El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quedó al borde del juicio político. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves, por unanimidad, el dictamen que propone el jury y la suspensión. Ahora deberá ser refrendado por el plenario del organismo. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia.
Antes de la votación, el diputado Álvaro González, que estuvo a cargo de la investigación junto al consejero Alberto Maques, destacó que ya estaban reunidos todos los elementos para avanzar con el Jury y que las presentaciones de Bailaque no habían puesto en duda las acusaciones en su contra.
“Se encuentra debidamente acreditado y configurado el mal desempeño del magistrado Bailaque, por obrar con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, que les es exigida a los magistrados de la Nación, en perjuicio del sistema de justicia y erosionando así la confianza pública en el sistema judicial, en su intervención, previa y durante el trámite de los expedientes que se han identificado en el dictamen presentado”, sostuvo González.
El dictamen resume tres cargos principales para acusar a Bailaque por mal desempeño.
El primero apunta a la relación entre el magistrado, su contador y amigo Gabriel Mizzau, y el capo narco Esteban Alvarado.
Al momento de la imputación en la causa penal, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
En el segundo cargo se imputó la coordinación entre el juez Bailaque, el empresario Fernando Whpei y el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, que terminó declarando como arrepentido, para amar una causa contra dos financistas y cobrarles una coima.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque.
El último cargo contra Bailaque apuntó a la relación de amistad entre el juez y el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.
El juez federal presentó un descargo por escrito el martes pasado y este jueves insistió con otra presentación a último momento. La Comisión de Acusación rechazó todos los argumentos. “Respecto del segundo de los cargos, el juez Bailaque solicitó la producción de tres medidas de prueba, que tal como lo consignamos en el dictamen, dos de esas medidas resultan improcedentes, por tratarse de expedientes judiciales que tiene a personas ajenas a este proceso como partes. Y la tercera de esas medidas, se trata de la convocatoria de un nuevo testigo, que, a la luz del cúmulo de prueba colectado, entendemos que resulta superflua”, explicó González antes de la votación.
La comisión recomendó la apertura de un juicio político y la suspensión del magistrado. Para avanzar, se necesitan los dos tercios de los integrantes del Consejo. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia, que está bajo estudio del Ministerio de Justicia desde la semana pasada. Según pudo saber este medio, hay un debate interno si se debe aprobar o rechazar la renuncia.
Si se acepta la renuncia, el juez perderá sus fueros y quedará detenido en su casa mientras se definan las causas penales en su contra.
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