bajo investigación judicial y administrativa, sin conclusiones definitivas.