Tras el desastre provocado por los incendios en El Bolsón, el Gobierno declaró la Emergencia Agropecuaria en la zona

A pocos días de cumplirse un mes de los primeros focos ígneos registrados en El Bolsón, que ya lleva consumidos más de 3000 hectáreas, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Agropecuaria en la zona. La decisión busca asistir a los productores afectados por los incendios y facilitar la recuperación de la actividad productiva.

Las pérdidas afectaron a 21 productores hortícolas, 23 frutícolas, 9 apicultores, 17 ganaderos y 15 avicultores, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Esta medida responde a los pedidos que el gobernador provincial, Alberto Weretilneck, había solicitado al organismo tras la publicación del Decreto 75/2025. En el mencionado texto, el Ejecutivo establecía “el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda en cada caso, por causa de incendio, en lo que refiere a la actividad productiva, a partir del 01 de Febrero de 2.025 y por el término de un (1) año, en el departamento de Bariloche de la Provincia de Río Negro, de acuerdo a las consideraciones efectuadas”.

La Provincia informó que esta declaración permitirá implementar mecanismos de ayuda económica, condonaciones impositivas y financiamiento para quienes sufrieron daños en sus tierras y producciones, según consignó el portal Gobierno de Río Negro. Esto significa que los trabajadores rurales afectados quedarán eximidos del pago del Impuesto Inmobiliario, tanto para inmuebles rurales como subrurales, y del Impuesto Automotor. Estos beneficios serán totales o parciales dependiendo del nivel de afectación de cada productor.

Durante un encuentro convocado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ante la Comisión Nacional, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, presentó un informe técnico en el que detallaba el impacto en la región. “El fuego arrasó 3.825 hectáreas, afectando a más de 150 productores ganaderos, forestales y frutícolas”, señalaba el funcionario a través de sus redes.

Según detalló en la publicación, a partir de esta declaración, desde la Provincia procedieron a acciones concretas tales como la “asistencia directa y entrega de forraje para los productores afectados, más de $1.800 millones en financiamiento para la recuperación productiva, y la coordinación con SPLIF, Bomberos, Defensa Civil y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para contener la emergencia y mitigar los daños”.

Por su parte, el organismo reveló que se destruyeron 2.069 hectáreas de bosque nativo, 166 de plantaciones forestales y 250 de chacras agropecuarias, además de viviendas, sistemas de riego e infraestructura productiva. A su vez, se advirtió la pérdida de 151 hectáreas de humedales y la destrucción del 25% de la producción de frambuesa de la región, lo que agrava el impacto económico y ambiental, de acuerdo con datos difundidos por Patagonia Noticias. El último reporte sobre la zona indicaba que las autoridades mantenían la guardia de cenizas en cuatro de los seis puntos afectados por las llamas en El Bolsón. Se trata de una fase crítica que tiene como objetivo evitar que el fuego se reactive y que requiere de la vigilancia constante sobre los restos del incendio.

El lunes pasado la actividad de las llamas disminuyó en la zona de interfase, lo que dio lugar a concentrar los trabajos en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE). Además, en estos días se registró un descenso de la temperatura que contribuyó a las tareas.

El gobernador Weretilneck viajará en los próximos días a Buenos Aires para gestionar más recursos ante la Nación y coordinar nuevas medidas de asistencia. Según adelantó, su prioridad es asegurar la llegada de fondos y herramientas que permitan reconstruir las áreas devastadas y garantizar la continuidad de la producción agropecuaria en El Bolsón y zonas aledañas. Entretanto, las autoridades provinciales y nacionales continúan trabajando en la implementación de soluciones urgentes para mitigar los efectos de la catástrofe, en un escenario donde las pérdidas económicas y ambientales siguen en evaluación.