El Gobierno explora alternativas para sostener la reforma electoral tras el rechazo opositor: los puntos en disputa

En el Gobierno conviven dos miradas sobre la importancia de la reforma política en la Ley Ómnibus. Muy cerca de Javier Milei algunos funcionarios aseguran que no es prioritaria en comparación con las medidas económicas, sean financieras, tributarias, o laborales, si se incluye en la discusión el DNU desregulatorio. Pero en el mismo círculo orbitan funcionarios que, al contrario, creen que es vital para dar una señal a la población y a la “casta” de que están decididos a cambiar a fondo las estructuras, inclusive en los terrenos supuestamente menos apremiantes.

“Si hay una propuesta superadora estamos dispuestos a discutirla”, dijeron en el ministerio del Interior que conduce el dialoguista Guillermo Francos, abanderado de esa reforma, aunque fue ideada en su mayor parte, desde épocas de la campaña, por el reservado asesor presidencial Santiago Caputo, que antes de dedicarse a la consultoría estudió Ciencia Política. En la Casa de Gobierno defienden los sistemas anglosajones porque “ordenan la oferta”, y niegan el posible perjuicio de la representatividad de los partidos chicos y, por ende, como pregonan los analistas críticos, del buen funcionamiento del sistema democrático.

Francos fue ayer personalmente a la segunda jornada del plenario de comisiones en el Congreso para defender la reforma, y dispuesto a escuchar en público los reparos que ya le habían hecho llegar en privado desde las otras fuerzas. En general, resumen en Casa Rosada, hay acuerdo con la eliminación de las PASO por motivos presupuestarios y políticos; con la implementación de la boleta única, (que se trata por fuera, a través de un proyecto que ya tiene media sanción en Diputados ); y podría haber cierto aval al sistema de circunscripciones uninominales.

Pero se impone una fuerte resistencia a la eliminación del mínimo de cinco diputados por provincia que dicta el actual Código Electoral, que busca disminuir el caudal de diputados en desmedro de las provincias con menor densidad habitacional. Inclusive los más cercanos, que provienen de distritos chicos, pusieron el grito en el cielo apenas conocieron la iniciativa, con el argumento de que daña el espíritu federal de la Constitución.

En el PRO, aunque coinciden con la mayor parte de las propuestas del conjunto de la iniciativa legislativa, sobre todo las de índole económica, condicionan su respaldo a la aplicación de eventuales modificaciones para hacerse respetar tras -lo que consideraron- una serie de desaires de la Casa Rosada. Por ejemplo, la falta de convocatoria de parte del Ejecutivo a los líderes parlamentarios -principalmente el presidente del bloque, Cristian Ritondo- y la anterior negativa a darles puestos de peso a los dirigentes amarillos -con excepción de Patricia Bullrich, que tiene juego propio-. “Estamos esperando, queremos ayudar, pero no nos llaman”, braman en la tropa de Mauricio Macri, donde tienen un diálogo abierto con el presidente de la Cámara, Martín Menem, pero esperan un gesto desde el Ejecutivo.

En el Gobierno apenas se esmeran en explicar por qué no los convocan. Están convencidos de que los aliados de esa bancada, lisa y llanamente, “están adentro”, y no tienen demasiados pruritos en admitir que no necesitan negociar con esa bancada, donde la mayor parte responde directamente a la ministra de Seguridad. Ayer, por caso, durante la visita informativa de la funcionaria para la inquisición sobre los límites a la protesta tomó la palabra Damián Arabia, uno de sus alfiles más fieles, ex funcionario de la cartera que conducía Bullrich durante el macrismo, que asumió por primera vez en diciembre una banca.

Con todo, en Interior deslizaron a este medio que no están cerrados a una salida diplomática. Por ahora, exploran posibilidades y se abren a negociar, aunque en público aclaren que no se trata de un sistema de “toma y daca” sino de una posible “aceptación de sugerencias”, en palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni. Una opción distinta al planteo “a todo o nada” que pregona el ala menos flexible del círculo del Presidente, sería aceptar un proyecto alternativo de la oposición (seguramente, previamente consensuado con los libertarios), donde se incluyeran los puntos que consideren más digeribles o con los cuales estén de acuerdo.

Es que uno de los principales argumentos de otras fuerzas es la falta de tiempo para analizar implicancias y medir daños y beneficios. La reforma es compleja, incluye varios puntos, y en el último tiempo aparecieron algunas sorpresas que pusieron alerta a la tropa amarilla, como la excelente recepción que tuvo en el bloque de Unión por la Patria el sistema de circunscripciones uninominales. En Gobierno defienden el apuro. “Dicen que no es urgente, lo pateamos, y después es 2025 y nos corren con que estamos en año electoral y no corresponde. Es ahora”, dijo un representante del grupo intransigente. No todo está dicho.