
“Me encuentro frente al deber institucional de reiterar que el cuadro de situación actual del proceso de instauración resulta preocupante y amerita un trabajo coordinado de todos los actores enderezado a superarlo. El término fijado por su Ministerio para la entrada en vigencia del CPPF, de acuerdo con lo que se advierte, no es suficiente para llevar adelante -al menos- las mínimas readecuaciones imprescindibles para su puesta en marcha, ni tampoco para dar solución a las restantes problemáticas reseñadas”.
La advertencia, fechada el 2 de julio y enviada por el procurador Eduardo Casal al ministro Mariano Cúneo Libarona, volvió a resonar en las últimas horas, en la antesala de la implementación del sistema acusatorio en las Cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional federal de la Capital y penal económico, previstas para el próximo 11 de agosto, después de la feria judicial. Es decir, en los tribunales conocidos popularmente como “Comodoro Py” e “Inmigrantes”.
Casal detalló en esa nota enviada de manera oficial al ministro de Justicia, y que hasta este fin de semana no había sido contestada, los problemas actuales de infraestructura edilicia del Ministerio Público Fiscal que, de no resolverse y readecuarse a las nuevas competencias, podría comprometer las investigaciones, “al punto de dificultar la persecución de los delitos”.
En las fiscalías de Comodoro Py, y en fuentes de la Procuración, existe una creciente preocupación porque insisten en que no están dadas las condiciones edilicias ni de recursos para la implementación del sistema acusatorio para después de la feria. Trascendió, en ese sentido, que la fecha podía aplazarse para más adelante.
Sin embargo, el jueves, en una comunicación virtual que realizó desde Buenos Aires a los funcionarios judiciales que viajaron a Salta para capacitarse, Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia que tiene mucha más influencia en el área que Cúneo Libarona, volvió a resaltar que, por ahora, el 11 de agosto es inamovible para la aplicación del sistema acusatorio, y que el Gobierno no tiene previsto modificar esa fecha.

Futuro inquietante. La implementación, trascendental para el ecosistema de jueces y fiscales de Comodoro Py, es seguida con especial interés por Cúneo Libarona, que se aferró a la cucarda del sistema acusatorio como sostén principal en su rol de ministro, del que tambaleó mediáticamente en reiteradas oportunidades, versiones propiciadas puertas adentro.
El cierre de alianzas de esta semana, que oficializó el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en territorio bonaerense, volvió a reavivar esas versiones por la muy posible postulación de Guillermo Montenegro como cabeza de lista en la quinta sección electoral, la tercera más populosa en términos electorales con casi 1.3 millones, según el padrón definitivo de la Provincia, detrás de la primera y la tercera sección. A Montenegro se lo mencionó durante estos meses como un posible reemplazo de Cúneo Libarona, a pesar de que al intendente, con amplia experiencia en los tribunales, nadie le ofreció hasta ahora el cargo. Tal vez la muy buena relación que tejió en estos años con Amerio haya colaborado para azuzar las versiones. Por lo pronto, en Mar del Plata dicen que el jefe comunal no tiene entre sus planes volver a la capital -al menos que se lo pidan-, y que empezó a enfocarse, si es que se confirma, en una campaña seccional de cara al 7 de septiembre que volvería a reeditar un viejo clásico: un nuevo mano a mano contra la camporista Fernanda Raverta.
Sin definiciones en el área de Justicia en el escenario post electoral, sí se avecina hacia fin de año un recambio obligado en Seguridad por la casi segura postulación de Patricia Bullrich, que se encamina, “en más de un 90%”, según su entorno, a encabezar el casillero para el Senado nacional en la ciudad de Buenos Aires, en octubre.
A Bullrich, la idea empezó a entusiasmarla, más aún porque un resultado contundente en las elecciones generales la posicionaría en un lugar de privilegio para el 2027, para la Jefatura de Gobierno, en tiempos de crisis profunda en la administración del PRO, ahora en manos de Jorge Macri. A propósito, como ya se reveló en esta sección, la influencia de Daniel Angelici, al que el jefe porteño conoce desde antes que su primo Mauricio, en la gestión es cada vez más decisiva: funcionarios de primerísima línea, de la mesa chica del jefe de Gobierno, lo llaman a cualquier hora para consultas y directivas. Pero es más que eso: en los últimos días, en paralelo al cierre de alianzas en la Provincia, el jefe de Gobierno abrió su departamento porteño para una cena de camaradería con parte del gabinete, en la que se desmenuzaron encuestas, se habló sobre la gestión y se intercambiaron opiniones. Hubo catering familiar -no fue la primera velada-, y sorprendió a los comensales el rol protagónico de “El Tano”, que se sentó a una cabecera de la mesa, frente al jefe de la ciudad. “La sensación es que están casi al mismo nivel”, resaltó uno de los invitados.

