Kicillof sostiene a D’Onofrio mientras avanza la investigación por las fotomultas y VTV

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no removerá por el momento al ministro de Transporte, Jorge D’Onforio. El funcionario quedó envuelto en un esquema bajo sospecha que involucra supuestas coimas relacionadas con el sistema de fotomultas -para dar de baja infracciones por fuera del sistema oficial- y presuntas irregularidades con licitaciones referidas Verificación Técnica Vehicular (VTV), todas bajo el paraguas el ministerio que conduce.

En Transporte se encargaron de remarcar que no hay imputación sobre el ministro. Ante la consulta de Infobae, en la Gobernación ratificaron que el funcionario no está imputado y que seguirá en el cargo.

Lo cierto es que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sí dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según la resolución firmada por Charvay, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil se extiende no solo al ministro sino también a otros implicados, entre ellos Claudia Pombo, concejala de Pilar y ex presidenta del Concejo Deliberante del distrito que conduce Federico Achával, y que fue desplazada de ese lugar semanas atrás tras el avance del caso. También fueron incluidos en la medida Agustina Cuadra (hija de Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia y funcionaria del ministerio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).

La causa, que inició en octubre con una denuncia presentada por el presidente de Secutrans, Leandro Camani, reveló una presunta red de gestores que ofrecían borrar multas de tránsito del sistema a cambio de comisiones de entre el 30% y 50% del monto original. Esta práctica, junto con contrataciones irregulares en concesionarias de la VTV, habría causado pérdidas económicas significativas para Secutrans, estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales, ya que la empresa es proveedora del sistema en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires.

La disposición de Charvay ordena al Banco Central de la República Argentina (BCRA) recopilar información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros activos de los investigados en pesos y moneda extranjera desde el 29 de diciembre de 2021. Asimismo, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) verificar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y antecedentes de los implicados, además de coordinar con organismos internacionales mediante el Grupo Egmont. Además, se pidió a plataformas de criptomonedas identificar posibles movimientos financieros vinculados.

En paralelo, en La Plata, el fiscal Álvaro Garganta investiga un esquema similar relacionado con gestores que eliminaban multas a cambio de porcentajes del monto adeudado, lo que también impactó en las recaudaciones de Secutrans. En esta trama, el juez de faltas, Mario Quattrochi es señalado por supuestamente anular las infracciones, agravando las pérdidas económicas de la empresa.

Desde el entorno del Ministro explicaron que “no existe ninguna imputación, ni procesamiento, menos una imposibilidad de salir del país”. Agregaron que el denunciante hizo el pedido y fue rechazado. “Lo que circula es totalmente falso”, advierten cerca de D’Onforio.

“Esperamos que la Justicia produzca la prueba con la mayor celeridad posible para que quede bien claro que en la Provincia es imposible borrar multas”, deslizó D’Onofrio.

Políticamente, el funcionario cuenta con el respaldo del gobernador. El lunes, D’Onforio, participó junto a buena parte de su Gabinete del acto que Kicillof encabezó en San Martín a propósito del primer año de gestión de Javier Milei y donde cargó fuertemente contra el gobierno nacional.

Asimismo, también participó de una nutrida agenda que el gobernador llevó adelante en Carmen de Patagones el pasado 29 de noviembre. Allí, D’Onofrio y Kicillof pusieron en funcionamiento un minibús para facilitar el traslado de los vecinos y vecinas de Bahía San Blas.

Cuando se inició la denuncia, el ministro apuntado participó de las habituales conferencias de prensa que lleva adelante el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Allí, el ministro de Transporte, fue consultado por el proceso que estaba empezando. “Nos hemos constituidos como particular damnificado, estamos convencidos de que con la información que le hemos brindado a la Justicia se va a dejar absolutamente claro que no hay ninguna maniobra por parte de funcionarios ni de juzgados provinciales. Probablemente, haya un trabajo desleal por parte de intermediarios y gestores. La Justicia determinará si es estafa o si es abuso de confianza”, contestaba.

La oposición buscó poner el tema en agenda. El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica le pidió a Kicillof la remoción del funcionario. “Mientras avanza la investigación y nuevas evidencias salen a la luz, la permanencia del Sr. D´Onofrio en su cargo es lisa y llanamente inaceptable. No se trata de trascendidos periodísticos, sino de investigaciones judiciales avanzadas que dan cuenta de un entramado de corrupción a gran escala. Es por ello que resulta imperativo que el Sr. Ministro deje su cargo y quede a disposición de la justicia, cesando de inmediato sus funciones por las que se habría valido para amasar una fortuna injustificable”, solicitaron vía carta.

También lo hizo el diputado por La Libertad Avanza, Guillermo Castello, que había presentado un proyecto de ley para terminar con la VTV. Sostuvo que los sistemas de multas de tránsito y de Verificación Técnica Vehicular “son solo peajes que sirven para enriquecer a funcionarios” y enfatizó la necesidad de eliminarlos “ya mismo”.

“Para terminar con la corrupción endémica hay que desmantelar el Estado, empezando por los llamados mecanismos de ‘control y regulación’”. En las últimas horas, D’Onofrio fue ratificado.