Crece la presión política sobre Kicillof por la inseguridad en PBA y la suspensión del Régimen Penal Juvenil

La sucesión de hechos de inseguridad en el conurbano, el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil sumaron presión política sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que este viernes sumó un nuevo capítulo. La oposición elevó el tono de sus cuestionamientos contra la gestión provincial y La Libertad Avanza (LLA) presentó en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sea interpelado.

El proyecto apunta a que el funcionario detalle el despliegue policial, las estrategias de prevención y los recursos destinados a combatir el delito en la provincia de Buenos Aires. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de datos públicos sobre la política de seguridad. “El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos: no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje ni siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, afirmó.

El diputado nacional también apuntó contra lo que definió como una visión “garantista” de la seguridad y vinculó ese enfoque con los robos violentos y homicidios que se registraron en distintos distritos del conurbano. “Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”, agregó. El jefe del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, sostuvo que los vecinos necesitan respuestas y no discursos. En el mismo sentido, el titular de la bancada de LLA en Diputados, Juanes Osaba, reclamó que Kicillof asuma un rol más activo frente a la situación que atraviesan los bonaerenses.

El crimen de José C. Paz derivó en un reclamo desde un municipio peronista

La presión sobre el Gobierno bonaerense se profundizó tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue atacado durante el robo de su moto en José C. Paz. El joven volvía de un gimnasio el lunes por la noche cuando dos delincuentes lo interceptaron en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Según reconstruyeron los investigadores, los atacantes le dispararon por la espalda, le quitaron el vehículo y escaparon. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, pero murió por las heridas. Los sospechosos continuaban prófugos y la investigación analizaba imágenes aportadas por vecinos para reconstruir la fuga.

La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, criticó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen del joven de 23 años. En medio de la conmoción por el homicidio, amigos y vecinos de Ojeda Vázquez marcharon por el centro de José C. Paz y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con la imagen de la víctima.

Fue entonces cuando la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que exigió a Kicillof que refuerce la seguridad en el distrito y en el resto del territorio bonaerense. El documento fue firmado por Espina, y por el director general de Seguridad local, Miguel Narváez. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, expresó el municipio. El texto reclamó “acciones inmediatas” y sostuvo que el Gobierno provincial debe asumir la “total y completa responsabilidad” por la seguridad de los vecinos.

El planteo tuvo peso político porque provino de un distrito alineado con el peronismo y conducido políticamente por el intendente en uso de licencia Mario Ishii, quien actualmente ocupa una banca como senador provincial y desde ese lugar también confronta con el Ejecutivo y con la vicegobernadora, Verónica Magario. Ishii, además, es vicepresidente de la Cámara Alta. Esto quiere decir que cuando Magario no está a cargo del Senado, quien tiene facultad para convocar a sesionar es el paceño.

En el comunicado emitido días atrás, la comuna también defendió los recursos propios destinados a prevención. Señaló que cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además de cámaras de monitoreo en el Centro de Operaciones Municipal. Aseguró, además, que aporta combustible y reparaciones para sostener el funcionamiento de patrulleros de la Policía Bonaerense.

Cuestionamientos a Alonso por la gira de Kicillof a Misiones

Además del pedido de interpelación presentado por LLA, el senador provincial de Hechos, Marcelo Leguizamón, sumó otro cuestionamiento al ministro de Seguridad. El legislador criticó que Alonso formara parte de la comitiva que acompañó a Kicillof durante una gira por Misiones, en medio de los reclamos por la inseguridad bonaerense. “¿De verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?”, expresó Leguizamón en redes sociales. El senador sostuvo que la Provincia requiere “presencia, gestión y respuestas concretas” de su ministro de Seguridad. También recordó que, según su planteo, el funcionario aún no concurrió al Senado provincial para responder preguntas sobre la política de seguridad. “Su responsabilidad está acá, ministro. En la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, afirmó.

En medio de los cuestionamientos, el Ejecutivo desplegó una agenda enfocada en la prevención del delito y en la inversión en seguridad. Primero, Kicillof y Alonso encabezaron esta semana el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en Berazategui.

El gobernador afirmó que su administración invierte en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de los agentes. A fin de año, los cadetes que completen su formación se incorporarán a una fuerza que, según datos oficiales, supera los 90 mil efectivos.

Luego, el jueves, Kicillof también inauguró junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, el edificio de la subcomisaría Cuatro Bocas, en Tristán Suárez. Allí aseguró que la nueva dependencia permitirá ampliar la presencia policial y los dispositivos de prevención. Alonso señaló que ya se inauguraron más de 18 destacamentos para reforzar la seguridad en los barrios.

“Esta nueva subcomisaría garantiza la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio: junto al municipio, estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos han dejado solos, pero la Provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, replicó Kicillof desde Ezeiza.

En medio de todo, la suspensión por 60 días de la ley de responsabilidad penal juvenil

La discusión por la seguridad sumó tensión a partir de la decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La magistrada fundamentó su resolución en la falta de dispositivos, recursos profesionales e infraestructura para aplicar el nuevo sistema. Pascual afirmó que respalda la baja de la edad de imputabilidad, aunque sostuvo que no estaban dadas las condiciones para implementar la ley en el territorio bonaerense. La norma redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y entró en vigencia el 5 de septiembre.

Dos días después, la decisión judicial frenó su aplicación en la Provincia, lo cual derivó en cuestionamientos de referentes opositores contra la jueza y contra el Gobierno de Kicillof. Hasta ahora, se presentaron tres pedidos de jury contra Pascual. Uno fue impulsado por el diputado de Hechos Manuel Passaglia; otro, por el senador provincial del PRO Guillermo Montenegro; y el tercero, por el exjuez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza Alfredo Drochi.