
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este martes la “restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios” en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de familiares.
El gobernador Pullaro, en ese contexto, expresó que “los jefes narcos y sicarios van a volver a pabellones de alto perfil” y que eso “va a permitir tener un mayor control de estos reclusos”.
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“El objetivo es que desde los penales no se cometan delitos; esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, va a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y va a estar monitoreado las 24 horas”, indicó el primer mandatario santafesino.
El gobernador anunció esas medidas como parte de las reformas en materia de seguridad pública y control penitenciario con el objetivo de disminuir la comisión de delitos desde las prisiones, un fenómeno creciente en Rosario.
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De acuerdo a las investigaciones judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se repiten los delitos como extorsiones, pero también instigación de asesinatos ordenados desde las unidades penitenciarias de la provincia, especialmente desde la cárcel en Piñero.
“Vamos a volver a instalar los inhibidores (de señal telefónica móvil) que están, y no los vamos a bajar más. Y vamos a suspender el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias porque no se puede requisar la entrada de alimentos de todos los presos”, afirmó Pullaro en relación a una modalidad de ingreso de teléfonos celulares u otros elementos prohibidos a las cárceles provinciales.
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Según fuentes penitenciarias del gobierno saliente consultadas por la agencia de noticias Télam, los pabellones de los presos calificados de “alto perfil” nunca dejaron de funcionar, sino que se ampliaron por el creciente número de detenidos con esa categoría. “De 250 presos de alto perfil pasaron a 500, con lo cual hubo que habilitar un módulo entero del pabellón B” de la cárcel de Piñero”, sostuvo la fuente consultada.
El Gobernador, por su parte, insistió en la idea de discutir con el Poder Judicial –a cargo del cumplimiento de la ejecución de las penas de los condenados o procesados- el objetivo de que el Servicio Penitenciario “no tenga que estar requisando el ingreso de alimentos”.
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“Vamos a retomar la idea de darles a los reclusos las cuatro comidas por día, como se hacía en la época en la que fui ministro de Seguridad (2015-2019), para evitar que tengan que recibir comida desde afuera”, precisó en declaraciones que difundió la Gobernación santafesina.
Policías sin vacaciones

En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció este martes la suspensión por 90 días de todas las licencias policiales para sumar “efectivos a la calle”, medida que se añade al bloque de tareas administrativas del personal por el mismo plazo.
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El funcionario trazó un diagnóstico de escasez de personal y patrulleros en las dos principales ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, y afirmó: “Esto nos lleva a tomar medidas que son extremas, pero que en la coyuntura son indispensables”.
“Lo primero que hemos dispuesto es un bloqueo administrativo por el lapso de 90 días. Esto implica la clausura de todas las oficinas administrativas policiales que no sean funcionales a esto y sacar todos los efectivos policiales a la calle”, dijo Cococcioni sobre la medida anunciada.
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“Los vehículos tienen que estar en condiciones para que el policía haga su trabajo y desde el lunes nuestros equipos estuvieron en la Unidad Regional II (Rosario) y Unidad Regional I (Santa Fe) y así lo vamos a hacer en toda la provincia para reconstruir una flota que hoy por hoy está diezmada”, explicó.
Cococcioni dijo que en Rosario hay 20 patrulleros activos cuando debería haber “200″, y justificó las medidas adoptadas en el objetivo de sacar policías a la calle “hasta con el último soldado y el último patrullero disponible, y el que no tiene patrullero saldrá a caballo”.
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