El Gobierno incluyó una excepción en el decreto que eliminó el asueto por el Día del Trabajador del Estado

El Gobierno argentino eliminó el asueto por el Día del Trabajador del Estado, que se conmemora cada 27 de junio, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete, publicado hoy en el Boletín Oficial.

La medida, que modifica la ley 26.876 sancionada en 2013, introduce una excepción administrativa que regirá solo este año, mientras los gremios estatales anticipan resistencia y cuestionan el alcance de la decisión.

El decreto 430/2025, dado a conocer en la madrugada de este jueves, representa un cambio sustancial en la normativa que regulaba el Día del Trabajador del Estado en Argentina. Hasta ahora, la ley establecía que cada 27 de junio debía considerarse un “día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Con la nueva disposición, el Gobierno deroga el artículo 2 de la ley original, eliminando el carácter no laborable de la fecha. De este modo, el Día del Trabajador del Estado continúa existiendo en el calendario, pero deja de ser una jornada de asueto para los empleados públicos.

La decisión se formalizó apenas un día antes de la conmemoración, lo que generó incertidumbre y malestar entre los trabajadores estatales y sus representantes sindicales. Muchos empleados públicos esperaban que el 27 de junio mantuviera su condición de asueto, como había ocurrido desde la sanción de la ley en 2013. La resolución fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa el miércoles, donde anunció la eliminación de la jornada no laborable “correspondiente al Día del Empleado Público”. Sin embargo, la denominación oficial de la fecha, según la ley, es “Día del Trabajador del Estado”, una diferencia que subraya la importancia simbólica del reconocimiento laboral.

Ante la inmediatez de la medida y para evitar complicaciones administrativas, el decreto incorpora una excepción que regirá solo en 2025. El texto oficial establece: “Con el fin de no afectar el correcto desenvolvimiento de los trámites administrativos y de tutelar los derechos de los particulares frente a la Administración, corresponde establecer que, por el presente año y por única vez, la fecha no será considerada como día hábil administrativo a efectos del cómputo de los plazos legales”. Esto significa que, aunque las dependencias públicas funcionarán con normalidad, el viernes 27 de junio no se computará en los plazos legales para trámites y procedimientos administrativos, una medida que busca evitar perjuicios a los ciudadanos y a la gestión estatal.

Los argumentos de la medida

El Gobierno justificó la eliminación del asueto en el marco de su política de revalorización del trabajo y de ajuste del gasto público. En los considerandos del decreto, se argumenta que el trabajo constituye “la principal herramienta de crecimiento para una comunidad que busca la distribución equitativa de los bienes producidos, dado que sin producción no hay distribución posible”. Además, se afirma que “es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas”. Estas declaraciones reflejan la visión de la administración de Javier Milei, que desde su asunción ha impulsado una agenda de reformas orientadas a la reducción del Estado y la promoción de la eficiencia en la gestión pública.

El decreto lleva la firma no solo del presidente Javier Milei, sino también de figuras clave del gabinete: el canciller Gerardo Werthein, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, así como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La amplitud de las firmas evidencia el respaldo institucional a la medida y su inserción en el programa de gobierno.

La eliminación del asueto se inscribe en el llamado “plan de motosierra” que caracteriza la gestión de Milei, orientado a la reducción del gasto estatal y la reestructuración de la administración pública. Desde enero de 2024, el Gobierno ha despedido a más de 50.000 empleados públicos, una cifra que ilustra la magnitud de los recortes.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales, afirmando: “SIGUE LA MOTOSIERRA. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones (aproximadamente $1.840 millones de euros)”. Sturzenegger acompañó su mensaje con un detalle de los puestos de trabajo eliminados, reforzando el discurso oficial sobre la necesidad de austeridad y eficiencia.

La reacción sindical no se hizo esperar. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, criticó duramente el decreto y lanzó una advertencia pública. En un mensaje publicado en la red social X, Aguiar se dirigió a Sturzenegger y lo acusó de utilizar el número 430 —el del decreto— como un símbolo de recortes, recordando que en el año 2000 se usó el mismo número para una medida que redujo un 13% las jubilaciones cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Aguiar expresó: “Tu Gobierno de ahora le está costando muchísimo más a los argentinos que lo que supuestamente quieren ahorrar eliminado el Día del Trabajador Estatal. Además, tu cálculo es ridículo. No sería descabellado que también nos quieras sacar los sábados y domingos que cuestan lo mismo”.

El dirigente sindical fue más allá y cuestionó el destino de los fondos ahorrados por el Estado: “Y qué van a hacer con esa plata? Va a seguir yendo derechito a sus bolsillos? Porque son los únicos que se están enriqueciendo en esta Argentina. Desde ATE vamos a resistir y vamos a ver quién gana esta pulseada”. Aguiar cerró su mensaje con una declaración enfática: “PD: Nadie nos va a quitar nuestro día!”. Estas palabras reflejan el clima de tensión y confrontación entre el Gobierno y los gremios estatales, que ven en la eliminación del asueto un nuevo avance sobre los derechos laborales y una señal de endurecimiento en la política oficial.

La medida adoptada por el Gobierno argentino no solo modifica el calendario laboral de la administración pública, sino que también se inscribe en un contexto más amplio de reformas y ajustes que han generado debates intensos en la sociedad. La eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado, junto con los despidos masivos y la reducción del gasto, configura un escenario de conflictividad creciente entre el Ejecutivo y los sindicatos, que anticipan nuevas acciones de protesta y resistencia en defensa de sus derechos y conquistas históricas.