Veto presidencial, Presupuesto y DNU: la realidad del Congreso marca límites a la estrategia defensiva del oficialismo

El Gobierno expone en Diputados sus necesidades como minoría legislativa y, también, los límites de lo que algunos definen como una estrategia de blindaje a las decisiones presidenciales. Este miércoles, en medio de interminables negociaciones y recuento de votos, el oficialismo enfrenta en el recinto la segunda prueba para una medida extrema como el veto, esta vez a la ley de financiamiento universitario. El repliegue defensivo, acompañado generalmente por la descalificación al resto de los espacios políticos, entra en crisis frente a otras necesidades: casi a la par, está dando los primeros pasos con el Presupuesto 2025, que requerirá un sólido consenso para asegurarse la aprobación en las dos cámaras del Congreso.

No es lo único. El ejercicio del oficialismo, reflejo a veces confuso de su idea de poder, se ve complicado también cuando el círculo de Olivos avanza con otro instrumento de juego propio, pero que a la vez demanda capacidad de defensa en el terreno legislativo. Se trata de la tendencia al uso del DNU, que anotó como advertencia un rechazo significativo en el caso de los fondos para la SIDE. A la heterogeneidad y amplitud de las votaciones en contra, agregó una nota especial: fue la primera experiencia de este tipo a pesar del reaseguro motorizado por CFK en tiempos de poder kirchnerista. No sería un tema para dar vuelta la página.

La cuestión de fondo no es la necesidad coyuntural de refugiarse en el bloque propio y en los aliados para resistir alguna confluencia del conglomerado opositor -cuando coinciden desde el kirchnerismo hasta “dialoguistas”-, sino la visión más conceptual. El veto sería la consecuencia, no el origen del problema. Por momentos, ese tipo de cerrazón resulta empujada como parte de la “narrativa” presidencial. Y no registraría que la escalada contra la “casta” o su versión de “degenerados” fiscales pierde eficacia en algunos temas sensibles y por repetición en cualquier escenario.

En rigor, el recurso del veto y la inclinación a los DNU son parte de un tipo de gobierno nada novedoso, pero que demanda un piso de legisladores que el oficialismo está lejos de asegurar automáticamente y que, aún con alianzas, representa una tarea difícil para los tejedores del Gobierno, Guillermo Francos y, cada vez con menos reserva, Santiago Caputo, fuera de las extensiones de Karina Milei. El peronismo/kirchnerismo, que se destacó en cifras de decretos, siempre tuvo peso decisivo en el Senado y fuerza propia, no siempre suficiente, en Diputados.

El respaldo al veto que frenó la reforma de la movilidad jubilatoria exigió al límite los recursos negociadores de Olivos. Armó una mesa con el PRO y aliados de menor pero necesario número, logró una fisura en el radicalismo, reforzó contactos con gobernadores y sumó algunos provinciales. El mismo ejercicio fue realizado para sostener el veto a la ley de financiamiento universitario, a la espera de la prueba en el recinto. Pero el contexto es otro, por el desgaste de la repetición -un desafío también para opositores, si la intención es forzar este tipo de situación con cálculo de costos sólo ajenos- y por el mensaje del principal acompañante en esta movida, el PRO.

El respaldo al veto fue acompañado por un mensaje significativo. El PRO tomó la decisión luego de otras señales a Olivos enviadas de forma directa por Mauricio Macri. El cuestionamiento apuntó, como ya venía haciendo el ex presidente, a lo que define como un déficit visible de gestión. La traducción más llana que partió desde esas filas fue la siguiente: no se puede seguir pagando costos por medidas que nunca son consensuadas y que exponen mala práctica. Esta vez, la administración de la prórroga presupuestaria, poca muñeca para negociar con los gremios universitarios y falta de decisiones efectivas para auditar los fondos girados a las universidades públicas, en particular a la UBA.

Resulta claro, a la vez, que la disputa legislativa va a ser una pieza destacada de la carrera electoral que ya empieza a ser visible. Y en ese contexto, la alternativa de quedar reducido a movimientos defensivos -aun en caso de ser relativamente exitosos- asoma como un problema serio para el Gobierno. Precisamente, el Presupuesto 2025 es un punto central, más allá de los trascendidos que se hacen circular en tono de advertencia sobre la discrecionalidad que permitiría otra prórroga del Presupuesto si naufraga la ley. Eso podría ser judicializado y, como añadido, el fracaso del proyecto del Ejecutivo constituiría una mala señal política, incluso hacia el frente externo.

Por lo pronto, el tratamiento del Presupuesto 2025 arrancó esta semana, en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la presentación de los representantes de Economía. No será un trámite sencillo, ni breve. La hipótesis es llevarlo al recinto de Diputados a fines de noviembre y tratarlo de inmediato en el Senado. Requiere un enorme trabajo previo, dentro y fuera del circuito legislativo con aliados, bloques dialoguistas y jefes provinciales.

La intención del Gobierno, razonable, es llegar a un entendimiento sólido y cerrado, es decir, que salga de Diputados con guiño claro para garantizar la sanción sin modificaciones en el Senado. En definitiva, se trataría de evitar el agotador trámite de la Ley Bases o el trámite de la Boleta Única de Papel. Claro que eso mismo demanda salir de la estrategia cerrada en torno de los vetos, con la sobrecarga del discurso descalificador.

La realidad del Congreso expone así de dos maneras diferentes los límites de la cerrazón política. Por un lado, la necesidad oficialista de tejer mayorías para avanzar con sus proyectos y, por el otro, algunas derrotas en las dos cámaras. En ese segundo rubro, se destaca el rechazo al DNU de los fondos otorgados a la SIDE. Primero, el 21 agosto, fue Diputados. Y después, el 13 de septiembre, el Senado. Un antecedente con eco en otras reacciones, como la que provocó el DNU sobre la renegociación de títulos de la deuda.

Son todos trazos salientes de un cuadro que exhibe fragmentación, internas, intereses de los gobernadores y, de manera cada vez más visible, cálculo electoral. Demasiado para estrategias rígidas.