En los próximos meses, el PRO de la capital deberá definir su estrategia para las elecciones nacionales después de la durísima derrota de mayo que dejó heridas internas, y serios daños en la conducción de la administración local. El dilema es cómo avanzar frente a un gobierno que, si fuera por Karina Milei, prescindiría por completo del PRO en la capital.
La ministra de Seguridad es consciente, en ese contexto, de que ya no tiene mayores incentivos para seguir en su cargo. “Es una naranja a la que ya no se le puede sacar mucho jugo”, aseguraron sus colaboradores.
Con Bullrich con altísimas chances de dejar el Ministerio -el jueves, en la previa de la sesión del Senado, la ministra fue la encargada de cruzar a Victoria Villarruel-, ya empezó a circular la clásica danza de nombres para reemplazarla. El viernes, en un operativo en Tres de Febrero, Bullrich se fotografió junto a Diego Valenzuela -recorrieron durante unas tres horas-, el intendente que podría tener algún rol electoral en estas elecciones: en Casa Rosada lo dan con altas posibilidades de encabezar la boleta de senadores en la primera sección electoral. En LLA no quieren candidatos testimoniales. ¿Puede reemplazar a la ministra? Dicen que es uno de los objetivos del intendente, y que los Menem lo tienen en la mesa de trabajo. Bullrich fantasea con postular como sucesora a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad.
De acuerdos y candidaturas. Quien ya se postuló, casi sin quererlo, para las elecciones de octubre en la capital es Mariano Recalde, el senador peronista de La Cámpora por ese distrito que la semana pasada, en los estudios de Infobae en Vivo, confirmó al pasar que estaba dispuesto a ir a una contienda contra la ministra de Seguridad.
No estaba pautada esa confirmación, al menos en esta instancia, pero sí ya hay negociaciones para las listas de octubre entre los distintos sectores y Cristina Kirchner como elemento central de esas conversaciones. La expresidenta sigue los detalles de las tratativas en los territorios porteño y bonaerense desde San José 1111: la semana próxima cumplirá un mes de prisión domiciliaria. Los dirigentes que hablan con ella casi a diario dicen que está animada y de buen humor. Existe, además, un grupo que intenta convencerla de que empiece a pensar en la posibilidad de cambiar de domicilio para continuar con la condena, más allá de las futuras decisiones que tome la Justicia. “Por una cuestión de humanidad, para que pueda ver un poco de verde al menos”, subrayó uno de esos dirigentes. Hay quienes arriesgan que eso podría suceder cuando llegue el verano, en alguna propiedad no muy alejada de la ciudad. Años atrás adoptó Mercedes, los pagos de Eduardo “Wado” de Pedro, como escapadas frecuentes de fin de semana. Podría ser incluso más cerca de la ciudad.
Por ahora, Cristina Kirchner no quiere saber nada. En parte, para no darle la derecha a aquellos funcionarios judiciales que opinaron que el domicilio porteño elegido por ella alteraba la rutina del barrio. Fue lo que, por caso, plasmó el gobierno de la Ciudad, a través de un informe de la Procuración, una nota que cayó pésimo en el peronismo porteño, en especial en Juan Manuel Olmos, que puso el grito en el cielo. Olmos le trasladó ese enojo al jefe de Gobierno, y cerca del dirigente aseguran que el fastidio sigue latente. Por lo pronto, avaló que el bloque de legisladores de UP, a través de Claudia Neira, presidenta de esa bancada, exigiera para la discusión en la rebaja de Ingresos Brutos planteada por el Ejecutivo que se exima a las 11 categorías existentes del monotributo. El proyecto de Uspallata propuso solo para las dos primeras categorías.
Es parte de la discusión legislativa y de las negociaciones que el PRO en la ciudad deberá encarar hacia adelante en minoría parlamentaria, un revival de los primeros años de la gestión de Macri en ese distrito.
En simultáneo, y además de Bullrich y de Recalde, que se perfilan como números puestos para las elecciones de octubre, aún resta definir qué hará el PRO y cuál será la oferta de los sectores que antes conformaron una alianza bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. En la provincia de Buenos Aires, al filo del cierre del miércoles pasado, sellaron un acuerdo Facundo Manes, Emilio Monzó, Juan Schiaretti, Julio Zamora, Florencio Randazzo y otros dirigentes con la Coalición Cívica de Elisa Carrió como parte de la alianza.
Es una incógnita cómo se resolverán postulaciones y lugares la semana próxima para la grilla de septiembre, y quiénes esperarán a octubre. En principio, ese sería el caso de Manes. Resta saber cuánto pesará la opinión de Schiaretti, que tiene mayor injerencia en las decisiones por su influencia no solo en la cuestión política, también en la financiera.
¿Puede Manes activar, llegado el caso, un plan B en territorio porteño? Es lo que quiso saber Olmos hace algunos días, en una reunión muy extensa que mantuvo con el diputado para conocer sus próximos pasos.
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