Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, anunció hoy la construcción de un centro reclusorio “para internos de alto perfil”, que tendrá 1152 plazas para detenidos varones y mujeres, y que se licitará en el plazo de un mes y medio. “Luego de cuatro años sin obra pública carcelaria, necesitamos ponernos al día”, destacó la funcionaria. Además, y en el marco de la preocupación nacional por las amenazas narcos, adelantó que se trata de la primera de cinco cárceles de este tipo que habrá en toda la provincia.
En diciembre del 2023, el gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, había ordenado la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narco y sicarios, con el objetivo de que haya un mejor control. Estas medidas se encuadraron como parte de las reformas en materia de seguridad pública y control penitenciario para disminuir la comisión de delitos desde las prisiones, un fenómeno creciente en Rosario.
“El objetivo es que desde los penales no se cometan delitos; esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, va a hablar con sus familiares y abogados a través de un blíndex y va a estar monitoreado las 24 horas”, había declarado el primer mandatario santafesino.
Además, desde agosto de este año, los presos calificados como de “peligrosidad alta” comenzaron a utilizar uniformes de color naranja, una normativa que se está incluida en la nueva ley de Ejecución de la Pena, y que emuló la simbología utilizada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los argumentos sostenidos por el oficialismo santafesino fueron el facilitar la identificación, el control y la visibilización de los internos “más peligrosos”.
La legislación aprobada en diciembre por ambas cámaras provinciales incluyó, en su artículo 24, un código de vestimenta que requiere, en ciertos casos, el uso de ropa específica. La normativa establece que “la reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”.
Las amenazas contra Pullaro y Bullrich
Por otro lado, Masneri se refirió al video publicado por narcoterroristas: “Nunca amenaza es para despreciar y desoír. Sí, entendemos es que es básicamente un intento de represalia en razón del fijo y eficiente plan de seguridad que se está desarrollando en Santa Fe, realizado tanto por el gobierno provincial como nacional”.
“El plan empezó a implementarse hace casi un año y no solo se recategorizó a los internos de alto perfil, se los reubicó, se determinó que las visitas sean a través de blíndex durante media hora, que estén controlados los números de teléfono a los que llaman y se centralizó el grupo de requisas. Todas estas medidas se sostuvieron y generaron reacciones, estamos seguros de lo que estamos haciendo”, agregó Masneri.
Sobre el caso, informó en Radio La Red que rige “un silencio para favorecer” la investigación judicial, que está a cargo de la justicia federal; y que luego deberá ser probada y validada frente a un juez. Y determinó: “No es la primera amenaza, pero sí una de las más vistosas y que se expande de otra manera. Entendemos que todas las alarmas están encendidas, tanto las que tienen que ver con el control de calles y cárceles y aquellas que nos hacen dar cuenta de cualquier información que pueda ser válida para la investigación y remitirla lo antes posible”.
Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no descartó que los narcoterroristas esté ligada “a bandas muy fuertes de la Provincia de Buenos Aires”, mientras que desde el gobierno de Santa Fe anunciaron la elevación del nivel de alerta y el refuerzo de la seguridad sobre el Poder Judicial de Rosario.
Según informaron fuentes del caso a Infobae, el vídeo será analizado por expertos de la Dirección General de Policía Científica de la PFA, en una investigación a cargo de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la misma fuerza. La causa para dar con el origen del material está en manos de la jueza federal, María Servini.
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