En medio de un clima de tensión creciente, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron este miércoles un nuevo paro de 24 horas, acompañado por un festival solidario que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 22.
La medida fue convocada en rechazo a la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional frente al reclamo salarial y en medio de denuncias por el presunto vaciamiento del hospital y deudas millonarias por parte de distintas obras sociales provinciales.
El conflicto, que ya lleva varias semanas, suma nuevos capítulos. A la protesta asistieron trabajadores de diversas áreas, desde administrativos hasta camilleros, pasando por enfermeros y técnicos. En ese sentido, muchos de ellos afirman que no están afiliados a sindicatos o incluso pertenecen a gremios que no participan formalmente de las negociaciones.
Sin embargo, según explicó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, en diálogo con Infobae, la participación fue amplia: “Esto no es un tema con algunos sindicalistas, es un problema con todos los trabajadores del hospital. Y cualquiera que venga a las movilizaciones lo puede ver con claridad”.
En este contexto, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan difundió un comunicado en el que critica con dureza la medida gremial. “Hoy los gremios de ATE y APyT volvieron a parar, impidiéndole a decenas de niños que puedan acceder a los servicios que brindamos”, sostiene el texto firmado por médicos y especialistas que integran la conducción del hospital.
El mensaje denuncia que “usan una causa noble para su propio beneficio, a costa de la salud de quienes más la necesitan” y califica el paro como una disputa “política”.
Además, remarcan que “no acatan la ley, deslegitimando la conciliación obligatoria acordada” y que las acciones gremiales “están generando un daño enorme reprogramando cirugías, demorando estudios y afectando a los pacientes que vienen de todos los puntos del país”. Según expresan, mientras se interrumpe el acceso con pancartas y bombos, adentro “residentes y médicos dejan todo, sosteniendo las guardias mínimas y garantizando que las urgencias se atiendan”.
En el mismo comunicado, el Consejo defiende una revisión estructural del funcionamiento del hospital, incluyendo los procesos de compras y contrataciones: “Estamos llevando adelante múltiples acciones en ese sentido. Tras una larga revisión de procesos y licitaciones, después de una década contratando a los mismos proveedores una y otra vez, múltiples empresas se van a presentar en un proceso de licitación transparente y justo”.
En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que se trata de “un paro en el que unos pocos sindicalistas privilegiados buscan entorpecer la atención en el Garrahan”, y aseguró que el Gobierno está “combatiendo a los ñoquis” dentro de la estructura hospitalaria, aunque aclaró que la acusación “nada tiene que ver con los médicos”.
Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción entre los trabajadores, que durante el paro decidieron servir ñoquis en señal de protesta. La consigna apuntó directamente al discurso oficial que, según denuncian, intenta deslegitimar los reclamos mediante la estigmatización.
El conflicto se desarrolla mientras, según denuncian los trabajadores, no hay ninguna propuesta salarial concreta sobre la mesa. “No hemos recibido ninguna propuesta de ningún tipo del Gobierno, solo ataques de diverso orden”, expresó Lipcovich. Durante la jornada de paro, el dirigente gremial denunció que el Ministerio de Trabajo envió inspectores para tomar datos personales del personal hospitalario, lo que calificó como una medida “persecutoria y de hostigamiento”.
El Ministerio de Salud, por su parte, sostiene que quienes convocan al paro están incumpliendo con la conciliación obligatoria prorrogada la semana pasada. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, manifestaron desde la cartera dirigida por Mario Lugones.
En medio de este panorama, emerge otro elemento que tensiona aún más la situación: el hospital arrastra deudas millonarias por parte de varias obras sociales provinciales.
Si bien los trabajadores no detallaron públicamente los montos ni la identidad de las entidades deudoras, señalan que estas obligaciones impagas impactan directamente en el funcionamiento del Garrahan, y se suman a un contexto ya marcado por la incertidumbre financiera y la falta de inversión estatal. En este marco, los gremios advierten que los atrasos en los pagos agravan la situación operativa de uno de los principales hospitales pediátricos del país.
La audiencia de conciliación obligatoria prevista para el lunes próximo en la Secretaría de Trabajo de la Nación aparece, por el momento, con pocas expectativas de resolución. En diálogo con Infobae, Lipcovich anticipó que asistirán “aunque con poca expectativa, porque hasta el momento no hemos tenido ninguna propuesta laboral”.
Mientras tanto, desde el sindicato aseguran que las autoridades hospitalarias no se presentaron en la última audiencia ni ofrecieron alternativas viables para encauzar el conflicto.
La percepción generalizada en el sector gremial es que la convocatoria a una nueva instancia de diálogo solo tiene como objetivo dilatar una solución concreta. Y, en ese contexto, los trabajadores ratifican que las medidas de fuerza continuarán si no hay respuestas.
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