Los gobernadores patagónicos se reunieron para definir su postura sobre la privatización de las empresas públicas

El eje central del encuentro que protagonizaron cinco gobernadores patagónicos fue la custodia de los recursos naturales y plantarse frente a algunos de los cambios que propone la ley ómnibus en materia energética, aunque también confrontaron con el perfil privatizador de empresas públicas que propone el presidente Javier Milei.

Sin aportar ejemplos, el documento final que elaboraron los gobernantes sureños menciona que hay empresas provinciales que funcionan de manera eficiente y su objetivo es fortalecerlas, rechazando el decreto de desregulación económica que avanza hacia la privatización de empresas públicas. Para los mandatarios provinciales, la ley ómnibus que elevó el Ejecutivo “se apresura en querer modificar, sin distinción, la forma de comprender una empresa estatal”.

La postura surgió luego del primer cónclave de la liga de gobernadores de la Patagonia, en la que Rolando Figueroa (Neuquén) fue el anfitrión de Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El documento final que acordaron en el primer encuentro, que tendrá un segundo capítulo en Puerto Madryn dentro de 90 días, establece cuatro ejes en los que plantean su postura ante las medidas de cambio establecidas por Milei.

Además de imponer su visión sobre la política energética y convocar a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) para el miércoles próximo para que las decisiones en el rubro se adopten en el marco de esa entidad, exigieron al gobierno central poner fin a la asimetría que existe en materia de distribución de recursos.

En ese sentido, mencionaron la inequidad que existe en el transporte urbano, rubro en el que el Gobierno Nacional favorece a las empresas de Capital Federal en el aporte de fondos, en detrimento de las compañías que ofrecen idéntico servicio en el interior del país.

Saben que sus planteos repercuten a escala nacional, tal como ocurrió con la ley que regula la actividad pesquera, en la que luego de oponerse a los cambios propuestos en la ley ómnibus, lograron cambios en el proyecto. Por ese motivo decidieron engrosar el listado de objeciones y hacerlos públicos. “Tenemos la misma expectativa que con la ley de pesca, confiamos en que nos van a escuchar”, aseguraron.

Además, reclamaron al Estado Nacional mayor presencia en las provincias patagónicas para la ejecución de obras públicas, donde “la escasa densidad poblacional hace que muchas obras no sean rentables desde lo económico para el sector privado. Es ahí donde el Estado debe estar presente, desde nuestra concepción”.

Federalismo fiscal

En el marco de los planteos que plasmaron los gobernadores en el documento final, solicitaron a la Casa Rosada revisar la Ley de Coparticipación Federal de impuestos y pidieron los fondos destinados a la administración de la recaudación de impuestos, tasas y derechos, donde AFIP – que actúa como ente recaudador – detrae el 2 por ciento de la recaudación total, valor que resulta significativamente superior al importe que reciben las provincias.

También plantearon incorporar a la masa coparticipable los impuestos al débito y crédito bancario, que fue creado en 2001 de manera transitoria, aunque aún tiene vigencia y “no existen fundamentos teóricos ni legales que justifiquen excluirlo de la coparticipación”.

Además, expresaron su rechazo a la reversión del Impuesto a las Ganancias debido “al impacto que tiene ese dinero en las provincias y la distribución del mismo en la comunidad es mayor a lo que perciben por coparticipación nuestras arcas provinciales”.

En ese sentido, el gobernador neuquino aseguró que la distribución que tienen las provincias por ese tributo “no es justa”. Aseguró que la provincia petrolera, durante el último período aportó el 4 por ciento del PBI en concepto de impuesto a las ganancias, aunque la retribución fue inferior al 50 por ciento.