El bloque de diputados del PRO presentó un proyecto para que la Cámara baja declare “inválido y nulo” el proceso de juicio político que le abrió el kirchnerismo a los cuatro jueces de la Corte Suprema, por considerar que en esa ofensiva contra el máximo tribunal se “violaron las garantías constitucionales” y se cometieron “graves irregularidades”.
La iniciativa fue presentada por Damián Arabia y Sabrina Ajmechet, dos diputados que responden a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Pero, además, la norma contó con la firma del presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y de una veintena de legisladores de ese partido. “Se terminó la Argentina kirchnerista”, advirtieron los autores de la medida.
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El pedido de anulación del juicio político -que el kirchnerismo logró que se apruebe en comisión con los votos justos en la última sesión del año pasado- se conocen en un momento político clave. Es que la Corte Suprema ya anticipó que al regreso de la feria judicial va a tratar el DNU de desregulación de la economía que firmó Milei y que el gobernador de La Rioja, el kirchnerista Ricardo Quintela, trató de inconstitucional.
El proyecto de declaración se trata de un “guiño” o una señal política, porque recién podrá tratarse en las sesiones ordinarias, que se iniciarán a partir del 1° de marzo, cuando la suerte sobre el decreto de necesidad y urgencia ya estará echada. Lo cierto es que, de aprobarse, será el final del último intento del kirchnerismo de descabezar al Poder Judicial, con un juicio político que pretendió destituir a Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
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El proyecto de declaración consideró que “la totalidad del proceso de Juicio Político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados por orden del entonces presidente Alberto Fernández contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti estuvo teñido de reiteradas irregularidades”.
Los legisladores cuestionaron el proceso porque, estimaron, que el Frente de Todos estuvo “guiado por intereses meramente partidarios, no buscando otra cosa más que presionar a los magistrados, enjuiciándolos por el contenido de sus sentencias. desprestigiando así al Poder Judicial de la Nación en su totalidad”.
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En el proyecto se advirtió que “no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros. Por lo tanto, al ser este un Juicio Político en cuyo procedimiento se lesionaron garantías constitucionales, se faltó al reglamento de la Cámara de Diputados y, en reiteradas ocasiones, fueron detectadas serias irregularidades que han sido denunciadas, se declara invalido a la totalidad del procedimiento”, indicó el proyecto de declaración.
En la misma línea, en su cuenta de X (la ex Twitter), el diputado Arabia publicó el siguiente mensaje: “Se terminó la Argentina kirchnerista. Junto a Sabrina AJmechet, Cristian Ritondo y una veintena de diputados del PRO solicitamos declarar inválido y nulo la totalidad del proceso de Juicio Político impulsado contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia”.
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Un proceso polémico
En la última sesión de la Comisión de Juicio Político, el 28 de noviembre pasado, a sólo 12 días que empezara el nuevo gobierno y cambiara la composición de toda la Cámara de Diputados y también de ese cuerpo, el kirchnerismo impuso con 16 votos la aprobación del dictamen que acusó por supuesta mal desempeño a Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti.
Según informó el 28 de noviembre pasado, de las 14 causales investigadas para acusar a los jueces de la Corte, finalmente quedaron en pie solo cuatro: el fallo por la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y la presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.
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Después de casi un año de una embestida que ejecutó Alberto Fernández en sintonía con la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Comisión de Juicio Político aprobó un dictamen de mayoría que fue firmado por 16 diputados de Unión por la Patria: Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Itaí Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic.
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