La carta de la hija del Capitán Viola luego de que el Gobierno reconociera el asesinato de su padre como un crimen de lesa humanidad

En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, María Fernanda Viola celebró que el Gobierno Nacional haya reconocido “hidalgamente” que el atentado sufrido por su padre, el capitán Humberto Antonio Viola y su hermana, María Cristina, representa un crimen de lesa humanidad. El hecho fue cometido en la provincia de Tucumán 1° de diciembre de 1974, por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En un acuerdo de solución amistosa, celebrado en la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, el Gobierno de Milei decidió cambiar la posición que el Estado argentino había mantenido hasta aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al pedido de la familia Viola. Este cambio modifica la postura que había adoptado el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, que no reconocía aquel hecho en esa categoría. Milei adoptó la visión contraria.

“El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, insistió María Fernanda en la misiva a la que accedió Infobae.

Más adelante, cuestiona la actuación del gobierno del Frente de Todos. “Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado (el gobierno actual) que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso”.

“Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”, añade.

Finalmente, destaca que “homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.

El 1 de diciembre de 1974, en San Miguel de Tucumán, el capitán del Ejército Humberto Antonio Viola fue asesinado junto a su hija María Cristina, de tres años, en un atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El ataque ocurrió cuando la familia llegaba a la casa de los padres de Viola para almorzar. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y su otra hija, María Fernanda, de cinco años, también fueron víctimas del ataque; María Fernanda resultó gravemente herida con un disparo en la cabeza.

Tras el atentado, el ERP reconoció la muerte de la niña como “un exceso injustificable”. Los responsables fueron capturados y condenados a reclusión perpetua en 1976; sin embargo, para fines de la década de 1980, todos habían sido liberados bajo libertad condicional.

Han pasado cincuenta años desde aquel primero de diciembre de l974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista.

Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones.

Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública.

Durante los mismos hemos sufrido mucho al ver como los distintos poderes del estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.

Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia,y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes.(ver: capítulo sexto sentencia Cámara Federal, situación preexistente al 24.3.76

Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y, lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla.

Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en “Testamento de los años 70”, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución.

Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre no bajó nunca sus brazos. Una y otra vez sostuvo que para el dolor no hay ideologías: “Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las victimas de la subversión somos discriminadas”-.dijo, al hablar en la Plaza San Martín.

No dándose jamás por vencida denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación, por el Estado Argentino, de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art 3 común de las Convenciones de Ginebra de l949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.

Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16”María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras”, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada, que – destaco- la Corte Suprema aplicara en la causa “Arrillaga”, el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad.

Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso.

Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.

Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados.